El 17 de diciembre, el primer ministro ha reafirmado su "absoluta determinación" de implantar el proyecto Macron, sistema de pensiones por puntos que implicará una reducción general de las pensiones de los jubilados y el incremento de los años de trabajo para tener derecho a ellas. El 18 de diciembre, Macron ha hecho saber que "no abandonará el proyecto, no lo desnaturalizará tampoco, aunque está dispuesto a mejorarlo mediante el diálogo con los sindicatos y en el seno de las empresas clave como la SNCF [sociedad nacional de ferrocarriles] y la RATP [consorcio de transportes de París]"

Mientras anunciaba claramente su objetivo, el Primer ministro citaba a las organizaciones sindicales, primero por separado, el 18 de diciembre, después juntas, el 19 de diciembre. Todas las direcciones sindicales han aceptado y, con ello, han otorgado

al gobierno vía libre para maniobrar a su antojo. El gobierno, como Le Pen, llama a parar las huelgas de los transportes públicos durante "la tregua de Navidad". Y al tiempo abre mesas de negociaciones por sector, proponiendo cambios cosméticos con el fin de dividir a los trabajadores y romper la huelga.

Nada sorprendentemente, el gobierno ha recibido el apoyo apenas velado de las direcciones de la CFDT y de l'UNSA [centrales sindicales], que han llamado a suspender la huelga. Mientras tanto, los dirigentes de FO, CGT, SUD y FSU [centrales sindicales de peso mayor] se prestan a negociar la aplicación del proyecto Delevoye-Macron [pensionazo] en la RATP, en la SNCF y en la Educación pública.

Dicho de otro modo: los dirigentes sindicales aceptan el proyecto. No obstante, la huelga de los trabajadores de los ferrocarriles y transportes de París se mantiene con el objetivo bien claro: retirada pura y simple del proyecto. Pero el gobierno espera que quede aislada y se agote, porque los trabajadores de los transportes

públicos no pueden vencer solos. Durante las jornadas del 5, 10 y 17 de diciembre las manifestaciones y huelgas han sido masivas en todo el país. La Intersindical CGT-SUD-FO-FSU ha decretado para el 9 de enero "una nueva y potente jornada de huelga y de manifestaciones interprofesionales e intergeneracionales". Se han sumado a ella el PCF, LFI, LO, NPA, POI, UCL, POID…

Como siempre, no se convoca a la huelga general, se abandona de hecho a los huelguistas de los transportes públicos y se mantiene la política estéril de acciones simbólicas y de jornadas de acción. El gobierno no tiene nada que temer, sabe perfectamente que la sucesión de jornadas de acción jamás ha permitido a la clase obrera ganar en nada, ni ayer ni hoy, y que únicamente sirve de cobertura a la política de negociación de los ataques.

Dirigentes de los sindicatos ¡organizad inmediatamente una caja central y nacional de solidaridad financiera con los huelguistas!

¡Romped con el gobierno, dejad de negociar el proyecto!

El tiempo apremia. Solo la convocatoria de una huelga general hasta la retirada del proyecto puede unir en un solo bloque a toda la clase obrera contra el gobierno, convencer a los indecisos, bloquear todo el país, incorporar a la juventud en formación, amenazar al gobierno.

Esto es lo que hay que imponer en los sindicatos, en las asambleas generales democráticas y soberanas. Este es el mandato que deben tener los comités de huelga que hay que elegir, el mandato de los delegados que hay que designar para organizar, coordinar y centralizar la huelga general, a nivel local, regional y nacional.

[Panfleto del Groupe Marxiste Internationaliste (sección francesa del COREP). 21 de diciembre de 2019]