Comité Communiste Internationaliste – Trotskyste (Francia)

Germinal, núcleo en defensa del marxismo

El 23 de enero de 2006, los obreros petroleros de la Patagonia argentina declararon la huelga general y ocuparon los accesos a los yacimientos de Repsol YPF y otras compañías petroleras. La asamblea había aprobado un pliego conjunto de los trabajadores de plantilla y los subcontratados cuyos dos puntos centrales eran la elevación del mínimo no imponible del “impuesto sobre las ganancias”, que reducía sustancialmente sus ingresos, y la equiparación de los salarios y condiciones de trabajo de los sucontratados con las de los obreros de plantilla de las grandes petroleras de la región (Repsol, Vintage, PanAmerican, etc.). Esta última reivindicación, concentrada en el grito de los huelguistas “Todos somos petroleros”, se enfrentaba claramente a la dirección del sindicato oficial de petroleros, que sólo permitía afiliarse a los trabajadores de plantilla y colaboraba con los patrones para que se aplicase a los demás el convenio de la construción, sin estabilidad y con salarios y condiciones laborales muy inferiores.

La reacción de Repsol y la cámara patronal petrolera fue rápida y efectiva: exigieron al gobierno de Kirchner que declarara la ilegalidad de la huelga, lo que hizo reforzando las instrucciones de acoso policial. Después de dos semanas de lucha, con la que se había solidarizado la mayor parte de la población trabajadora local, el 6 de febrero se produjo la detención de algunos delegados obreros, a quienes se trasladó a la comisaría de Las Heras, pequeña ciudad de apenas 7.000 habitantes en el centro de la región petrolera sur. Los petroleros de las plantas cercanas acudieron en manifestación, junto a cientos de otros trabajadores del pueblo, a la puerta de la comisaría, a exigir la libertad de sus representantes. La policía, armada hasta los dientes, respondió reprimiendo brutalmente, con granadas de gas lacrimógeno y balas de goma y plomo, lo que provocó numerosos heridos entre los trabajadores y pobladores, quienes se defendieron como pudieron y, al final, lograron liberar a sus delegados.

En medio de la lucha multitudinaria, un policía cayó muerto. La respuesta de las petroleras y el gobierno de Néstor Kirchner, con el apoyo total y descarado de la burocracia sindical, fue montar una represión calcada del accionar del terrorismo de estado de los años ‘70: persecución con perras y con armas de guerra casa por casa, golpes, incluso a mujeres, ancianos y niños; detenciones sin derecho a defensa, desaparición de personas, utilización de personal de inteligencia y parapoliciales, coches sin matrículas, patrullajes nocturnos en los barrios obreros con disparos intimidatorios, gran despliegue de tropas y violencia.... En una carta pública, madres y esposas de trabajadores petroleros denunciaban así la “manipulación de una investigación [sobre la muerte del policía] para acusar a quienes el único crimen que han cometido es ejercer su derecho de huelga para mejorar el nivel de vida de sus familias”:

“Tenemos miedo, vivimos en una ciudad militarizada, con cientos de gendarmes en nuestras calles, con personas extrañas que dicen ser de la Brigada de Investigaciones, que se trasladan en autos Volskwagen Polo grises con vidrios polarizados y sin patentes, que golpean nuestras puertas y pretenden llevarse a nuestros esposos e hijos, con el objetivo que confiesen crímenes que no cometieron” (El Diario, Paraná-Entre Ríos, Argentina, 14-2-2006).

Decenas de detenidos, palizas y torturas continuaron muchas semanas después de que el 10 de febrero Repsol-YPF y los representantes de los huelguistas alcanzaran un acuerdo que implicaba el pase al convenio petrolero de los subcontratados, el pago de la totalidad de los salarios caídos y la garantía de no aplicar sanciones a los huelguistas. Con respecto al impuesto a las ganancias, se acordó un 'impasse' con compromiso de 'estudio' por el gobierno.

Pero de resultas, patronal y gobierno se ensañaron particularmente con 6 de los detenidos, que aun siguen presos, acusados de "asesinato" y otros delitos, lejos de sus lugares de origen para desmoralizarlos aún más a ellos y a sus familias, en condiciones infrahumanas y sufriendo maltratos. Cabe aclarar que ni siquiera ha sido juzgados: están en "prisión preventiva", mientras los fiscales y la jueza buscan pruebas contra ellos. De acuerdo con la "justicia" patronal, pueden seguir así durante muchos años, ya que por ser acusados de "asesinato" y otros cargos graves, no tienen derecho a fianza. Sus familias son también hostigadas, y si ellos y sus esposas, hijos y hermanos se mantienen de pie es por la firmeza de su conciencia de clase, y por la solidaridad de algunos luchadores obreros que nunca los han abandonado, pese a que los dirigentes de los sindicatos oficiales se niegan a defender su causa y ni siquiera hablan de su existencia.

Los 6 compañeros de Las Heras son rehenes del Estado a nombre de la defensa de las multinacionales petroleras frente a los explotados. Las mismas petroleras que organizan sin descanso golpes de estado reaccionarios y las peores guerras contra los pueblos semicoloniales (Oriente próximo, Irak, Kurdistán, Irán, Sudán, Nigeria, Bolivia, Venezuela, y tantos otros...) para asegurarse el control oligopolista de las reservas energéticas mundiales. Pero no son los únicos presos. El gobierno de Cristina F. de Kirchner mantiene encarcelados también a muchos otros trabajadores por causas similares, como José Villalba (de una organización de desocupados que pedían trabajo digno y no limosnas) mientras tiene ya procesados con acusaciones graves, a 5.000 activistas obreros y populares. En realidad, su "delito" ha sido molestar los intereses de la patronal nacional y las empresas imperialistas, muchas de ellas españolas: protagonizar huelgas, manifestarse contra las políticas del gobierno, exigir mejores condiciones de trabajo y transporte, y repudiar el aumento brutal del costo de vida mientras se pierden poco a poco todos los derechos.

El gobierno de los Kirchner babea hablando de democracia, justicia y "Derechos Humanos", pero mientras tanto ordena a la policía atacar a bala a los huelguistas de la industria del pescado, a los funcionarios estatales o a los maestros (entre los que cayó muerto en 2007 Carlos Fuentealba). En compensación, mantiene "presos" en sus domicilios en barrios cerrados de lujo y estancias de millonarios, con todas la comodidades y gozando de la visita de sus acaudalados amigos y familiares, a un puñado los ya ancianos genocidas de la época de la dictadura militar, convictos o en proceso por decenas de miles de asesinados, desaparecidos y torturados. Sin contar que ha permitido y dejado impune la "desaparición", hace ya casi dos años, de un testigo clave para mandar esos genocidas a la cárcel, el albañil Julio López.

La 'justicia' que los 6 compañeros de Las Heras presos han recibido del gobierno del capital ya se ha visto en estos dos años de prisión incondicional. Sólo una gran campaña de clase que levante, contra el manto de silencio, la solidaridad nacional e internacional puede arrancar su liberación, como la de todos los obreros y luchadores sociales que pueblan las cárceles de Argentina.

Dirección de e-mail de los familiares de presos: familiaresenlucha@yahoo.com.ar

Direcciones y teléfonos de organismos oficiales a los que enviar cartas y faxes (enviar copia al e-mail de los familiares) 1) Casa de la Provincia de Santa Cruz 25 de Mayo 279 CP (1002ABE) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Telfax: 4343-8478 / 4342-7756 2) Gobernación de Santa Cruz Alcorta 231 CP (9400) - Río Gallegos – Santa Cruz - Argentina Conmutador (02966) 420421-422291-422757 mingobierno@santacruz.gov.ar Sitio oficial del gobierno de la Provincia de Santa Cruz: webmaster@santacruz.gov.ar Gobernador: Daniel Peralta: Tel. (02966) 420187 Fax (02966) 420139 e-mail: gobernador@santacruz.gov.ar Vicegobernador: Luis Hernán Martínez Crespo: Alcorta 431 – Río Gallegos Tel. (02966) 422922