LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ZAPATERO: una política al servicio del capital, una política de continuidad

La formación del Gobierno Zapatero: reubicación de la tropas ocupantes, profundización de la política antiobrera, mantenimiento de la Constitución capitalista y monárquica

El 15 de abril Zapatero pronunciaba en el Congreso de los Diputados su discurso de investidura. En él afirmaba que “algunas utopías merecen ser soñadas”[i]. La misma frase ya pone limites a la utopía, que no es realizable sino sólo soñable. Los objetivos de gobierno, que se comprometía a realizar Zapatero, dejaban aún más claro los límites nada ‘utópicos’ del gobierno del PSOE.

Un primer bloque de propuestas era: introducir algunas reformas en la Constitución de 1978, ‘concretas y limitadas’ (transformar el Senado en Cámara Territorial; establecer la igualdad hombre mujer en lo que concierne a la sucesión a la Corona... “sin alterar las previsiones que afectan al Príncipe de Asturias”; introducir la denominación oficial de las 17 comunidades y dos ‘ciudades autónomas’, en referencia a los enclaves militares imperialistas de Ceuta y Melilla; introducir una referencia a la Constitución Europea, se refería al Tratado entre estados para una Constitución para Europa. Todo ello solicitando el dictamen del Consejo de Estado, habiendo previamente hecho un cambio en su presidencia y proponiendo, también, una reforma de este órgano ‘consultivo’ para que, de ahora en adelante, pasen a formar parte de él (como vocales natos y permanentes) todos los ex presidentes de gobierno.

En un segundo bloque propuso abordar la reforma de algunos estatutos de autonomía, dentro de los límites de la Constitución de la Monarquía ya que “La legitimidad de las reformas estatutarias sólo tiene, para nosotros, dos condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que supongan, al menos, un amplio consenso político y social.”

Otro bloque era: ordenar la retirada de Irak de las tropas ocupantes del ejército español, para “sacar a España de la foto de las Azores”, de modo que “no permitiremos que se ponga en cuestión nuestro firme compromiso con la seguridad internacional y en la lucha contra el terrorismo”.

En cuanto a la relación con el partido directamente burgués más importante del Congreso, avanzó su intención de mantener el frente unido con el PP en el ‘Pacto antiterrorista’: “El elemento esencial de la lucha contra el terrorismo es la unidad de los demócratas. El Pacto contra el Terrorismo para mí sigue vigente.”

Se comprometió a crear mil nuevas plazas de jueces y fiscales y a reforzar los aparatos de represión con “36.000 efectivos más”.

Prometió mantener la política económica seguida hasta ahora de modo que “el gobierno no incrementará la presión fiscal global”.

En lo referido a la educación aseguró: “Debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos.”

Sobre política del agua: “Quiero anunciar una nueva política del agua. El gobierno abordará una profunda reforma de las Confederaciones Hidrográficas y revisará el plan Hidrológico Nacional vigente..”

Tuvo un recuerdo para la clase obrera y se comprometió a “Posibilitar un empleo de calidad que ponga fin a la escandalosa e injustificada precariedad en el empleo” para pasar, acto seguido, a amenazar: “El gobierno propondrá un gran acuerdo social de competitividad y empleo estable”; se refirió al ‘problema’ de la vivienda para anunciar que combatiría la especulación del suelo y que su gobierno elaborará un Plan que “pondrá a disposición de las familias a precios asequibles 180.000 viviendas anuales más”, para acabar prometiendo “la elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los seiscientos euros mensuales al final de la legislatura”.

Se comprometió a reformar el Código Civil para reconocer el derecho al matrimonio de los “homosexuales y transexuales”, “con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”. En cuanto a la inmigración destacó que “Es imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra”

Según el diario El País, dedicó siete minutos al tema del terrorismo, seis al de la reforma de la constitución tres al del empleo y la política social y uno al del aumento del salario y las pensiones.

Al día siguiente, 16 de abril, el Congreso de los Diputados votó la investidura de Zapatero como Presidente del Gobierno: PSOE (164) ERC (8) IU (5), CC (3), BNG (2) y CHA (1) votaron a favor; en contra, el PP (148) mientras que CiU (10), PNV (7), EA (1) y Nafarroa Bai (1) se abstuvieron.

Casi un mes más tarde, Llamazares, Coordinador general de Izquierda Unida, afirmaba en una entrevista: “El programa de investidura va mucho más a la izquierda de la tradición del PSOE”[ii]

El 17 de abril Zapatero prometió su cargo de Presidente del gobierno ante Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón. De su gobierno destacan el ministro Pedro Solbes, Vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, nunca ha sido militante del PSOE pero sí fue ministro de agricultura entre 1991 y 1993 y el ministro todopoderoso de Economía y Hacienda, desde 1993 hasta 1996, del Gobierno de Felipe González que aplicó la dura política de ajusta antisocial y antiobrera, política que Rodrigo Rato supo agradecer cuando llego al gobierno del Sr. Aznar; la vicepresidenta primera, y ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, también ‘independiente’ del PSOE; el Ministro de Seguridad José Antonio Alonso, también ‘independiente’ del PSOE; el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, católico ‘progresista’ que sólo en el 2000 se afilió al PSOE y que ha sido protagonista, en primera línea, de la política imperialista de la UE en el Oriente Próximo participando en el ‘proceso de paz’ contra Palestina como enviado especial de la UE y en las negociaciones de la Hoja de Ruta; tras ellos destacan ya dos antiguos militantes del PSOE, el nacionalista españolista José Bono, ministro de Defensa, y Jesús Caldera que, como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, estará sujeto a las directrices provenientes desde el ministerio de Economía y Hacienda. Jordi Sevilla, también militante del PSOE, que se hace cargo del ministerio de Administraciones Públicas (autonomías) y que, también, tiene que ver con el independiente Pedro Solbes, bajo cuyo mandato ministerial en Agricultura y en Economía trabajó como jefe de Gabinete.

Al día siguiente de hacerse público el Gobierno de Zapatero éste anunciaba que “Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.”[iii]

El reforzamiento del Estado, judicatura, ejército y policía

Control de la judicatura

El 25 de noviembre de 2004, el PSOE perdía la votación sobre la reforma del sistema de elección de magistrados, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a causa del absentismo ‘laboral’ en las filas de sus diputados. El 29, el Gobierno se reunía en Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar de nuevo el proyecto y, el 9 de diciembre, se aprobaba en el Congreso la reforma que obliga a elegir a los miembros de la Sala Segunda de lo Penal por tres quintos del Pleno del Consejo General del poder Judicial. A la Sala Segunda de lo Penal le corresponde ser “competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución..”. “No hay más que echar un vistazo a la Ley Orgánica del poder Judicial para ver que entre las competencias de la Sala Penal consta la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales contra el Presidente y miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y el Senado, diputados y senadores, la cúpula de la Judicatura y la fiscalía, etc.” afirmaba, en un entrevista, Fernando Salinas vicepresidente del Consejo del Poder Judicial[iv].
El frente unidodel ‘Pacto Antiterrorista’ con el PP...

El 12 de abril, las ejecutivas del PSOE y del PP desarrollaban sus respectivas reuniones para preparar el debate de investidura. Zapatero afirmaba ante la de su partido que “El pacto Antiterrorista ha sido y es un instrumento útil y vamos a mantenerlo en sus términos. Es un pacto entre el PP y el PSOE, aunque no es excluyente”[v]; Acebes, desde la ejecutiva del PP, le respondía que era incompatible mantener este frente unido, contra el derecho a la autodeterminación, con que en él entrasen a formar parte fuerzas políticas como ERC e IU. Para el Gobierno de Zapatero se trataba de recomponer rápidamente los aparatos de estado, que habían mostrado todos sus poros y cloacas en el atentado contra la clase obrera en Madrid el 11 de septiembre del 2003.

...y el reforzamiento del aparato policial

José Bono, nacionalista convencido y confeso, no tuvo reparos en decapitar a la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y colocar a un civil sin experiencia (Alberto Saiz consejero de Industria en la Junta de Castilla-La Mancha), pero “una persona de mi absoluta confianza”[vi], para dirigir los servicios secretos.

La recomposición de la cúpula de los aparatos represivos del estado español continuó, el 30 de abril, con el nombramiento del general del Ejército del Aire Carlos Gómez Arruche como director de la Guardia Civil, tras 17 años sin que ningún militar dirigiera este cuerpo armado que cuenta ya con 20 generales ‘propios’. ¿El objetivo declarado? Facilitar la puesta en marcha de la remodelación de la Guardia Civil a fin de suprimir los arrestos y la aplicación del Código Penal Militar en el desarrollo de sus funciones represivas (de ‘seguridad ciudadana’), que no en las realizadas en el extranjero. Objetivo a largo plazo: controlar el movimiento asociativo en el seno de la Guardia Civil y el enorme aumento de efectivos previsto (3.000 nuevos guardias civiles por año durante los próximos diez años que lo llevarán a ser un cuerpo armado con más ‘profesionales de carrera’ que las actuales Fuerzas Armadas mercenarias. Además de ello, “La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del ministro del interior, en el desempeño de las funciones que por la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se le atribuyan, y del ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones carácter militar que se le encomienden en colaboración con las Fuerzas Armadas”[vii]. Así reza el anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que ‘legislará’ por primera vez el carácter militar de este cuerpo armado represivo.

El 19 de mayo, José Antonio Alonso, ministro del Interior, presidió la primer reunión del Comité del Mando Único constituyendo, así, oficialmente este organismo que impulsará la creación del Centro Nacional Antiterrorista que coordinará a la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia: “El CNA desarrollará funciones de inteligencia, información y coordinación y para ello centralizará las bases de datos y las informaciones operativas sobre terrorismo”[viii]. Hacía 20 años que los servicios secretos no participaban en un órgano permanente de ‘coordinación’ de todos los aparatos armados represivos del estado español; lo hicieron bajo el manto del Mando Único de la Lucha antiterrorista creado por Calvo-Sotelo en 1981, y mantenido por Felipe González (ministro Barrionuevo) a través del comisario franquista, torturador de presos políticos, Manuel Ballesteros y de Francisco Álvarez. El Consejo de Ministros, del 28 de mayo, aprobó este Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, previendo un coste anual inicial de 2 a 3 millones de euros y dotándole de inmediato, provisionalmente en la misma sede del Ministerio del Interior, de una sala de operaciones (¿por qué Alonso declaraba al mismo tiempo que “no tendrá carácter operativo”[ix]?), un área de gestión de bases de datos y otra de inteligencia e investigación (¿por qué Alonso continuaba su declaración diciendo que “... ni será un tercer cuerpo de seguridad”?)

Investigación, desarrollo

y carrera de armamentos a escala española ¿’seguridad’ a favor de quién?

El Gobierno Zapatero justificaba el nombramiento del nuevo director de la Guardia Civil en su intención de cumplir su programa electoral, pero resulta que “Según la Fundación por la Paz, las partidas destinadas explícitamente a I+D militar ascienden a 1.3330,3 millones de euros (casi el 27% del total de los fondos para I+D para 2005) mientras que el programa principal de financiación pública para los investigadores recibe el 9,9%.”[x] El mismo diario, siguiendo a la Fundación por la Paz, recordaba que, en su programa electoral, el POSE se comprometió a separar estos gastos “reubicando los correspondientes gastos militares destinados a la fabricación de armamento en el lugar adecuado.” En la defensa de los Presupuestos para el 2005, ante el Congreso de los Diputados, y refiriéndose al aumento en él destinado al Ministerio de Defensa, Jesús Cuadrado afirmaba: “Producir seguridad, interior y exterior, es de izquierdas. No nos arrepentiremos nunca de ese criterio”[xi]. ¿Qué seguridad? ¿A favor de quién? Tendremos ocasión de verlo, más abajo, cuando se analice la política del Gobierno Zapatero sobre seguridad laboral, ante la inseguridad de la precariedad, o respecto a la accidentalidad en el trabajo o la inseguridad en la vivienda de la juventud. Por de pronto, lo que está claro es que el gobierno Zapatero ha mantenido todos los proyectos presupuestarios de inversión en armamento (submarinos, helicópteros de ataque Tigre, avión de transporte A400M...), prometiendo más gasto ya que prepara una transformación cualitativa de las Fuerzas Armadas que las prepare para mejorar el control, del interior del Estado, y la capacidad de intervención, en el extranjero, ya en solitario ya en comandita con otras potencias imperialistas bajo el paraguas ‘legal’ de turno (ONU, OTAN, UE..).
Prolongación de largo brazo del ejército: la Directiva de Defensa Nacional...

El 2 de noviembre Zapatero firmaba, a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, la Directiva de Defensa Nacional en la que se incluía, por primera vez en la ‘democracia’, la intervención del ejército contra el terrorismo en el interior del estado, “aunque según las fuentes consultadas el empleo de la fuerza militar sería siempre un ‘último recurso’ tras el agotamiento de los medios diplomáticos, policiales, judiciales o de inteligencia’”[xii]. Toda la directiva está encaminada a reforzar las capacidades de intervención del ejército español tanto en el interior como en el exterior. El Gobierno Zapatero añade a ello la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que sigue impidiendo la sindicación de la tropa, ahora mercenaria, : “... los miembros de las Fuerzas Armadas [...] no podrán recurrir en ningún caso a cualquier de las formas directas o indirectas de la acción sindical”[xiii] rebajando las expectativas ‘progresistas’, que se adelantaban en el borrador filtrado a la prensa en enero “..abstenerse del recurso a la acción sindical”[xiv], formulación que parecía dejar un resquicio al ‘asociacionismo’; derecho que el PSOE, en su programa electoral, prometió reconocer. Esta misma ley será la que legalice definitivamente el Ejército de mercenarios ya que, hasta el momento, el PP había dejado el servicio militar obligatorio, único ámbito ‘legal’ en el que la juventud obrera podía aprender los rudimentos del arte militar, en suspenso. Por otra parte, y principalmente, el Gobierno Zapatero presenta un proyecto de Ley de Defensa que hace desaparecer el concepto guerra para sustituirlo por ‘conflicto armado’ o ‘crisis’, curándose en salud ante posibles necesidades de intervenir en una ‘guerra ilegal’. Extrayendo enseñanzas de las movilizaciones contra la intervención imperialista en Irak, este proyecto aleja la figura del Monarca de la responsabilidad directa en las decisiones, y dirección de los asuntos, en un ‘conflicto armado’ manteniendo lo obligado por la constitución: “su Majestad el Rey es el Mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

... y salvaguarda de la Monarquía del Borbón

El Rey no podrá menos que estarle agradecido al Gobierno de Zapatero que, de la mano de su ministro Bono, le llevó de visita al País Vasco tras 18 años sin pisar tierra vasca. El Rey, vestido para la ocasión con uniforme de campaña, todo un símbolo, visitó la base militar de Araca, enclava a sólo cinco kilómetros de Vitoria y pudo comprobar, de primera mano, la modernización del armamento (carros de combate M-60, vehículos de transmisión...) y, también, que el escaso millar de mercenarios que la habitan han adquirido una nada despreciable experiencia en intervenciones imperialistas en los Balcanes, Afganistán e Irak. El País Vasco es la única comunidad autónoma que cuenta con guarniciones militares en todas sus provincias, aunque “la mitad de los militares destinados en el País Vasco viven en comunidades limítrofes y se desplazan cada día a su lugar de trabajo”[xv]; esto tampoco cambiará con el Gobierno de Zapatero. El Rey, tan amante de la Constitución, según para qué, se dirigió a la tropa española enclavada en el País Vasco con estas palabras. “Estoy contento al ver vuestro espíritu de servicio, vuestra lealtad a España, vuestro cariño a las Vascongadas...”. ¿Vascongadas? Sobran comentarios y recuerdos franquistas.

La reforma de los estatutos de autonomía: la ‘reforma’ de la Constitución...

para que todo siga igual y para que haya más España

Una reforma para reciclar los enfrentamientos entre las fracciones políticas burguesas

“En una época en que las estructuras política y económicas tienden a mundializarse, en que las fronteras comienzan a dejar de separar a unos pueblos de otros, en que los Estados ceden porciones muy grandes de su soberanía a instituciones supranacionales (tendencia que lleva camino de acentuarse), el interés de los pueblos que componen nuestro Estado es mantener su unión para no perder peso en la nueva correlación de fuerzas que se va afirmando. Eso nos plantea la necesidad de superar los nacionalismo que nos dividen. Y el primero a superar es el nacionalismo españolista porque él es el primero que justifica y agudiza los nacionalismo periféricos.”[xvi] Así se expresaba, de nuevo, Carrillo aconsejando a todos los sectores de la burguesía que cobija el Estado Español una entente para acometer la reforma de los estatutos de autonomía. El artículo se titulaba “¿Una segunda fase de la transición democrática?” En marzo, medio año antes, Carod había pedido a Zapatero valentía par impulsar “una segunda transición, libre de las hipotecas del franquismo” y el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, debía recordar a Maragall que “la única reforma constitucional del programa [del PSOE] se refiere al artículo 69 para hacer del Senado una Cámara territorial.”[xvii] Pero Maragall, preso de los acuerdos tomados con ERC y Iniciativa per Catalunya Verds tenía que pasar, en el lapso de la segunda semana de abril, del “una relectura de los textos fundamentales” al “no nos pondremos como límite la Constitución”... para acabar bajando a “quiero que quede claro que el Estatuto no se hace con la finalidad de cambiar la Constitución.”

El Gobierno de Zapatero tiene abierto un frente, respecto a la cuestión nacional y la Constitución españolista de la Monarquía del Borbón, que presenta claramente tres bolsas estancadas: el frente común con el PP; la reforma de los estatutos canario, catalán y vasco; y la división al respecto que recorre al PSOE. Casi la práctica totalidad de Comunidades Autónomas tienen planteadas o en marcha reformas de sus Estatutos. Pero los casos de Canarias, Catalunya y País Vasco son excepcionales en estos momentos.

Los límites de la reforma constitucional: la monarquía, la negación del derecho de autodeterminación

Los límites a la reforma de los estatutos han quedado muy claros. En mayo de 2004, Jordi Sevilla afirmaba: “No es momento de abrir un debate constituyente, ni siquiera reconstituyente. Tampoco creo que lo mejor para la Constitución sea no tocar nada [...] Zapatero, al incorporar el nombre de las comunidades a la Constitución, sólo pretende su reconocimiento simbólico”[xviii] (s.n.). Al día siguiente ‘fuentes gubernamentales’ declaraban al mismo diario “el lema de café para todos responde a la etapa anterior, ya superada. El café ahora se lo va a tomar cada comunidad como quiera, pero, eso sí, dentro de la misma taza.”[xix]. Ya en el mes de junio, Sevilla, volvía a marcar los límites, en su presentación de líneas generales ante el Senado, recalcando que el reforma de la Constitución que propone el Gobierno “no va a abrir un período constituyente [...] Lo que no se hará es reformar los estatutos desde el Gobierno central. Tampoco se va a obligar a ninguna comunidad a aceptar cambios que no desee, ni se frenarán sus aspiraciones si respetan las reglas del juego”[xx]. El ariete nacionalista del Gobierno Zapatero, José Bono, remachaba los límites enseñando al mismo tiempo las armas que lo garantizan; el 6 de enero en la celebración de la Pascua Militar, y ante Su Majestad el Rey Borbón y los jefes de los tres ejércitos, afirmó: “por encima de la identidad de territorio, la España que cuenta es la España de los ciudadanos, la España de la Constitución, de donde emana la legitimidad de todas las instituciones [...] Por eso, ningún territorio podrá tener proyectos que rompan la voluntad soberana de todos los españoles” y, por si no estaba aún bastante claro, “Más libertad, menos fronteras entre nosotros, más solidaridad y más Constitución. Es decir, más España”[xxi]. El Monarca no pudo por menos que afirmar: “Agradezco las amables palabras y la detallada exposición que acaba de dirigirnos el señor ministro de Defensa, con un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio y una exposición de los planes y previsiones para el futuro.”[xxii]

la socialdemocracia ‘catalana’, el nacionalismo ‘radical’ catalán:

dentro del mismo cauce

En junio del 2004 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya concretó, en la cantidad de 97, las competencias que exigía al Estado Español. Proponía una negociación con el estado paralela al desarrollo de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Convergencia i Unió planteó en su momento la transferencia de 88 competencias. El Gobierno catalán ‘tripartito’ (PSC, ERC y Iniciativa Verds) planteaba que las 97 competencias le podían ser traspasadas dentro del marco de la Constitución (recurriendo al artículo 150.2) aunque en el caso de 28 de ellas será necesario reformar la legislación estatal. A finales de enero pasado, Maragall intervino en un encuentro organizado por el Foro Nueva Economía, lobby de presión de las grandes multinacionales, para dirigirse más que a los presentes a los votantes catalanes. Recurriendo de nuevo a su digo pero no digo fue, sin embargo, bastante claro en esta ocasión. Aprovechando el concepto ‘comunidades nacionales’ usado por Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, expresó que “Es una fórmula discutible, como todas, pero interesante. Espero que modifique y cualifique el artículo 2 de la Constitución”. El presidente del Consejo de Estado tardó poco en replicarle que su concepto buscaba definir “comunidades culturales, no jurídicas ni políticas ni territoriales”, y Maragall acabó rogando que “no estaría mal [que la reforma de la Constitución] señalara realidades territoriales distintas, no sé si culturales y políticas”[xxiii]. A pesar de dirigirse a los votantes del tripartito, Maragall, en el mismo acto, no pudo dejar de militar en el frente unido contra el Plan Ibarretxe y afirmó, al respecto, que “Para que quede más claro aún si cabe, en Cataluña no se puede imponer un nuevo Estatuto por la mayoría parlamentaria. Es necesario el concurso de la oposición”. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Unos pocos días más tarde, Joan Puigcerdós (el portavoz en Madrid de ERC, socio de Gobierno de Maragall) aprovechaba la ‘discusión’ del Plan Ibarretxe en el Congreso para advertir: “No se lleven a engaños, no sólo aspiramos a cambiar el estatuto catalán, si sólo fuera así, estaría en las mismas reglas de juego”, para pasar a referirse a la actual legislatura como destinada a representar “el umbral de un cambio del modelo de Estado. Si la primera transición significó la democracia y la primera puerta significó pasar de una dictadura a un Estado democrático, la segunda puerta es el Estado plurinacional”[xxiv].

cuando el PP es más ‘soberanista’, incluso que ERC

Tres días antes, Jordi Sevilla denunciaba el proyecto de reforma del Estatuto canario como ‘filosoberanista’ pues, entre otros artículos, prevé en el 30.3 que “El derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicará con preferencia al del Estado, que tendrá, en defecto de aquél, carácter supletorio”; según el diario El País del 31 de enero “... más allá de la ‘inconstitucionalidad’ de los artículos 30.3 y 30.4 lo que más ‘ha alarmado’ al Gobierno socialista es la disposición adicional tercera del borrador del Estatuto, que permite ceder a Canarias del Estado todas las competencias, con la única excepción de la Defensa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Alta inspección de servicios.” ¿Otro ‘Plan Ibarretxe’? Si la fracción de la burguesía que promueve la reforma va por esos derroteros en Canarias, lo hace representada políticamente por Coalición Canaria y por... el Partido Popular que son los socios de Gobierno en Canarias.

El Plan Ibarretxe: la gran mascarada

En el tomo II, número 2, de Germinal 3ª época ya hicimos un análisis del significado político del ‘Plan Ibarretxe’. El 20 de abril de 2004 el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del Plan que presentó el PP el 13 de noviembre de 2003. El 22 de abril, otra vez en el marco del Foro Nueva Economía, Ibarretxe reafirmó que no retiraría su propuesta de modo que “La reforma del Estado está sobre la mesa y la cuestión de fondo es si aceptamos o no el Estado plurinacional y la asimetría.”[xxv] También se reafirmó en su colaboración con el estado español, comprometiendo la participación del PNV, al contrario de lo que hizo en 1978 de cara a la Constitución, en la ponencia del Congreso para la reforma de la Constitución. El 29 de abril, Jordi Sevilla visitó Vitoria y rompió con ello la tendencia de estos últimos cuatro años, en los que ningún representante del Gobierno estatal había mantenido contactos con los representantes del Gobierno vasco; la entrevista con Ibarretxe no duró más de una hora. Ya en este año, el 4 de enero, Ibarretxe, tras la aprobación por el Parlamento Vasco del Plan Ibarretxe (ahora proyecto de nuevo Estatuto), afirmaba en Vitoria: “El Parlamento español no va a sustituir la voluntad de la sociedad vasca. De lo que se trata es de buscar una acomodo democrático a las decisiones de las instituciones vascas [...] Es el propio Parlamento vasco el que debe valorar si la negociación es correcta o no y si es susceptible de ser remitido para su ratificación mediante consulta a la sociedad vasca”[xxvi]. Seis días más tarde la Ejecutiva del PSOE se lanzó en tromba, de nuevo, contra el Plan Ibarretxe acusándole de “recibir el apoyo de los violentos [y] rendir servicio a una organización ilegal que ha adquirido un protagonismo político intolerable [...] lo que llegó a la Cámara como un plan nacionalista, sale de la misma con las bendiciones y gracias a los apoyos de ETA y sus acólitos”[xxvii]. El 13 del mismo mes, Zapatero recibió en la Moncloa a Ibarretxe para afirmar: “Mientras yo sea presidente, nunca se aprobará ni se aplicará el plan Ibarretxe”[xxviii]. El 1 de febrero se escenificó, en el Congreso de los Diputados, la gran mascarada de una supuesta ‘discusión democrática’ sobre el Plan Ibarretxe. PSOE y PP, en aras de su frente unido, junto a Coalición Canaria y Chunta Aragonesista votaron en contra; IU se partía en dos: Llamázares, por IU, votó en contra mientras que Iniciativa Catalunya Verds se abstenía. PNV, EA, BNG y NB, votaron a favor. Al día siguiente, 2 de febrero, el lehendakari Ibarretxe reunía al consejo extraordinario de gobierno vasco para convocar elecciones anticipadas vascas el próximo 17 de abril. Este adelanto en un mes de las elecciones no preocupó a Zapatero ni el PSE, que tiene su propio plan de reforma del estatuto vasco, al fin y al cabo Ibarretxe con este adelanto se olvidaba del referéndum vasco ‘inconstitucional’ y abría otra vez más una salida a las componendas con el gobierno español. Ya el PSOE había derogado, de todos modos, la introducción por el PP en el Código Penal de un artículo (506 bis) penando con hasta cinco años de prisión a todos aquellos que interviniesen de un forma u otra en la puesta en marcha y realización de referéndum ‘ilegales’. Por su parte ERC, que votó a favor del Plan Ibarretxe el 1 de febrero, al día siguiente afirmaba su predisposición a llegar a un “acuerdo de estabilidad” gubernamental española que superase el mero “apoyo” parlamentario actual. ERC dispuesta a garantizar la ‘estabilidad’, el PNV adelantando las elecciones vascas, el PSE (PSOE de Euskadi) con un plan ‘alternativo’ al de Ibarretxe... pero el 26 de febrero decenas de millares de vascos tuvieron que volver a manifestarse en Bilbao reivindicando un derecho tan elemental como el de tener una voz simplemente parlamentaria y en el marco de las instituciones de la Constitución de la monarquía. La manifestación estaba convocada por la plataforma 18/98+ que denuncia “la vulneración de los derechos civiles y procesales” en el proceso que la Audiencia Nacional tiene abierto contra militantes de Jarrai-Haika-Segi y otros militantes de organizaciones de la ‘izquierda’ vasca.

¿Nueva taza de café en la estructura estatal?

El PP y el PSOE han estado tejiendo su frente unido contra el derecho de autodeterminación. El 18 de mayo de 2004 el PP, junto a Coalición Canaria, apoyaban las enmiendas del PSOE a una propuesta del PP en el Congreso de los Diputados para ‘equiparar’ a todas las comunidades. El 4 de enero Rajoy demostraba su interés en visitar La Moncloa “para garantizar la unidad de España” y, por la tarde, José Blanco (por el PSOE) le hacía eco agradeciendo la propuesta de unidad nacional del PP, pero recordando que “La unidad nacional está garantizada por la Constitución”[xxix]. El 13 de enero, Rajoy ofrecía a Zapatero, que se estaba entrevistando con Ibarretxe, la conformación de un frente parecido al Pacto Antiterrorista para “responder al grave desafío a la unidad nacional” que suponía el proyecto del lehendakari; mientras, Fraga jaleaba de nuevo a las filas del PP proponiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir el estado de sitio contra los vascos. Al final de todo, el 16 de enero, y tras alguna reunión ‘discreta’ (es decir secreta) como se ha visto con el tiempo, el PSOE y el PP volvían a reafirmar su frente unido contra el derecho de autodeterminación tan firmemente que el Gobierno de Zapatero se veía obligado a emplearse a fondo para convencer a sus apoyos en el Congreso, ERC e Izquierda Verde, de que “no debían tomar el pacto más que como lo que es, una mesa para buscar acuerdos”[xxx]. Y es que el frente españolista del PP y del PSOE de la pasada legislatura no alcanzó sus resultados y, ahora, se trata de recomponerlo sobre nuevas bases una vez admitido que “Aunque Ibarretxe estaba contaminado por el pacto de Lizarra, que contaba con el respaldo de ETA, ganó las elecciones por los errores de los constitucionalistas” según palabras de Ramón Jáuregui, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, el 5 de febrero.

El 28 de febrero, Rajoy declaraba ante la Junta Directiva Nacional del PP: “Constato que el Gobierno escoge otros socios”. Con esta constatación el PP dio
por roto el pacto con el PSOE... para consensuar el ‘modelo de Estado’. En el fondo de la cuestión de lo que se trata para el PP es de lograr que la negociación, entre el Gobierno Zapatero y el PP, se desarrolle al mismo nivel que tiene su frente unido contra el derecho de autodeterminación, llamado ‘Pacto Antiterrorista’.

El ‘giro social’: de nuevo más ‘dialogo social’
para imponer avances en la permanente ‘reforma laboral’

El apoyo de las cúpulas sindicales

El 15 de abril de 2004, los dirigentes de CCOO y UGT saludaban con euforia el discurso de investidura de Zapatero. Según el diario El País, CCOO señalaba “por su especial importancia” la reforma tributaria anunciada por Zapatero, aplaudiendo los compromisos del candidato a Presidente del Gobierno referentes a la lucha contra la precariedad laboral, la reducción de los accidentes laborales, subida de las pensiones y aumento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 600 euros. Por su parte, Cándido Méndez, por UGT, resaltó que el ‘eje social’ se anunciara en el discurso como referente fundamental de la política del nuevo Gobierno.

Ya en marzo, Fidalgo, Secretario general de CCOO, declaraba en una entrevista “Espero de la opción socialista que sea sensible a lo que, según su programa y su discurso, son las necesidades de este país. Encauzarlo por un modelo de crecimiento distinto del que hemos tenido en el último período, ser más flexibles en las demandas socio-laborales y tener un espíritu de diálogo y de apertura hacia los agentes económicos y sociales.”[xxxi] Interrogado en la misma entrevista sobre la opinión que le merecía Pedro Solbes fue escueto en la respuesta: “Muy positiva. Me alegro mucho de que Solbes vaya a dirigir la política económica de este país.” En la misma entrevista también volcó una excelente opinión sobre Jesús Caldera, ministro de trabajo. Éste acudió al 8º Congreso de CCOO para comprometerse, ante los allí reunidos, en un aumento del 30% del salario mínimo interprofesional, en cuatro años, la reducción de la temporalidad en el empleo y el cambio en el modelo productivo de la economía.

La permanente ‘reforma laboral’:

aumentar la tasa de explotación de la clase obrera

Una idea concreta de la dirección en la que el Gobierno Zapatero pretende hacer ese ‘cambio’ en el ‘modelo productivo’ la dio Joan Trullén, secretario general de Industria. “Según Trullén, se trata de ‘sentar las bases de un cambio en el modelo de la producción’ y de ‘aprovechar al máximo la cultura del diálogo’”[xxxii]; para ello explicó a los periodistas los proyectos de su ministerio de cara a lograr un pacto que contrarreste las llamadas ‘deslocalizaciones’. El mismo diario comentaba así los contenidos del pacto propuesto por el ministerio de Industria: “El pacto es simple: moderación salarial y más flexibilidad laboral a cambio de que las empresas comprometan inversión y aumenten su arraigo en las zonas en las que trabajan”. Trullén añadía la intención de propiciar aumentos, en las desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades, con la condición de que las empresas inviertan más I+D. El mismo portavoz del ministerio ponía como ejemplo, de concreción de esta orientación, la planta de Volkswagen en Ladaben (Navarra). El presidente la patronal, José María cuevas, incidía en la misma línea el pasado 17 de noviembre ante la Asamblea anual de la CEOE: “José María cuevas, propone ‘más flexibilidad en las relaciones laborales’, rebajar los costes fiscales y las cotizaciones de las empresas y actuar en la negociación colectiva de 2005, con medidas como contener los aumentos salariales, elevar la productividad o incrementar la jornada laboral”; el mismo dirigente exhortaba al Gobierno y los sindicatos a que “tomen nota de la capacidad de reacción de las empresas y sindicatos alemanes, en clara alusión a los pactos que han firmado de congelación salarial y aumento de la jornada laboral”, haciendo balance de la experiencia navarra mientras que otro dirigente de la CEOE explicitaba, en el mismo marco, la importancia que le da la patronal a las invitaciones a ‘innovar’ ya que “... según el secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar, puede afectar [el proceso de deslocalización] en breve a la economía española, debido a que existen ‘marcos laborales rígidos, unidos a elevados costes’”[xxxiii]. Está claro que la actitud pedigüeña de las cúpulas sindicales no amilana en nada ni al Ministerio de Industria ni a la patronal, por más que Méndez, por ejemplo, solicitara el 18 de junio, ante una reunión del Círculo de Economía en Sitges, que volviera a blandir la zanahoria de la I+D. “Cándido Méndez, destacó la necesidad ‘urgente’ de ‘recuperar la política industrial’ y advirtió de que el principal elemento de inquietud para España derivado de la ampliación de la UE no debe ser el diferencial de salarios, sino el nivel del I+D tecnológico de los países recién incorporados”[xxxiv]. La ‘innovación’ prioritaria para la patronal y sus representantes en el gobierno Zapatero es, pura y simplemente, la bajada de salarios y el aumento del trabajo a cambio de este menor salario... lo otro, si acaso, por añadidura y sólo si interesa. Eso lo que ha demostrado la realidad del proceso de negociación del 2004 en el sector del automóvil.

Los buenos resultados, para la burguesía, de la permanente ‘reforma laboral’ y el ‘dialogo social’

En agosto del 2004, según datos de El País-Negocios (del 8/8/04, pp 5-7) siete las 11 empresas del sector (representando al 63,6% de ellas y al 72,72% de trabajadores) habían firmado convenios de empresa cuyos contenidos básicos resultaban en: una mayor vigencia; un aumento salarial medio que preveía un 0,4% sobre la inflación frente a los anteriores que preveían un 0,8%; la reordenación de las condiciones de trabajo, sobretodo, en dos aspecto, por una parte una mayor flexibilidad de la jornada laboral (mediante reducción y reubicación de las pausas, el incremento de las bolsas de horas a discreción de la empresa, la ampliación del ‘corredor de vacaciones’, es decir de la capacidad discrecional de la empresa para la asignación del mes de vacaciones unido, esto, a la posibilidad de asignación del mes de vacaciones individualmente permitiendo mantener los equipos activos en período vacacional), posibilidad de creación de turnos adicionales de producción y de los sábados de producción) y, por otra parte, el aumento de las capacidades discrecionales de la empresa para aplicar la movilidad funcional (desempeño de trabajos diferentes los habituales) y de la geográfica. Y es lo que expresa la realidad de la evolución del trabajo industrial.

En el segundo semestre del 2004 los costes laborales en la industria se ‘desacelararon’ ya que: “La fuga de empresas hacia países con bajos costes, los pactos para preservar empleo y la destrucción de puestos de trabajo han contribuido a la moderación de las demandas salariales.”[xxxv] Según datos del INE, desde el tercer trimestre de 2002 han sido destruidos 113.500 puestos de trabajo en la industria, que ha pasado de los 3.204.600 trabajadores a 3.091.100. A fines del 2004, el Gobierno Zapatero puso en marcha un plan para acelerar el proceso de deslocalización en el sector textil, apoyando a la patronal con un total de cincuenta millones de euros para “fomentar las actividades de mayor productividad y valor añadido y deslocalizar/subcontratar las fases de producción más intensivas en trabajo”, según declaraciones del Secretario de Estado de Comercio.
Zapatero no quiere ser menos que Aznar en los ataques a la clase obrera

El 18 de mayo, Zapatero se reunió en La Moncloa con José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, con el objetivo de comenzar la negociación de cara a un “gran pacto por la competitividad y por el empleo” (según anunció Jesús Caldera en el Congreso de los Diputados). El mismo ministro resumió, en rueda de prensa, las medidas laborales del Gobierno: creación de una comisión de expertos para el estudio de todas las reformas laborales de los últimos 10 años; medidas contra la temporalidad en el empleo, mediante una reordenación jurídica que recupere la causalidad, además de subir la cotizaciones sociales de los temporales, e impulsar cambios para incentivar los contratos parciales estables y los fijos discontinuos; rehacer el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 en el que se basa el funcionamiento actual de la negociación colectiva, con la ambición de crear un nuevo marco destinado a perdurar durante 15 o 20 años; reformar los Servicios Públicos de Empleo para incentivar medidas activas de cara a los parados. También anunció una subida del 6,6% para julio en el salario mínimo interprofesional llevándolo de los 460 euros a los 490, esta medida se acompañó con la desvinculación del salario mínimo como referente para otras rentas excepto en el caso de las prestaciones sociales. El 31 de enero de 2005, esta comisión de expertos entregó un informe de 158 páginas que, según el diario El País del 1 de febrero, “propone una difícil tarea: dotar de mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a su entorno y a la vez incrementar la protección de los trabajadores”.

El 20 de mayo Zapatero se reunió con Fidalgo, por CCOO, y el 25 con Méndez, por UGT. El 8 de julio se produjo la reunión de Zapatero con la CEOE, UGT y CCOO, reunión que estuvo precedida por la emisión, el día anterior, de las recomendaciones de la OCDE para que España pusiera en marcha reformas laborales en el sentido de que el INEM se convierta en “instrumento de una política de obligaciones reciprocas” que, en palabras Raymond Torres, jefe de la división de análisis laborales de la OCDE, se debe concretar en “ayudar activamente al parado a encontrar otro trabajo y mantener una vigilancia muy dinámica de todas las posibilidades de casar a los demandantes de empleo con las ofertas que puedan existir”[xxxvi]; la creación de un “fondo para despidos” que facilite la movilidad geográfica de los trabajadores y la potenciación del empleo a tiempo parcial.

En el temario de la reunión del Presidente con el dirigente de la patronal y con los de UGT y CCOO estaban, en efecto, las cuestiones de la contratación temporal, el aumento del empleo, el ‘impulso’ a los políticas activas de empleo, la cuestión del salario mínimo y la negociación colectiva entre otras. Tras esta reunión se han representado, por parte de la CEOE y de algún miembro del gobierno, papeles diferentes, todos ellos conducentes a la misma conclusión: la necesidad de rebajar las conquistas y derechos de los trabajadores. El 2 de febrero se produjo, por fin, la última reunión entre Zapatero y los representantes de la CEOE, UGT y CCOO. Todos ellos aceptaron el ofrecimiento de Zapatero de trabajar en común de cara a llegar a un pacto social, la próxima primavera, centrado en tres cuestiones esenciales: reforma laboral, futuro de las pensiones y desarrollo de la Ley de Dependencia (destinada a ‘mejorar’ los servicios sociales de las personas dependientes). Fidalgo ‘reveló’ que el Gobierno se había comprometido a hablar con una única voz de cara al diálogo social puesto que a la reunión, además del representante de la Cepyme y Caldera, asistió Solbes. Antes de esta reunión, la CEOE había estando presionando con la excusa de su rechazo a la aprobación de la cláusula de revisión automática del SMI; la CEOE comunicó, el 4 de enero, que no acudiría a la reunión prevista para iniciar la negociación sobre la renovación del acuerdo de negociación colectiva para el 2005.

El lunes 28 de febrero la patronal y los sindicatos (CEOE, UGT y CCOO) cerraban el texto definitivo del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para este año. La patronal había prolongado las negociaciones con la excusa de no estar de acuerdo con la revalorización del salario mínimo. El nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva se podrá prorrogar en el 2006 y básicamente confirma, de nuevo, las expectativas de la patronal: moderación salarial basada en inflación prevista (2%), cláusula de garantía salarial y productividad de modo que el documento reza así: “afrontar cambios en las actuales estructuras salariales avanzando en una mayor relación entre retribución y productividad.” La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT comentaba así, en comunicado de prensa del 3/3/05, el acuerdo: “El Comité Confederal entiende que con el ANC 2005 los interlocutores sociales hacen una contribución muy importante al sistema productivo, a la fluidez de la negociación de los convenios colectivos en favor de la defensa y mejora de los derechos e intereses de los trabajadores, al incremento de la productividad de las empresas y, en general, al clima de confianza y estabilidad necesario para el desarrollo del crecimiento económico sostenible y con cohesión social de nuestro país.”

Mantenimiento de la política imperialista

en el plano militar...

(en Oriente Medio)

El 28 de marzo, Federico Trillo, ministro de Defensa en funciones, aprobó duplicar el contingente militar español ocupante en Afganistán con el visto bueno de la dirección del PSOE que preparaba el debate de investidura. El 21 de abril Moratinos, recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, visitó Washington para garantizar a EEUU que la anunciada retirada de tropas ocupantes españolas en Irak se vería compensada por su aumento en Afganistán, avispero en el que EEUU deseaba que participarán más tropas ‘aliadas’. Moratinos negaba lo evidente: “Hemos hecho comentarios para ver dónde se podría contribuir, pero no se ha hablado de compensaciones ni se ha entrado en cuestiones de detalle.”[xxxvii] El mismo día todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, excepto el PP, votaban a favor de la retirada de las tropas españolas ocupantes de Irak y Cuevas calificaba la decisión de ‘legítima’: la patronal española levantaba acta del magro resultado empresarial de la intervención imperialista en Irak.

El 29 de abril, Zapatero asistía a su primer acto ‘castrense’ como presidente del Gobierno, lo hacía en Badajoz y flanqueado por los representantes más cualificados del nacionalismo españolista en la Ejecutiva del PSOE, Rodríguez Ibarra y José Bono. El 9 de mayo, Bono realizaba un viaje sorpresa, a la base del ejército español en Diwaniya, para anunciar que las tropas ocupantes regresarían seguramente antes del día 27 de aquel mes. El 13 el Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley en apoyo a la decisión presidencial de retirar las tropas de Irak, lo hacía con 185 votos a favor, 141 en contra (del PP) y cuatro abstenciones. La proposición no de ley constataba en su texto que “En este tiempo no ha sido posible lograr que Naciones Unidas asumiese el control político y militar de la ocupación, ni es razonablemente previsible que lo pueda hacer antes del próximo 30 de junio.”, para continuar reafirmando “el compromiso de España con la estabilidad” y “reiterar la firme decisión de las fuerzas políticas de lucha contra todo tipo de terrorismo.” El 18 de mayo, Zapatero anunció por sorpresa, y por la tarde, que acababa de ordenar la retirada de todas las tropas ocupantes en Irak a la “mayor brevedad posible”. En la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica celebrada en Niza los pasados 9 y 10 de febrero el Gobierno de Zapatero se comprometió a ser el país que más contribuya a la expansión de la nueva fase de ocupación de Afganistán por la OTAN. Repitiendo el compromiso de formar a cuadros del ejercito y policía cipayos de Irak. ¿Por qué Afganistán? Porque cuenta con el beneplácito de la ONU; Afganistán es el país en el que las tropas imperialistas ocupantes cocinaron el puchero de unas elecciones amañadas a punta de cañón no hace poco y en el que, no hace ni quince días (el 1 de marzo), el presidente impuesto por estas elecciones amañadas nombró jefe de su Estado Mayor a uno de los señores de la guerra más poderoso, Rashid Dostum, acusado de numerosos crímenes de guerra por diversas organizaciones de derechos humanos. La misma ONU se veía obligada a lanzar la voz de alarma, el pasado 21 de febrero, pues Afganistán ha logrado ser el quinto país más pobre del mundo; Bassiouni (uno de los ‘expertos’ de la ONU destacados en Kabul) centraba algunas cuestiones preocupantes: violencia contra las mujeres, sistema judicial corrupto, impacto del narcotráfico.... todo ello bajo el paraguas protector de los ejércitos ocupantes bendecidos por la ONU. El español tenía su puesto y ahora aspira a uno de honor.

(en los enclaves africanos)

Al día siguiente de que Zapatero anunciara la retirada de las tropas de Irak, Moratinos se entrevistaba en Londres con su homólogo Straw para reabrir las negociaciones sobre Gibraltar, “la última colonia en Europa”, sobre la base de pactar soberanía compartida en un período de transición. La diplomacia española sigue con su costumbre de evitar a toda costa hablar de las últimas colonias en el norte de África tan cercanas a Gibraltar: Ceuta y Melilla. A pesar del intento de Moratinos, Zapatero, que visitó Londres el 3 de junio tras visitar Berlín y París, no consiguió nada al respecto de su compañero, de Internacional Socialista, Tonny Blair.

(en América Latina)

El Gobierno Zapatero no sólo prometía compensar la retirada de Irak aumentando su presencia en Afganistán. También escuchó atentamente la invitación de Ricardo Lagos a intervenir en América: “Si el Consejo de Seguridad dice necesitamos esto, los latinoamericanos debemos estar en condiciones de hacerlo. Punto uno. Punto dos: la presencia de España en América Latina se vería fortalecida si en una situación como ésta responde.”[xxxviii] Se trataba de intervenir en Haití. El 27 de julio, el rey de Marruecos respondía favorablemente al ofrecimiento de integrarse en el contingente español de intervención en Haití. “ José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en su compromiso de consultar al Congreso de los Diputados antes de ordenar el envío de tropas españolas a Haití dentro de una fuerza de paz de la ONU, si bien precisa que la opinión de los diputados españoles no será vinculante “aunque sí de gran relevancia para la decisión final”. Trata así de contraponer, en alguna medida, el proceder de su Gobierno con el seguido por el Gabinete del Sr. Aznar en la guerra de Irak. Pues bien, mientras el presidente español hacia estas declaraciones “han empezado a tomar cuerpo informaciones que aseguran que desde hace varios días se encuentran en suelo haitiano más de un centenar de ingenieros del Ejercito español sin que haya existido notificación ni consulta previa al Congreso de los Diputados. Es decir, que las tropas españolas ya están en Haití sin conocimiento ni autorización de sus señorías.”[xxxix] El 9 de octubre de 2004, el buque de asalto Castilla arribaba a puerto en Haití y comenzaba las tareas de desembarco de los 200 infantes de marina y gran cantidad de material bélico de comunicaciones.

(en los Balcanes)

El Gobierno Zapatero tampoco ha tomado ninguna medida para retirar las tropas españolas ocupantes en los Balcanes (1.915 militares) ni en Yibuti y Océano Índico (Operación ‘Libertad duradera’, con 260 ‘efectivos’). El casi millar de ‘efectivos` ocupantes en Kosovo llevan ya el tiempo suficiente como para no poder escapar a la responsabilidad de la situación que se vive allí ahora. El 24 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU discutía un informe de situación en esta zona de los Balcanes en el que se levantaba acta: “la situación es frágil” a causa de que la política desarrollada por el gobierno salido de las elecciones del pasado octubre (otro guiso electoral ocupante), “está agudizando la división étnica [...] limita su acceso [se refiere a las minorías ‘étnicas’] a los servicios, las oportunidades de trabajo y la justicia y, por lo tanto, sus oportunidades de vivir una vida normal”. El porcentaje de población que vive con menos de dos euros al día es en Kosovo de casi el 48% y la tasa de paro alcanza también casi a la mitad de la población en edad de trabajar[xl].

(todo con el visto bueno de EEUU... dentro del ‘europeismo’)

Las ‘amistosas’ relaciones con el imperialismo estadounidense dieron un vuelco espectacular a causa de la retirada de las tropas de Irak; retirada que era la mínima concesión que la Monarquía podía hacer a las masas para salvar el pellejo. Pero, ese vuelco, no le ha impedido al Gobierno Zapatero realizar todas las gestiones necesarias para dejar clara la posición subordinada ante el imperialismo dominante en estos momentos. El monarca realizó un viaje al rancho de descanso del Presidente Bush haciendo de avanzadilla; no se sabe si, al igual que con su ‘sobrino’ marroquí, habló también de negocios particulares con un presidente que lleva a sus espaldas tan amplia experiencia en el campo de la intermediación empresarial, tanto en el sector de la energía como en el de el tráfico de armamentos, pero lo que sí se sabe es que el Rey, su Majestad Juan Carlos de Borbón, con su acostumbrado estilo ‘campechano’ hizo lo posible para que el ceño de Bush dejará de estar tan fruncido. Parece que le enseñó a decir “hola amigo, ¿cómo estás?” como se demostró más tarde en Bruselas en el breve saludo que Bush le dedicó a un Zapatero de mirada endulzada. Más concreto fue el contenido de la entrevista que el ministro de Defensa, José Bono, tuvo en Niza con su homólogo estadounidense, Rumsfeld, el 9 de febrero. Aunque la agenda de Rumsfeld sólo había encontrado un hueco de 20 minutos, la conversación se alargó hasta cumplir la hora exacta; Bono y Rumsfeld acordaron volver a reunirse en Washington antes del verano. También, en el mismo lugar y fecha, Miguel Ángel Moratinos logró entrevistarse con su homóloga Condolezza Rice, en este caso sólo durante cinco minutos.

Pero lo más sustancioso y concreto es el motivo por el que Bono y Rumsfeld se entrevistarán antes del verano: lo harán presidiendo el Comité Bilateral, creado en el año 2001 con el objetivo de ‘definir’ las relaciones entre España y EEUU en el ámbito de la defensa. Parece que el furibundo ‘europeismo’ tiene que ser compaginado con los secretitos sobre defensa con la potencia imperialista que intenta por todos los medios segar la hierba bajo los pies del vacilante caballo imperial ‘europeo’. No podía ser de otra forma teniendo en cuenta la posición del resto de imperialismo europeos que quedó, de nuevo, patente en la visita que Bush realizó a Europa en la última semana de febrero. Si, desde el Consejo Europeo, se afirmaba “que Bush venga a las instituciones de la UE significa que considera que es mejor trabajar con la UE y que la UE sea fuerte”, el secretario general de la OTAN, el europeo Hoop Scheffer, matizaba la dirección de la relación al afirmar: “Una mayor integración europea que vaya dirigida contra EEUU es un callejón sin salida porque acabaría en una Europa dividida”[xli]. Los contenidos reales de los mensajes, por parte de EEUU, fueron aún más claros en la cuestión más candente en estos momentos, Irán. “Es vital que los iraníes escuchen que el mundo habla con una sola voz”, esta voz es la de EEUU, con la UE detrás directamente o a través de la OTAN.

... económico

España: de país invadido por las multinacionales a país.... inversor

En Chile hay implantadas cuatrocientas empresas españolas con una inversión que alcanzaba en el 2004 los 9.678.121.000 dólares. Las inversiones en los sectores de la electricidad, gas, agua y servicios suponían casi el 80% del total.

Mondragón Corporación Cooperativa cuenta con 6 plantas industriales en China ( autobuses Irizar, Fagor, de aparatos de gimnasia y tiendas de campaña y seguridad de electrodomésticos) que facturan 27,5 millones de euros y emplea a 1.150 trabajadores. Tiene marcado el objetivo de realizar el 15% de su producción exterior en China en este año.

Gas Natural tiene previsto, para América Latina (sobretodo Barsil y México), un plan de inversiones entre 2004 y 2008 que alcanza los 1.270 millones de euros y confiesa, por boca de su presidente Antoni Brufau que “desde el primer día estamos haciendo dinero, en términos de retorno sobre capital.”[xlii] Repsol poseía el 24,8% de la reservas probadas de América Latina, según datos referidos al 2002; es la mayor empresa energética de la región. Repsol y Gas Natural anunciaban el pasado mes de octubre que se disponían a ampliar su cooperación, ya lo hacen en Argelia, en la explotación conjunta del gas a todo el norte de áfrica y Oriente Próximo; el recién nombrado presidente de Gas Natural Gabarró declaraba que “hoy no vislumbro ninguna fusión en la que participe Gas Natural.”

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR ORIGEN, 1990-2000

(En millones de dólares)

(Gráfico extraído de: Ramón Casilda Bejar, “La década dorada 1990-2000. Inversiones directas españolas en América Latina”)

Zapatero: coordinador, bajo la atenta mirada del monarca, del lobby de las empresas imperialistas españolas

A mitad del mes de noviembre del 2004, Repsol YPF y Gas Natural, actuando conjuntamente como habían anunciado, ganaban un concurso para la exploración, producción y comercialización de un bloque de reservas de gas natural en la zona de Gassi Touil en Argelia; las inversiones previstas, hasta el 2009, son de 1.628 millones de euros. Los ejecutivos de estas dos empresas debieron escuchar con especial placer la palabras de Zapatero en la rueda de prensa posterior a la segunda cumbre hispano-argelina celebrada en Madrid. Con ello se daba continuidad a la política comenzada por el gobierno del Sr. Aznar, pero con el talante de una “hermandad energética” en palabras de Zapatero. Y nunca mejor dicho aunque puede que la relación más exacta no sea la de la hermandad. Pero hubo más que lobby a favor del gran capital ‘energético’ español. También se llegó a un acuerdo para suministrar material ferroviario y para ‘colaborar’ en la construcción y gestión de puertos y tráfico aéreo; para cerrar la colaboración se creó un grupo de cooperación judicial y antiterrorista. El gran perdedor de esta continuidad, y profundización, del apoyo a las empresas imperialistas españolas en el Magreb sigue siendo el pueblo saharaui y, por los mismos motivos, las clases obreras y los campesinos de Argelia y Marruecos.

Los “grandes” aplausos que Su Majestad el Rey don Juan Carlos recibió, el 18 de enero de los miembros de la Cámara de Representantes y de los de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos, respondían a la promesa implícita que las palabras del monarca contenían sobre el futuro del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, de ninguna otra forma puede interpretarse la frase: “España tiene especial interés en ayudar a acercar posiciones para conseguir una solución consensuada, justa y definitiva, negociada por todas las partes concernidas, en el marco de la legalidad internacional y de los esfuerzos de las Naciones Unidas”[xliii]; ninguna referencia al referéndum, con lo que se demuestra que el referéndum era un callejón sin salida o, más exactamente ahora, con una única salida que es, precisamente, el retroceso y la vuelta a la opresión bajo las garras, ahora, de la monarquía alahuita. . El 13 de octubre de 2004, el ministro Moratinos, en su visita a Marruecos, ya había asegurado a Mohamed VI el apoyo del imperialismo español a su monarquía particularmente en la cuestión del Sahara. El 19 de octubre el comité de descolonización de Naciones Unidas aprobó, por 52 votos y 89 abstenciones, una nueva resolución sobre Sáhara Occidental respaldando el plan Baker pero abriendo una nueva fase. Lo importante a señalar: los países europeos optaron por la abstención... España entre ellos. Al mes siguiente Marruecos hacía pública la licitación de 56.000 hectáreas de terreno agrícola y su decisión de presentar el concurso en España, Italia y Francia. El concurso está evidentemente destinado al gran capital como dejan claro las condiciones y como explicaba Joan Brusca, portavoz del sindicato agrícola Unió-Coag. Decía: “los agricultores medianos y pequeños difícilmente vamos a invertir en un concurso que sólo es accesible a grandes empresas”[xliv].

Telefónica es el mayor inversor exterior en Brasil y Argentina. El BBVA posee el primer banco privado de Latinoamérica (Bancomer de México). En noviembre se conocía el acuerdo sellado entre Repsol YPF y PDVSA (Petróleos de Venezuela) para crear la primera empresa mixta en dicho país. No es de extrañar que el Gobierno Zapatero crease en octubre del año pasado un foro empresarial destinado a velar por los intereses imperialistas de las grandes empresas españolas en Latinoamérica; “No se trata de un foro cualquiera. En el mismo participan, por parte de la Administración, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica [...] el secretario de Estado de Turismo y Comercio [...] y el director general de financiación Internacional del Ministerio de Economía [...] Las empresas se encuentran representadas por altos ejecutivos como consejeros delegados, directores generales..”[xlv] Las compañías representadas son: Telefónica, Repsol, Gas Natural, BBVA, Banco Santander, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA, Agbar, Prisa, Sol Melià y ACS”. Por cierto que los presidentes de Telefónica, Respsol-YPF, Endesa y BBVA fueron nombrados por el PP y cuentan con la garantía del Gobierno Zapatero que se aprestaba a adelantarse, el mismo 16 de marzo y por boca de Sebastián, “El PSOE mantiene un principio de no injerencia política en las empresas que impide cualquier actuación sobre determinados cargos de empresas privatizadas.”[xlvi]; pero, si la dirección del PSOE cambiara de idea, siempre les quedan los contratos blindados que son la versión invertida de la tan exigida, a la clase obrera, flexibilidad laboral.

Maragall no le quiere ir a la zaga a su compañero de partido

Pero no sólo el gobierno Zapatero sostiene y forma directamente lobby a favor de las empresas imperialistas. Desde Madrid se hace, sobretodo, a favor de las grandes empresas imperialistas españolas... desde Barcelona se hace a favor de las empresas medias. El Gobierno de Maragall, el ‘tripartito’ entre PSC (PSOE), ICV (IU) y ERC tiene estructurado un Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña que se está encargando de trabajar, junto a otros organismo del gobierno catalán, para que las empresas catalanas puedan deslocalizar producción con ayuda pública (es decir realizar inversiones en el extranjero con ayuda del gobierno catalán). “La idea de crear esos polígonos ha surgido en paralelo con la de varias patronales y las empresas de los sectores más punteros”[xlvii], afirmaba el conseller de Comercio de la Generalitat de Catalunya refiriéndose a la incentivación de la creación de polígonos industriales en Europa del Este y en el Magreb. El Presidente de la patronal, Pimec, declaraba más claramente: “la idea es competir por costes”, de entre ellos sobretodo el coste del suelo y el de los salarios.

la socialdemocracia española y los nuevos gobiernos ‘progresistas’ en Latinoamérica

Zapatero comenzó, el pasado 24 de enero, una gira de tres días por Latinoamérica claramente destinada a presionar a favor de las inversiones en la zona de las grandes empresas imperialistas españolas. A Venezuela no fue, dejando este trabajo a Bono, por consideraciones ‘políticas’ pero mimó especialmente Argentina, Brasil y Chile, que representan el 83% de las inversiones españolas en la zona (sólo superadas por EEUU). Todo ello barnizado con el tamiz de la sintonía entre gobierno ‘progresistas’ (Lula, Kirchner y Lagos) añadiéndole alguna guinda de lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo. Zapatero declaraba en Argentina: “El made in Spain debe ser sinónimo de calidad, pero también de compromiso con el desarrollo.”[xlviii] Todos ellos parecen haber olvidado que el grueso de las inversiones se han realizado mediante la compra, a precio de saldo, aprovechando la oleada de privatizaciones que comenzó en los años ochenta. Para entender aún mejor la importancia y el significado de este trabajo imperialista del gobierno, es necesario tener en cuenta que los seis primeros valores del Ibex 35 de la Bolsa española (formado por 35 ‘valores’, empresas) son Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, Endesa e Iberdrola, y que estas seis empresas controlan el 70% de la evolución de la Bolsa. El 19 de febrero el ministro Bono, de visita ‘discreta’ en Venezuela, lograba un contrato de compra de armamento por valor de casi 1.000 millones de euros (cuatro corbetas y seis aviones de transporte C-295). La vicepresidenta del gobierno afirmaba, en rueda de prensa, que en esta visita ‘discreta’ se había concretado: “un protocolo de cooperación militar en materia de defensa de alto interés económico para los astilleros y empresas aeronáuticas españolas”[xlix].

‘ayuda al desarrollo’ ¿cómo?

Muchas ONG saludaron el triunfo de Zapatero como una victoria propia. Y tenían razón sólo que, al igual que con la clase obrera, la dirección socialdemócrata también les expropiará esta victoria... al menos a las pocas ONG’s que no están instrumentalizadas como caladeros de clientelismo político, instrumentos de desgravación fiscal del gran capital, grupos de presión de la Iglesia Católica, etc.. A fines del mes de febrero se aprobó el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el compromiso del gobierno es aumentar la ayuda oficial al ‘tercer mundo’ desde el 0,23% del PIB al 0,5% en el 2008. ¿El 0,7% cuándo? ¡En la próxima legislatura! Pero no sólo eso sino que el contenido de la ayuda al desarrollo sigue enmarcándose en capítulos que traducen la ayuda en comercio injusto pura y llanamente. Los FAD (créditos al desarrollo) siguen como estaban, siendo créditos para obligar a los países subdesarrollados a engordar la deuda y las compras a favor de los países imperialistas... entre ellos la querida España socialdemócrata.

... y ‘social’

En la primera semana de noviembre del 2004, Jaime Montalvo, presidente del Consejo Económico y Social, realizaba una gira por Latinoamérica. Le acompañaban representantes de la patronal, de las cúpulas sindicales reformistas y de la ‘economía social’. La cabeza de playa de esta incursión de la delegación por el ‘dialogo social’ del imperialismo español era Lima. El objetivo era concretar los siete precedentes años de trabajo de lobby en la creación del CES de la Comunidad Andina, que englobaría a Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador; también la creación de un ‘Observatorio laboral’ para el estudio del ‘mercado de trabajo’, que es como decir para que la patronal realice estudios encaminados a rentabilizar mejor la fuerza de trabajo de las clases obreras y campesinos de estos países. Montalvo explicaba que “en Latinoamérica piensan que el clima de diálogo social ha ayudado mucho a construir nuestra democracia y fortalecer [sic] nuestra economía”[l]. El CES es un instrumento básico del control del estado español sobre los sindicatos, es decir: el marco de colaboración de clases idóneo para la burguesía (con una composición que presume de paritaria pero en la que, realmente, los representantes directos de la burguesía están en mayoría) . Los dineros públicos con que se financia el CES también están sirviendo para ‘ayudar’ a las burguesías (es decir a sus estados) mejicana, chilena y Argentina (esta última con la que el CES español lleva un proceso específico). Estos movimientos de lobby imperialista español quedan al descubierto claramente por su propio desarrollo pero aún más teniendo en cuenta que la propia ONU, tan querida por el Gobierno Zapatero, tiene su propio Consejo Económico y Social en el

interior del cual existen comisiones diversas, entre ellas ‘regionales’. ¿Qué necesidad tiene el estado español de llevar a cabo a través de su propio CES una tarea en América si la ONU ya la hace? De nuevo la respuesta está clara: la política del gobierno Zapatero es la política de la continuidad en la gestión de los intereses del gran capital imperialista español.

El 4 de noviembre, la V Reunión conjunta de los Consejos Empresarial y Laboral Andinos aprobaba la Declaración de Lima que, en su punto 1 rezaba: “Nuestra convicción sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de participación y consulta de las organizaciones más representativas de empresarios y trabajadores en el seno de la Comunidad Andina y por ello invitan a las más altas instancias del Sistema Andino de Integración a iniciar un proceso de análisis y debate que concluya, en el más breve plazo, en la constitución del Consejo Económico y Social Andino (CESA), con competencias definidas y dotándolo de los recursos necesarios.”[li] En el punto 3 de la misma declaración se instaba la constitución del Observatorio Laboral Andino.

La situación de la clase obrera

¿La ‘seguridad’ no era de ‘izquierdas’? accidentes laborales

De acuerdo con un estudio realizado por CCOO, en el año 2003 se registraron 1.700.000 accidentes de trabajo de los que resultaron 1.033 obreros y obreras muertos. En el 2004, se produjo un descenso de los accidentes mortales (946) continuando con la tendencia comenzada en el 2002 a un suave descenso anual, pero: “Con la cifra total de accidentes (leves, graves y mortales) ha ocurrido lo contrario. La reducción en 2004 ha sido algo menos significativa que en 2003”[lii]. Según los datos presentados por el diario El País, con fuente en el Ministerio Trabajo y CCOO, los accidentes en el desplazamiento al puesto de trabajo (in itínere) aumentaron, al pasar de 77.728 en el 2003 a 93.287 en el 2004 (de ellos 452 y 510, respectivamente, mortales). Además, del total de estos accidentes mortales, dos tercios los sufren trabajadores temporales cuando éstos aún suponen sólo un tercio del total de trabajadores.... la relación causa efecto entre grado de explotación, condiciones de trabajo inferiores y accidentes laborales continúa siendo evidente por mucho que aún existan jueces capaces de penalizar a un trabajador accidentado por “exceso de celo en su trabajo” (sic) como lo hizo, el pasado mes de noviembre, un juez de Barcelona, absolviendo al mismo tiempo a los seis empresarios responsables (subcontratas y subcontratas); el albañil en cuestión quedó parapléjico a causa de una caída desde una altura de cinco metros, los empresarios se dieron prisa en pactar con él una indemnización (y lo hicieron, seguramente, porque sabían que eran inocentes) pero el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona decidió que si el empleado no llevaba casco, ni tampoco habían instaladas redes de protección era porque este trabajador demostraba un excesivo celo, sólo que, a pesar de las palabras de la sentencia, sería para no perder el trabajo. El 13 de enero un accidente laboral en Burgos, causado por tener el almacén de materiales y los vestidores sin separación y, además, ilegalmente situado en la planta baja de un edificio de viviendas, acabó con la vida de ocho trabajadores de la construcción y dejó gravemente heridos a otros cuatro. El 21 de febrero un albañil resultó muerto y otros siete heridos de diversa consideración al desplomarse la estructura de una de las obras de ampliación del metro de Madrid. El trabajador ecuatoriano fallecido estaba contratado, temporalmente, por una de las muchas subcontratas de Ferrovial. El 19 de enero se había realizado una visita a la obra por parte de la Comisión de Seguridad formada por sindicatos y empresas, entre las observaciones que hizo esta comisión está esta: “Se observó a unos trabajadores montando cimbra que no tenían la formación adecuada (eran encofradores)”[liii]. De nuevo queda claro para qué sirve firmar acuerdo con la patronal, otra vez la patronal escribe con la sangre de los obreros su opinión sobre qué es eso de la I+D: si no es más explotación a costa de las condiciones de la clase obrera... no interesa.

¿La ‘seguridad’ de ‘izquierdas’ tiene que traducirse en permanente riesgo de pérdida del trabajo?

El Consejo Económico y Social aprobó el pasado 22 de diciembre un informe, elaborado a instancias del ministerio de Trabajo para estudiar la incidencia de la temporalidad en el sector público. España es el país, de la UE de 25, con una tasa más alta de temporalidad entre los trabajadores de las administraciones públicas. Casi la cuarta parte de los trabajadores del sector público están contratados en precario doblando la tasa de temporalidad que existía en 1987 y habiendo aumentado desde el 16,1% de 1995 hasta el actual 22,4%. El acuerdo entre las cúpulas sindicales de la administración pública de CCOO, UGT y CSIF, del pasado mes de septiembre, que estipulaba un máximo del 100% en la tasa de reposición del personal, no podrá de ninguna manera contrarrestar esta realidad, si es que llega a aplicarse realmente. Pero el regalo inicial de 54,6 millones de euros a la banca para el Fondo de Pensiones de la Administración del Estado es ya, desde el paso mes de julio, una realidad que se va extendiendo a los trabajadores de la administración autonómica y local entregando parte de su salario diferido al albur de la especulación financiera. La tasa de temporalidad entre los trabajadores del sector privado alcanza el 32,3%. Un estudio realizado por encargo de la Fundación Alternativas, lo que equivale a decir nada sospechoso de sesgo proobrero, cifraba, en el mismo mes del año pasado, la tasa de temporalidad en la agricultura y ganadería en el 61,2%, en la construcción en el 56,6%, en el ‘servicio’ doméstico en el 48%, en el sector del cuero, marroquinería y calzado en el 47,2%, en la hostelería en el 37,7%, en los productos metálicos en el 29,6%....

En cuanto al paro, según datos del Ministerio de Trabajo del 2 de marzo, se evidencia que el ritmo de descenso de trabajadores en paro se enlentece. El diario El País, que recogía los datos el 3 de marzo, los comentaba así: “La bajada [del número de parados en el mes de febrero respecto a enero] es inferior a la de febrero de 2004 (10.074 personas) y sitúa el número de parados en 1,7 millones. El paro crece entre las mujeres y los jóvenes”[liv]. Comparando con el año 2004, el descenso en febrero de este año sólo alcanza el 60% del año pasado. Por otra parte, la construcción (sector inmerso en una burbuja que amenaza cada vez más con estallar) sigue siendo el sector que mayor aportación hace al descenso del paro representando el 63% de la caída mensual del desempleo, “según señala UGT”. El balance para el año 2004 completo es parecido: “España creó 461.300 nuevos, una cifra algo inferior a la del mismo período de 2003 (484.700)”[lv]; con una población activa, según datos de la Encuesta de Población Activa, de 19.330.400 millones, la ocupada sobrepasó un poco los 17 millones y la parada no bajó de los dos millones. Según datos del INEM, los nuevos contratos realizados en el 2004 se repartieron entre un 8,6% de indefinidos y un 91,3 de temporales.

La explotación de la clase obrera sigue aumentando

Según datos del Banco de España, referidos al año pasado, el 55,5% del salario medio anual de los españoles está destinado a la devolución de prestamos hipotecarios. El estudio no desagrega por clases sociales pero es evidente que entre la clase obrera este porcentaje debe ser muy superior.

A partir de datos del Ministerio de Trabajo, hechos públicos en diciembre de 2004, queda claro que la negociación colectiva del año pasado repercutió en una moderación salarial que supuso que la subida salarial media (que fue del 2,9%), en los convenios registrados en 2004, fuera inferior a la inflación (que en noviembre se había situado en el 3,5% interanual y acabó el año en el 3,2%); aunque al hablar de inflación o del IPC es necesario desagregarlo concretando en qué partes de la cesta de la compra incide más; el del 2004, por ejemplo, contenía una subida del 4,1% en los alimentos elaborados; del 5,5% en tabaco, del 4,2% en enseñanza y, por fin, del 6% en transporte. La juventud, la clase obrera obligatoriamente debe alimentarse y desplazarse para trabajar. Es evidente que una inflación del 3,2% incide en un porcentaje mayor en la juventud y clase trabajadora.

A pesar del aumento de julio, y del acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal el 27 de diciembre de 2004 (que fijó un aumento del 4,5% para el 2005 situándolo en 512,9 euros), el salario mínimo interprofesional sigue siendo el segundo más bajo de la UE de los 15. Pedro Solbes, de quien tan buena opinión tiene Fidalgo como ya hemos visto, verbalizó la imposibilidad de cumplir la promesa electoral de alcanzar los 600 euros para el SMI en estos términos en un programa de radio “Me preocupa que un sistema excesivamente automático tenga un impacto negativo sobre el crecimiento de los salarios y, por tanto, sobre competitividad y empleo”[lvi]. La CEOE unida al ‘independiente’ Solbes el mismo 12 de enero, se posicionó públicamente en contra de los aumentos automáticos del SMI aprobados por el último Consejo de Ministros del 2004 a partir del 2008, para protegerlo frente a la inflación, y dio por agotadas la subidas con la pactada en diciembre. Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares que elabora el INE[lvii], aún más de la mitad de los hogares (el 55%, es decir casi ocho millones de familias) sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes, el 11,7% tiene ‘muchos problemas’ frente a un exiguo 1,26% que llega con ‘mucha facilidad’; el 37,9% pudo ahorrar algo mejorando respecto al año 2003 en que sólo lo pudo hacer el 34,5%... pero esta mejora se ha hecho a costa del consumo que se ha estabilizado. El endeudamiento de las familias es ahora el doble que el registrado en 1998, la deuda media por familia es de 39.000 euros y ha aumentado, en el 2004 respecto al año 2003, en un 18% . No es de extrañar que la encuesta financiera de las familias, realizada por el Banco de España, arroje como resultado que los empleados por cuenta propia detentan una riqueza que duplica a la de los asalariados aunque aquellos sólo representen el 11,4% de los hogares estudiados. En primer lugar hay que matizar que incluso dentro de la categoría de ‘hogares con cabeza de familia empleado por cuenta propia’ se darán disparidades que no podemos saber a falta de la desagregación de datos (a tener en cuenta que, con la actual política de destrucción de plantillas, buena parte de los ‘autónomos’ son simples asalariados sin derechos de convenio). Los datos brutos, hechos públicos por el Banco de España en noviembre del 2004, son los siguientes: la media de riqueza de los hogares encabezados por un ‘trabajador’ por cuenta propia es de 327.300 euros, la de los asalariados de 130.000[lviii]; la deuda de los hogares con cabeza de familia ‘trabajador por cuenta propia’ sólo representa un 14% de la riqueza que poseen frente al 22% que supone la deuda de los asalariados frente a la riqueza que poseen.

…los beneficios también

Frente a este empeoramiento de la situación de los trabajadores “Las empresas cotizadas en Bolsa repartieron el pasado año entre sus accionistas 14.174,6 millones de euros, lo que supone duplicar lo que se pagó en el 2000 y marca un récord en el volumen de dividendos.”[lix] Este dato aún es más preciso si se tiene en cuanta que sólo 42 euros de cada 100 euros de los beneficios obtenidos se destinaron a repartir dividendos. A los accionistas se les transfirieron más beneficios también, como se hace normalmente, mediante la entrega gratuita de acciones resultado de ampliaciones de capital. El beneficio de los grupos bancarios consolidados (que tiene en cuenta también a las filiales latinoamericanas) creció en septiembre del 2004 un 36%; parte nutricia de esto beneficios están siendo las ‘comisiones’ (que recaen sobremanera en las economías de asalariados y jubilados) que, si en 1984 suponían el 12,8% de los ingresos, en el 2004 supusieron el 29,8%. El beneficio ordinario de las empresas no financieras subió, desde enero a septiembre de 2004, un 18,6%[lx], gracias al aumento del consumo y el descenso de gastos de personal (es decir, salarios puesto que el gasto medio por trabajador se había reducido desde el 3,7% de 2002 al 3,2% del 2004).

Según estimaciones del BBVA el 0,16% de los contribuyentes españoles poseen el 27% de los depósitos bancarios.

y los impuestos contra la clase obrera se mantienen

Los impuestos recaen mayoritariamente sobre la clase obrera, sobre los asalariados que ni pueden ‘escapar’ al IRPF ni pueden evitar el IVA. Zapatero prometió en su programa electoral, y reiteró en su discurso de investidura, una reforma fiscal radical en las plusvalías. Pero Pedro Solbes ya rectificó en junio del 2004 afirmando, ante empresarios reunidos por el diario Cinco Días, que “hacer cambios en tiempos de mudanza no es la mejor de las opciones”. La concreción de las promesas electorales vino en diciembre cuando el Gobierno aprobó las nuevas retenciones del IRPF para el año 2005. Frente a la promesa electoral de ‘limpiar’ el IRPF del efecto de la inflación “el Gobierno sólo descontará la inflación prevista (2%) cuando el índice de precios de consumo (IPC) va ya por el 3,5%, según los datos de noviembre”[lxi].

El caso Ízar: como Zapatero cumple sus promesas a los obreros

El 2 de marzo se escenificó en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Madrid el triunfo de la división de las luchas de la plantilla de Ízar, realizado en comandita por la SEPI, UGT y CCOO. Seis astilleros (Ferrol, Fene, Cartagena, Cádiz, Puerto Real y San Fernando) se segregan de Ízar para formar Navantia, que se presentó en sociedad ese día. Navantia será una empresa de construcción de buques de guerra que contará con un 20% de plantilla de ingenieros. La clase obrera, por más aristócrata que sea, va siendo expulsada de las grandes empresas y tiene que acceder al trabajo a través de subcontratas mientras los ‘ingenieros’ siguen aumentando su poder. El próximo mes de abril comenzará a negociarse con los mismos sindicatos que ya han destruido toda posibilidad de defensa, la venta de las fábricas de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla.

Los primeros Presupuestos de Zapatero: no es tiempo de mudanzas

El 28 de septiembre, Pedro Solbes presentó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. El 27 de octubre estos Presupuestos fueron aprobados por el Congreso de los Diputados con 180 votos a favor (PSOE, ERC, Izquierda Verde) y 157 en contra (PP, CiU, PNV, BNG, EA y Nafarroa Bai). El tan cacareado giro social que representaría los nuevos presupuestos se quedó en... unos presupuestos que prevén, de nuevo, superávit a costa del de la Seguridad Social (es decir de los salarios diferidos de los trabajadores). La previsión es un déficit del 0,5 % en el PIB, compensando con un superávit del 0,7 % en la Seguridad Social (otra vez más el salario diferido de la clase obrera financiando al estado burgués), lo que arrojaría un superávit total del 0,1%. José A. Herce, director de FEDEA y profesor de la Universidad Complutense, se alegraba de la continuidad de estos presupuestos con los del PP mofándose, de paso, de IU en su apoyo a los presupuestos, en base a que representan un ‘giro social’: “Es, para mí, cuestionable que estos aumentos representen el ‘giro social’ que se comenta por ahí [...] Un ‘giro social’ como el que algunos tienen en mente haría estallar las costuras del presupuesto y provocaría una paralización de la sociedad y la economía. De manera que, señor Rodríguez Zapatero, siga también así, con gestos presupuestarios pero sin inflar la cosa.”[lxii] Si el 22 de diciembre el Senado había levantado el veto a la aprobación de los Presupuestos Generales, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba un macroproyecto de infraestructuras a fin de mantener en marcha el motor del crecimiento basado en la construcción. Este macroproyecto prevé la inversión de 241.392 millones de euros hasta el 2020, millones que serán aportados en un 60% por los Presupuestos Generales, para beneficio de las grandes constructoras, y el resto directamente por el sector privado. Esta fue la primera gran iniciativa del Gobierno Zapatero en el terreno económico, bastante alejada de un cambio de modelo en la economía puesto que no hace más que seguir los pasos marcados por el Gobierno del Sr. Aznar

Los límites de la economía capitalista en España

El 1 de febrero el Banco de España avanzó datos globales sobre la evolución de la economía española en el 2004. El Banco de España estima un crecimiento del 2,6% para el conjunto de la economía en el año pasado, crecimiento que estuvo basado en el la demanda interna que creció por encima del 4%; esta demanda interna estuvo alimentada, sobretodo, por el consumo y por la inversión (particularmente de nuevo la construcción y en cierta medida por la inversión en bienes de equipo que ‘despegaron’ un poco respecto a los años anteriores); el talón de Aquiles vuelve a ser el déficit comercial ya que la mayor importancia de las importaciones frente a las exportaciones restó 1,5 puntos al crecimiento global. Estos datos es necesario precisarlos con algunas de las consideraciones que, en el mismo informe, hacía el Banco de España: la vivienda sigue aumentando sus precios (17%) pero el endeudamiento de las familias aumenta aún mas (20%), el mismo organismo confiesa que no atisba indicios de una desaceleración del precio de la vivienda y advierte del peligro de que este hecho haga caer el consumo (que, recordemos, tanto ayudó al exiguo crecimiento del 2,6%), mucho más teniendo en cuenta que las tasas de ahorro alcanzaron niveles negativos en el último trimestre del año y que, también en el último trimestre, la débil recuperación de la inversión en bienes de equipo se frenó. En ese mismo último trimestre se produjo “cierta corrección del desequilibrio exterior en la recta final del año”. Pero el problema está en que esa corrección fue debida, únicamente, a la menor inversión en bienes de equipo y al turismo. Los resultados definitivos, hechos públicos el 23 de febrero, no han cambiado sustancialmente el avance aquí reseñado. El déficit comercial ha detraído 1,7 puntos al PIB en lugar de los 1,5 previstos, el PIB global creció 2,7% en lugar del 2,6% previsto, la productividad avanzó 0,6% (una décima menos que en el 2003).

La minería del carbón, en permanente proceso de ‘reconversión’, tendrá que afrontar este próximo año la traducción del Protocolo de Kioto en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones 2005-2007. Suenan tambores de la patronal sobre la dificultades que tendrá para asumir las obligaciones que el plan les impone que, según ellos, hará peligrar 11.430 puestos de trabajo (la mitad en Asturias). Lo que parece evidente es que la tendencia a la disminución del consumo del carbón nacional (cifrada en un 7% desde 1996 hasta el 2003) estará acompañada del aumento de la importación del mismo material (que, para el mismo período. creció en un 135%). En el sector del textil también se presentan nubarrones para los trabajadores puesto que el 1 de enero entró en vigor la liberalización del sector acordada por la Organización Mundial del Comercio. En estos momentos este sector da trabajo a 243.000 personas. “En el mejor de los casos la liberalización acarreará la destrucción de 72.000 empleos hasta 2010.”[lxiii]

Continua la pérdida de inversiones directas extranjeras que lleva tres años de retrocesos y que, en el 2003 (según datos hechos públicos por Eurostat en agosto de 2004), alcanzó un 40% de retroceso (este fenómeno afectó también a los países de la UE pero el retroceso en ellos sólo alcanzó el 15%). El 40,5% de esta inversión disminuida se destinó a la compra de viviendas. Si en el año 2000 la inversión extranjera en sociedades (empresas) representó el 6% del PIB en el 2003 sólo alcanzó el 1,4% según estimaciones de La Caixa en el mes de abril pasado. Es preciso relacionar este hecho con el elevado endeudamiento de las familias y el peso que el consumo, apalancado en este endeudamiento, tienen para comprender el alcance de la advertencia hecha por Julio Rodríguez (economista, estadístico y ex presidente del Banco Hipotecario): “... la sobrevaloración de los activos inmobiliarios tiene más riesgos que la de los activos bursátiles. El efecto riqueza descansa mucho más en este caso en el endeudamiento que en lo se refiere a las acciones [...] La orientación básica de la política económica [...] debería ser la mejora de la posición competitiva de España en la economía mundial y la reducción de la dependencia del crecimiento respecto de la construcción residencia y de unos activos revalorizados.”[lxiv] Pero la tendencia de la economía española es a la pérdida de competitividad; en mayo de 2004 el Índice de Tendencia de la Competitividad[lxv] señalaba un caída del 5,3% (hay que retroceder a 1990 para encontrar una caída peor); respecto a los doce países de la Eurozona la caída era del 2,4% (quitando argumentos a los que explican la caída por la fortaleza del euro); esta pérdida de competitividad repercute en la producción industrial que, según Ángel Laborda (director de coyuntura de FUNCAS) “... viene situándose por debajo de la media de la eurozona, a pesar de que las empresas españolas se benefician de un crecimiento de su mercado doméstico mucho mayor que sus competidoras europeas”[lxvi]. Según datos del Ministerio de Industria, conocidos el pasado mes de enero, España perdió 4,4 puntos de competitividad en el 2004 habiendo acumulado en los últimos 10 años una pérdida de 12 puntos frente a sus socios europeos.

Uno de los recursos más usados para intentar hacer aceptar a la clase obrera más flexibilidad en sus condiciones laborales y salariales es que, a cambio, la patronal tendrá en cuenta la necesidad de invertir en I+D. Esta falta de inversión en desarrollo e investigación justifica, también, la pérdida de competitividad, pérdida que, a su vez, se deriva del escaso crecimiento (o pérdida) en la productividad del trabajo. Ya hemos señalado como las inversiones de capital extranjero en España están dirigiéndose al sector de compra de vivienda y abandonando a marchas forzadas los sectores de la producción industrial. El último informe del Banco de España al respecto añaden más datos, de los enumerados arriba, que confirman esta tendencia. La inversión de capital extranjero ha caído de 40,7 millares de millones de euros en el 2000 a 22,7 en el 2003. La compra de acciones no cotizables en bolsas, es decir de empresas alejadas de la especulación bursátil, alcanzó los 17,5 millares de millones de euros en el año 2000 para bajar al mismo valor (-17,5) pero negativo en el 2002. Lucía Abellán, que comentaba estos datos en el diario El País del 14 de marzo, señalaba como explicación a esta tendencia “España ya no puede competir en esas condiciones [los bajos costes de producción] basadas en costes laborales ínfimos, pero tampoco ha desarrollado suficientemente su capacidad de innovación como para ser receptora de proyectos más sofisticados”, es decir con un mayor ‘valor añadido’ en investigación y desarrollo que permita al capital extraer una mayor tasa de plusvalía relativa. Pero el gasto español en innovación y desarrollo ha crecido entre 1998 y 2003 en un 7,6% de media anual frente a la media, en el mismo período, de un 4% que registraron los 25 países de la UE, según datos de Eurostat.

La productividad de la economía española sigue descendiendo desde 1995, durante la década 1985-1995 aumentó a un ritmo del 1,5% (claramente insuficiente para recuperar el terreno perdido a nivel internacional), para situarse en una media de crecimiento del 0,6% entre 1995 y 2003[lxvii]; la acumulación de capital continua situada en el 67% de la media de los países de la Eurozona. Pero, si se tiene en cuanta la productividad por hora trabajada (y es importante hacerlo puesto que “En lo único que superamos con creces a la media de la UE es en el número de horas anuales efectivamente trabajadas, que es de 1.807, frente a sólo 1.623 de la UR, es decir un 11% más.”[lxviii]), la productividad en España es 16 puntos inferior a la media europea según une estudio del INE hecho público el pasado 9 de diciembre y, según la OCDE[lxix] durante el período 1994-2003 su tasa de crecimiento ha sido la segunda menor (tras México) de todos los países pertenecientes a este organismo.

Productividad por ramas de actividad.2004

Productividad por ramas de actividad.2004

Tasas de variación anual

Agraria y pesca

Industria

Energía

Construcción

Servicios

TOTAL

PIB

-0,6

2,2

1,7

3,7

2,8

2,7

Empleo

-2,1

-0,8

-1,5

3,9

3,0

2,1

Productividad

1,6

3,0

3,3

-0,3

-0,3

(Cuadro extraído de: Es necesario un nuevo modelo de productividad que apueste por el empleo de calidad, Comunicado de Prensa, del 23/2/05, de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT)

COMPARATIVA DE TASA DE VARIACION ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE ‘MANUFACTURAS’

(Fuente: El País, 5/3/05, con fuente en AMECO y para siete países-zona)

País-zona/años

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

96-03

España

2,1

-0,1

2,2

0,7

0,7

0,9

0,4

0,6

3,1

1
EEUU

5,6

3,5

6

4,4

5,5

6,8

-1,3

10,2

6,8

5,2

EU 15

0,3

4,4

2

1,9

4,3

0,6

1,8

2,5

2,2

El 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Dinamización de la economía española que, básicamente, persigue abaratar la especulación en la Bolsa, asegurar el control de las grandes empresas de la energía, realizar reformas fiscales para subvencionar a la empresa privada que impulse la productividad laboral, dar un último empujón a la especulación inmobiliaria (que amenaza con cerrar su ciclo de expansión gracias a los tipos de interés bajos), mediante apoyos a los fondos de inversión que dediquen capital a las viviendas en alquiler y bonificaciones fiscales del 80% a las empresas privadas que hagan lo mismo. En el caso de las ‘sociedades de inversión inmobiliaria’ se le permite dedicar el 20% de lo total de viviendas gestionadas al sector del alquiler, se les admite un máximo de 135 metros cuadrados con dos plazas de garaje, sólo se les obliga a mantener este 20% de viviendas un mínimo de cinco años en régimen de alquiler y, para poner la guinda al regalo, los beneficios obtenidos tributarán al 1% en el impuesto de sociedades (ya de por si bajo con su 35%). En cuanto a la tan cacareada Agencia Pública del Alquiler, que puso en marcha el Gobierno Zapatero el 25 de febrero, esta agencia no es más que un instrumento directo de apoyo al capital especulativo inmobiliario teniendo en cuenta que su objetivo es ‘intermediar’ en el mercado para ‘dar seguridad jurídica’ a los propietarios (¡pobrecitos!): ¡todo un ‘Plan de choque’ pero contra la juventud y a favor del gran capital! Ya lo ha dicho el PP: más de lo mismo. Es decir: “humo” para ocultar el apoyo directo al supuesto ‘libre mercado’ sujeto por cadenas de hierro a las leyes del gran capital.

Por otra parte la ampliación de la UE compromete los fondos europeos de tal modo que el Gobierno se vio obligado, por boca de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (secretario de estado de Hacienda), a amenazar el pasado 3 de marzo con vetar el presupuesto de la UE (“España no dará nunca su acuerdo a esta propuesta” porque la propuesta es “absolutamente intolerable”. Y es que el capitalismo español, bueno para especular en otros países imperialistas, explotar a la clase obrera, robar a los países subdesarrollados y amamantarse del maná del Estado, no consigue ser competitivo globalmente en el marco de la UE. Desde el año 2002 España es el uno de los cuatro países europeos que más competitividad ha perdido.

La economía española ha logrado reavivar un imperialismo español pero de tercera fila, imperialismo que no logra ponerse a la altura de sus ‘socios’ europeos. Tanto las desventajas en competitividad como en productividad pugnan por sobreponerse cada equis tiempo pero no logran alcanzar al resto de imperialismo europeos (en especial Francia y Alemania en el aspecto industrial e Inglaterra en el financiero). Hace una década, José L Raymond Bara escribía “... si bien España puede proseguir el proceso de aproximación a Europa, para ello es preciso: [...] b) Potenciar el crecimiento de la productividad. En economías abiertas, el crecimiento de la productividad tiende a manifestarse en una mejora de la competitividad y en una expansión del output. La economía española disfrutó en la década de los 60 de rápidos crecimientos de productividad, subproducto de un bajo nivel inicial de partida. Progresivamente esta ventaja se va agotando debido al propio proceso de acortamiento de distancias”[lxx]. Como el lector ha podido ver más arriba, diez años después, las distancias aún no se han acortado suficiente y el aliento se ha perdido ya si tenemos en cuenta los últimos datos suministrados por el Banco de España sobre el déficit exterior en función de la balanza de pagos por cuenta corriente. Más arriba hemos aportado datos que ahora, cuando cerramos la redacción de este número, se ven empeorados. Según datos del Banco de España el déficit exterior se duplicó en el 2004, pasando a representar el 5% de la Producto Interior Bruto. La brecha entre exportaciones e importaciones aumentó, en el 2004, un 37%; el saldo comercial arroja la magnitud negativa de 51.884, 6 millones de euros.

SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE

(en millones de euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-2.598

-13.112

-20.991

-18.346

-16.881

-20.828

-39.535

SALDO COMERCIAL (en millones de euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-18.480

-28.585

-37.778

-36.396

-34.602

-37.842

-51.884

IU, ERC, PSOE: un acuerdo de legislatura ¿a favor de quién?

El 23 de febrero los dirigentes del PSOE, José Blanco y Pérez Rubalcaba, y los dirigentes del IU, Rosa Aguilar y Felipe Alcaraz (enfrentados a muerte en la última Asamblea Federal de IU), se reunieron en la sede federal del PSOE para sellar un acuerdo que garantice un “marco estable” de colaboración política entre ambos partidos a fin de garantizar la gobernabilidad durante el resto de la legislatura. Como resultado del acuerdo se crearan cuatro comisiones de trabajo que tratarán sobre las reformas estatutarias, la política municipal, el modelo audiovisual público y las reformas fiscales.

Dos días más tarde, el 25, Carod Rovira, en representación de ERC, acudía al Palacio de la Moncloa (evitando la foto de llegada) y se entrevistaba con Zapatero. De la entrevista resultó el acuerdo de creación de una comisión destinada a avanzar en la elaboración de un pacto de legislatura estable, es decir: asegurar la gobernabilidad. Las dificultades provenían, según palabras de Carod Rovira, de la “falta de hábito de un acuerdo estable de las izquierdas con el Gobierno”. ¿Sobre qué bases trabajaran los dirigentes del PSOE y de ERC para ir habituándose a la colaboración en aras de la gobernabilidad? En la misma reunión Carod y Zapatero llegaron al acuerdo de que los contenidos sobre los que trabajará la comisión en cuestión serán: una Ley de Estabilidad Presupuestaria que, si bien a largo plazo buscará la flexibilidad, en esta legislatura blindará la búsqueda del déficit cero; la dotación de una mayor capacidad de aumentar los impuestos directos por parte de las autonomías para, así, luchar contra el déficit sanitario; introducir en la redacción de la ley que sustituya a la de Calidad de la Enseñanza facilidades de financiación a las comunidades autónomas y eliminar los

itinerarios; reforzar la asistencia social a las personas dependientes; llegar este año al cierre de la negociación del Estatuto catalán; comprometer infraestructuras para Cataluña (estas dos últimas líneas de trabajo a propuesta de ERC) y la desaparición de la energía nuclear, construcción de edificios con criterios más ecológicos y aumentar la lucha contra el fraude que son líneas de trabajo prioritarias para IU-ICV (es decir IV).

Anteayer, día 14 de marzo en el que se cumplía una año de la derrota del PP, se reunió la mesa del ‘mercado de trabajo’ (gobierno, patronal y dirigentes de UGT y CCOO) por primera vez formalmente. Ayer el Ministerio de Trabajo difundió un documento en el que se recogían las sugerencias que el gobierno Zapatero hizo en esta primera reunión: el gobierno propone en él extender a todos los contratos nuevos la indemnización de 33 días, ahora está en 45... con las excepciones, generales, que marcó la reforma laboral pactada en 1997 entre las cúpulas de UGT y CCOO con la CEOE bajo el gobierno del Sr. Aznar. El gobierno Zapatero, en efecto, no le quiere ir a la zaga al Sr. Aznar y sus gobiernos. Las propuestas del gobierno Zapatero también van encaminadas a aumentar los período de prueba, necesarios

para ‘alcanzar’ el contrato indefinido, y rebajar las cuotas a la Seguridad Social de las empresas de trabajo temporal

ya que, otro de los objetivos del gobierno, persigue “favorecer la actuación de estas empresas como intermediarias en el mercado laboral”. Gobernar y legislar a favor del gran capital, de la burguesía, y contra la clase obrera y la juventud; todo ello en continuidad, y profundización, de la política del PP pero sometiéndola a una reparación que recomponga su aspecto, que no su esencia. Estas son las bases sobre las que se está negociando el ‘acuerdo de legislatura’.

16 de marzo de 2005

[i] Todas las citas del debate: El País, 16/4/04, pp. 17, 18 y 19.

[ii] El País, 13/5/04, p. 26

[iii] El País, 19/4/05, p. 14

[iv] El País, 5/12/04, p. 26

[v] El País, 13/4/05, p. 16

[vi] El País, 21/4/04, p. 19

[vii] El País, 5/1/05, p. 26

[viii] El País, 20/5/04, p. 16

[ix] El País, 29/5/04, p. 19

[x] El País, 7/10/04, p. 27

[xi] El País, 17/11/04, p. 20

[xii] El País, 1/11/04, p. 23

[xiii] El País, 11/2/05, p. 18

[xiv] El País, 5/1/05, p. 26

[xv] El País, 5/5/04, p. 24

[xvi] El País, 39/11/04, p 14

[xvii] El País, 30/3/04, p 17

[xviii] El País, 15/5/04, p. 21

[xix] El País, 16/5/04, p. 18

[xx] El País, 4/6/04, p. 18

[xxi] El País, 7/1/05, p 20

[xxii] ídem supra

[xxiii] El País, 27/1/05, p. 24

[xxiv] El País, 2/2/05, p. 22

[xxv] El País, 23/4/04, p. 21

[xxvi] El País, 5/1/05, p. 18

[xxvii] El País, 11/1/05, p. 18

[xxviii] El País, 14/1/05, p. 15

[xxix] El País, 5/1/05, p. 21

[xxx] El País, 17/1/05, p. 24

[xxxi] El País, 28/3/04, p. 57

[xxxii] El País, 10/6/04, p. 58

[xxxiii] El País, 18/11/04, p. 62

[xxxiv] El País, 19/6/04, p. 69

[xxxv] El País, 4/10/04, p. 87

[xxxvi] El País, 8/6/04, p. 56

[xxxvii] El País, 22/4/04, p. 16

[xxxviii] El País, 27/5/04, p. 6

[xxxix] http://www.euskadiconfidencial.com/Confidencias/050604Tropas%20en%20Hait...

[xl] ONU, Informe sobre el Desarrollo Humano 2004.

[xli] El País, 21/2/05, p. 5

[xlii] El País Negocios, 11/7/04, p. 16

[xliii] El País, 19/1/05, p. 21

[xliv] El País, 30/11/04, p. 10

[xlv] El País, 10/11/04, p. 51

[xlvi] Expansión, 16/3/04, p. 3

[xlvii] El País, 14/2/05, p. 84

[xlviii] El País, 26/1/05, p. 24

[xlix] El País, 20/2/05, p. 22

[l] El País, 2/11/05, p. 70

[li]http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/dec3-11-04.htm

[lii] El País, 25/1/05, p. 52

[liii] El País, 22/2/05, p. 28

[liv] El País, 3/3/05, p. 61

[lv] El País, 29/1/05, p. 51

[lvi] El País, 12/1/05, p. 45

[lvii] Referida al tercer trimestre del 2004

[lviii] La de los jubilados es de 156.000 pero en esta categoría se mezclan los que fueron ‘trabajadores por cuenta propia’ y los que fueron asalariados.

[lix] El País, 7/1/05, p. 56

[lx] Según datos de la Central de Balances del Banco de España

[lxi] El País, 29/11/04, p. 71

[lxii] El País, 29/9/04, p. 64

[lxiii] El País, 2/1/05, p. 51

[lxiv] El País, 20/12/04, p. 76

[lxv] elaborado por la Subdirección de General de Estudios del Sector Exterior y referido al cuarto trimestre de 2003

[lxvi] El País Negocios, 21/11/04, p. 17

[lxvii] Según datos de un estudio difundido el 4 de marzo de 2005 por la Comisión Europea (Spain in EMU: A virtuous long-lasting cycle?)

[lxviii] Guillermo de la Dehesa, “El reto económico del nuevo Gobierno: la productividad”, El País, 1/6/04, p. 63.

[lxix]Economic policy reforms: goings for growth, 2005.

[lxx] Raymond Bara; 1995, “Convergencia real de España con Europa”, en, Problemas económicos españoles en la década de los 90