El referéndum destinado a perpetuar la Europa de la explotación y la opresión

Los jefes de Estado y ministros de exterior firmaron en Roma, el pasado 29 de octubre, el Tratado de Constitución para Europa. Representaban a 25 estados que tendrán que ‘ratificar’ este Tratado. Las Cortes del Reino de España aprobaron permitir al presidente del gobierno la firma del Tratado, el Tribunal Constitucional dictaminó también que no había nada que objetar a tal firma y que, para ello, no era necesario ningún cambio en la Constitución del Reino de España.

El 14 de noviembre, en unas jornadas del PSOE sobre la Constitución para Europa, Zapatero declaraba. “Todos los partidos estuvimos juntos a favor de la Constitución de 1978 y ahora vamos a estar juntos en la Constitución europea; es el mejor reconocimiento al triunfo de la democracia en España”. En las mismas jornadas Zapatero agradeció al PP su pronunciamiento a favor del sí a la Constitución para Europa. El 26 de noviembre se realizaba en Madrid un encuentro de líderes socialistas del Partido Socialista Europeo, todos se pronunciaban por apoyar la ‘Constitución europea’; Zapatero se dirigía a sus colegas con estas palabras: “Los socialistas tienen que ser la voz más poderosa en defensa de la Constitución Europea.” A principios de enero la dirección del PSOE prohibía realizar críticas al PP en la campaña del referéndum europeo. Los principales

partidos representantes de la burguesía española, el uno directamente y el otro indirectamente, conformaban un frente unido en defensa del mantenimiento y perpetuación de la dominación de la burguesía y de los imperialismos europeos; en la defensa de votar sí en el referéndum del pasado día 20 de febrero. A este frente se unieron CiU, PNV y Coalición Canaria. Por su parte, CCOO y UGT también se unieron al frente del sí al Tratado de Constitución para Europa.

IU se pronunció por votar no en el referéndum, no sin dejar claro que “los sectores de la derecha que piden el no son irrelevantes” y que “la izquierda tiene que plantarse” porque “se habla 78 veces de la necesidad de la competitividad del mercado, 28 de la estabilidad de precios y se cuentan con los dedos de una mano los aspectos sociales.” , según palabras de Llamazares. Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya también se pronunciaba por participar en el referéndum y llamaba a votar no porque, en boca de su Secretario General Joan Puig, “No existe Europa, no hay voluntad unificada de los Estados. Nosotros queremos más Europa y para eso hay que dar un toque de atención.”

Los mensajes del PSOE para participar y votar sí en el referéndum se resumían en su eslogan: “Se trata de Europa”; los de IU y acólitos en “otra Europa es posible”.

¿De qué Europa se trata?

Por más que Zapatero pretenda que “La Constitución promueve la cohesión económica, social y territorial porque el Tratado ‘constitucionaliza’ el modelo social de Europa” lo que el Tratado constitucionaliza de forma muy concreta en su Parte III (“De las políticas y el funcionamiento de la Unión”) es la Europa sometida a la burguesía y al imperialismo ya que la declaración de intenciones de su artículo I-3 (“La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado ... en una economía social de mercado altamente competitiva...”) sólo plasma políticas concretas en el sentido de asegurar la mayor flexibilidad del mercado laboral en aras de la defensa de la ‘competencia’ y la ‘competitividad’. En vano buscará un joven trabajador en toda la parte no declarativa, la III, alguna concreción de cara a esos prometidos derechos sociales... no encontrará nada. Con placer leerá todo empresario ‘necesitado’ de aumentar la explotación de sus trabajadores, para mejor competir, este apartado pues está consagrado a ‘institucionalizar’ la explotación del hombre por el hombre, el respeto sacrosanto a las fronteras estatales, la garantías para que las grandes potencias imperialistas europeas puedan seguir con sus tejemanejes en defensa de los intereses de una minoría. Todo ello bendecido con la más rancia y oscurantista tradición religiosa, como muy acertadamente reconocía el eurodiputado del PP Iñigo Méndez. “Los tratados de la UE nunca han incluido referencias religiosas. En la Constitución, en cambio, hay un reconocimiento de las Iglesias y de sus relaciones con la Unión. Y hay una referencia a la herencia religiosa en Europa..”; en efecto, el Preámbulo comienza “Inspirándose en la herencia cultural, religiosa...”

Con razón Zapatero podía afirmar el 11 de febrero en Barcelona, acompañado por el líder burgués francés Chirac, que el acto al que estaban convocados los simpatizantes del PSOE era “un acto que no es de partido, porque la decisión que tenemos que tomar no es una decisión de partido sino de país”. Pero en este ‘país’ están incluidos los explotados y los explotadores, la burguesía. Y la Constitución se hace para perpetuar la dominación de ésta, para asegurar el mantenimiento de la explotación.

Cándido Méndez, Secretario General de UGT, defendía el sí a la Constitución, entre otras cosas, porque “define el modelo económico como economía social de mercado”, ya hemos visto que, para ser más exactos, la Constitución continúa aclarando ‘altamente competitiva’, cuestión que Méndez olvidaba citar. Otro argumento que usó fue que “se está mejorando nuestra correlación como trabajadores y sindicatos frente a la estrategia de las multinacionales” pasando a recalcar que existen 640 comités de empresa europeos, sólo con facultades de información y consulta, para responderse a sí mismo a su misma pregunta: “¿Significa eso que de la noche a la mañana vaya a existir un convenio europeo en una empresa? No, pero es la base necesaria para poder plantearlo”. De la noche a la mañana no será posible lo que desearía Cándido pero en octubre pasado ya fue posible la creación de empresas bajo el paraguas legal de Sociedad Europea, empresas que tendrán garantizada por la normativa europea, aprobada el pasado 8 de octubre, la división de sus trabajadores estado por estado y la posibilidad de cambiar sus sede social de estado a estado sin cortapisas y unificar su gestión y publicación de información financiera acabando con la división en filiales por países si así le interesa al gran capital.

Otra Europa es posible, sí..

pero ¿cuál y cómo?

Los partidarios de participar en el referéndum votando no a este Tratado, porque ‘otra Europa es posible’, desarrollaron una campaña de bajo perfil con el obvio objetivo de no aumentar la abrumadora abstención de las últimas elecciones europeas y porque están apresados en su apoyo a esta Europa; a la Europa del gran capital y de los imperialismos. Por eso debían acabar excusándose, por su llamamiento a votar no, con palabras como las citadas más arriba: “hay que dar un toque de atención”, “la izquierda debe plantarse”. Y ello porque sus propuestas políticas se enmarcan dentro del respeto a la ‘construcción europea’ bajo la batuta de la clase social que llevó y lleva la destrucción al continente, bajo la dominación de la burguesía. Gaspar Llamazares lo dejó muy claro cuando afirmó el 10 de febrero que no pretendía “una Constitución a la carta de la izquierda” sino avivar un debate “en lo que es la identidad europea”.

Bajo el dictado del capitalismo, la Europa que se avecina es la Europa de las guerras fraticidas en los Balcanes, de las intervenciones imperialistas en la misma Europa (Yugoslavia) o en el resto del mundo (Irak, Haití, Costa de Marfil..), de las fronteras nacionales que encarcelan a trabajadores y naciones oprimidas, de la destrucción de puestos de trabajo, de la ruina para los pequeños agricultores y el engrandecimiento de los terratenientes y grandes empresas agrarias, del aumento de la explotación en aras de defender la ‘competitividad’, de la pérdida de conquistas sociales gracias a la prosecución de la destrucción de la sanidad y educación públicas y gratuitas; del avance del oscurantismo religioso so capa del respeto a la ‘diversidad’. Porque todos los ‘avances’ que se han realizado en la ‘construcción europea’ lo han sido hacia la protección del mercado (tanto interior como exterior), hacia el aumento del grado de explotación de la clase obrera asegurando la bajada de los salarios tanto los directos como los ‘diferidos’ (sanidad y jubilaciones); porque los ‘avances’ para asegurar la paz lo han sido o bien para plegarse a la paz militar de EEUU o bien para imponer la ‘paz’ de las armas, de los bombardeos y la ocupación imperialista. Puede que Zapatero tuviera un lapsus cuando afirmó, el 15 de febrero, que el Tratado para la Constitución europea es “el camino más sólido que ha conocido la historia hacia el ideal de la paz perpetua”, la paz perpetua tiene en castellano connotaciones de cementerio. Y es que no puede ser de otra forma pues lo único que unifica a las diversas burguesías europeas son los ataques contra la clase obrera y la pequeña burguesía (especialmente los pequeños agricultores) y las componendas para mantener sus precarias posiciones imperialistas. Si ‘otra Europa es posible’ tendrá que ser rompiendo la dominación de la clase burguesa, dominación que se ejerce política, policial y militarmente a través de los estados actuales y que éstos coordinan a nivel europeo en la Comisión Europea, y que ésta impone al supuesto ‘Parlamento Europeo’.

¿Cómo la España de la explotación capitalista?
En el mitin de cierre de campaña que el PSOE celebró el 18 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Zapatero clamó vehementemente por voto “masivo”, prometió que el Tratado de Constitución para Europa acabaría con “la lacra del terrorismo” (a menos de un año del atentado antiobrero en Madrid de los reaccionarios islamistas) pero, sobretodo, insistió en su mensaje (como había hecho el día anterior en Zaragoza) de equiparar la votación en el referéndum sobre el Tratado con la de la Constitución monárquica y capitalista española de 1978; como entonces, la socialdemocracia cerraba filas con los más preclaros defensores del sistema capitalista, del Rey impuesto por Franco y, por tanto, Zapatero no pudo menos que dar gracias a Felipe González, Carrillo y... Fraga Iribarne. El mismo día, también en el mitin de cierre de campaña, el líder del PP, Rajoy afirmaba “Lo único que nos interesa del referéndum es que gane el sí”
El resultado del referéndum: las abstención traduce la conciencia política de las masas sobre de qué Europa se trata

Por más interés que los dos partidos del ‘frente constitucionalista’ (PSOE y PP), más el de los partidos burgueses nacionalistas catalanes, vascos y canarios, le pusieron a la campaña a favor de votar sí al Tratado para la Constitución europea la abstención fue histórica. Más de veinte millones de los posibles votantes no acudieron a las urnas. La votación del referéndum arrojó la más alta abstención de toda la historia de las elecciones realizadas en el marco de la Constitución monárquica de 1978. Y ello comparando con las elecciones generales, con los diversos referéndum (de 1976, sobre el proyecto de reforma política; de 1978, Constitución monárquica; 1979, sobre estatutos de autonomía de Catalunya y País Vasco; y el de 1986, sobre continuidad en la OTAN) e, incluso, con las diversas convocatorias electorales europeas (en el referéndum la abstención alcanzó el 57,6% frente al 54,8%, por ejemplo, de las últimas elecciones europeas). Se le han dado muchas interpretaciones que todas, básicamente, acaban con la conclusión de que en las elecciones europeas la abstención es alta porque eso es lo que ocurre en la media europea, conclusión que trata de alejar la interpretación política suplantándola por una especie de interpretación híbrida entre ‘lo cultural’ (¡moderno, como no, por europeo!) y pedagógico (las masas españolas necesitarían más práctica o didáctica de la importancia de lo europeo, bueno, sí... también las francesas, alemanas, etc.). La conclusión política, sin embargo, es tan evidente que ni toneladas de sesudos análisis de ‘expertos’ pueden obviarla: esta construcción de Europa, la de los estados y los imperialismos conchabados bajo la manta de la UE, se hace a espaldas de los electores y, por tanto, contra la democracia; resultado: abstención... por ahora.

El no y la abstención fueron superiores a la media en Catalunya (no: 28%; abstención: 59%) y País Vasco (no 33,6%; abstención 61%). También en Navarra y Madrid, aunque en menor medida. La prensa trata de consolar a las elites burguesas con la justificación de que en estas dos ‘comunidades’ los partidos que propugnaban el no tienen más implantación que en el resto de España; evidente. Pero en España, tomada en su conjunto, resulta que el resultado del sí no se correlaciona con el resultado, en las anteriores elecciones, de los partidos que apoyan esta opción. Un ejemplo: el PP y el PSOE lograron el 84,6% de los votos en las pasadas elecciones europeas frente al 76,6% logrado por el sí en este referéndum europeo; el dato cobra mayor significación si se tiene en cuenta que el sí también ha sido apoyado por el PNV, CiU y CC, y, por otra parte, no pierde significación sino que, por el contrario, gana más si se tiene en cuenta que en algunos distritos electorales que son feudos tradicionales del PP (y no de IU) el no alcanzó un resultado por encima de la media. ¿Qué los dirigentes del PP, partido que representa directamente a la burguesía española, han lanzado un mensaje contradictorio que se ha traducido en que algunos de sus votantes hayan optado por el no para ‘castigar a Zapatero? Esto sólo demuestra la poca credibilidad que la burguesía le da a la ‘construcción europea’ sobre la base de la democracia: sabe de sobras que esta construcción se basa en la imposición y que, sea cual sea el resultado de los referéndum, si no se impone la ‘construcción europea’ sobre la base de los estados capitalistas, de la explotación del hombre por el hombre y de la rapiña imperialista lo que se terciara imponer será la destrucción europea como en otras ocasiones ya se ha hecho.

RESULTADO REFERÉNDUM

SOBRE EL TRATADO PARA UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA (20 febrero 2005)

CENSO 34.687.888

VOTOS

SÍ

VOTOS

NO

VOTOS EN BLANCO

ABSTENCIÓN

20.737.796

Votos emitidos (13.949.092)

10.694.381

2.412.151

842.560

Porcentaje sobre total votantes

76,6%

17,2%

6%

Porcentaje sobre censo

30%

6,9%

2,4%

57,6%

Tanto el PP como el PSOE se autofelicitaron por el triunfo del sí. El PP, en la oposición, tachó el resultado como decepcionante por la abstención achacándola al PSOE y asegurando que, con Rajoy en el Gobierno, la participación hubiera sido mucho mayor. La dirección del PSOE hizo de tripas corazón y presentó buena cara a un exiguo 30% del censo en apoyo al sí al Tratado: sólo 3 de cada diez españoles en edad de votar apoyan el Tratado firmado, ya antes de la votación, por Zapatero. Si éste había comparado la votación del día 20 con la del 6 de diciembre de 1978, no se explica como puede ratificar la firma del Tratado y seguir reivindicándose demócrata: aquel referéndum tuvo una abstención del 33% frente a al abrumador 57,6% de este.

Los representantes de los imperialismos más importantes de la UE no tardaron, el mismo día 21, en felicitar a España por tan ‘masivo’ sí. Schröder señaló que este resultado era “un buen ejemplo” llegando a afirmar que “España se ha pronunciado de forma inequívoca por una Europa moderna, pacífica y social”; parece que el socialdemócrata Schröder o no sabe hacer bien las cuentas o cree que los trabajadores alemanes no las saben hacer. ¿‘España’ sólo son 3 de cada 10 ‘ciudadanos’? Por su parte, Chirac, de tan atrevido que fue, rozó la imprudencia cuando señaló el resultado como “un símbolo fuerte” que “muestra el camino a los otros países de la UE”. Este compendio de cuentas mal hechas, distorsiones, mixtificaciones y mentiras lo resumió muy bien el

ministro español de Exteriores, Moratinos, afirmando. “las ciudadanas y los ciudadanos españoles han dado un sí rotundo a Europa y a la Constitución europea, un sí, rotundo a los valores europeos, a la Europa del siglo XXI”. ¿Desde cuando la rotundidad en una votación es que una ciudadana y media de cada diez posibles votantes voten a favor, o, visto de otra manera y siguiendo a Moratinos, que un ciudadano y medio de cada diez posibles votantes voten a favor?

Las reivindicaciones del sí y las de no:

expresión de la reacción

Gaspar Llamazares reivindicó para IU el día 20 el resultado del no de la siguiente forma: “nosotros somos los responsables de la gestión del no, que en España es todo progresista, de izquierdas y europeísta crítico. Nadie puede reclamar el no más allá de quienes lo hemos propuesto”. Esta afirmación se compadece mal con el análisis del resultado electoral, es evidente que parte de la ‘derecha’, de los ‘no progresistas’ pusieron su granito de arena en el porcentaje del no; Llamazares consigue, de nuevo como en otras ocasiones, alzarse por encima del cotidiano quehacer político reformista en el marco de la Constitución monárquica para alcanzar las cumbres de la utopía... reaccionaria.

Por su parte, Carod, por ERC, afirmaba el mismo día cosas como que el no en Catalunya era la expresión de una “disconformidad con la Europa de los Estados que ignora Cataluña” y analizaba el 28% de votos negativos en Catalunya como un “avance” de la “izquierda nacional” y achacaba el flojo resultado del sí a un “retroceso” de los “partidos tradicionales”. De nuevo estamos ante un cielo de utopía reaccionaria (única explicación al concepto ‘izquierda nacional’ ya que estos señores olvidan que para llenar de algún contenido el término ‘izquierda’ éste debe ser el internacionalismo) y, además, ante alguna incongruencia cognitiva ya que, que se sepa, CiU, por ejemplo, es un partido con mucha menos ‘tradición’ que la propia ERC a la que él representa.

Imaz, presidente del PNV, trataba de hacer valer el esfuerzo realizado por este partido tradicional, este sí, de la burguesía vasca en aras del triunfo del sí. Aprovechaba para hacer pasar agua por su molino y señalaba que el alto porcentaje del no en el País Vasco exigía a la Unión Europea un esfuerzo para “acercarse a las realidades naturales que están por debajo de los Estados”. Ciertamente es difícil calibrar

qué realidad natural está por debajo de un Estado que es una realidad política. A la espera de que Jon Imaz explique mejor esta cuestión, tenemos derecho a pensar que él se refiere al País Vasco (bajo su responsabilidad queda el que esta realidad esté ‘por debajo’ del Estado). Pero al definir al País Vasco como una ‘realidad natural’ deja muy claro su concepto de nación, logrando superar a sus reaccionarios antecesores etnicistas y situándose en primera fila de la reacción medieval.

Lo que destaca en la reivindicación del sí por parte del PSOE y del PP es su intento de ‘normalizar’ la abstención (recurso al que, al fin de cuentas, han tenido que llegar también los dirigentes del PP). Ello era necesario para barnizar de democracia el valor del sí y, por tanto, la antidemocrática ‘construcción europea’. Aceptemos esta línea de razonamiento ya que, al fin y al cabo, el país con mayor índice de abstención en los procesos electorales es el paradigma burgués de la democracia: los EEUU.

Pero este mismo tipo de justificaciones y mistificaciones no hace más que dejar aún más claro qué significa el imperialismo en el plano político: el triunfo de la reacción en toda la línea.

Sí, es preciso construir ‘otra Europa’

pero ello sólo es posible a través del socialismo, a través de la expropiación del capital

Nos serán ni los partidos ‘socialistas’ o socialdemócratas ni los partidos provenientes del estalinismo quienes asegurarán a la clase obrera y a la juventud la construcción de la Europa de la paz y la prosperidad pues llevan ya muchos años colaborando en la ‘construcción’ de la Europa de la explotación y la opresión. Para enfrentar la tarea de unificar Europa, los trabajadores y la juventud cuentan ya con las organizaciones políticas y sindicales que hace tiempo construyeron pero que están dirigidas por agentes de la burguesía, que realizan políticas proburguesas; sería suficiente con que estas organizaciones articularan un Frente Único Obrero europeo contra la burguesía para reanudar el camino emprendido por la revolución proletaria de 1917, único camino que llevaba realmente hacia la unificación europea; este Frente sí que abriría esperanzas en la clase obrera y provocaría una participación masiva en la lucha por una Europa Unificada.

Ante la constante negación a dirigir la lucha contra el capital y la explotación, contra la rapiña imperialista, por parte de estas organizaciones, cada día que pasa se le hace más perentorio a la clase obrera y la juventud europeas la construcción de nuevas organizaciones, limpias de la corrupción burguesa, realmente internacionalistas y volcadas por completo en la lucha por acabar con la opresión y la explotación porque, mientras el poder del Estado siga en manos de los representantes de la burguesía, mientras los medios de producción y de distribución sigan siendo monopolio de unos pocos, será imposible construir una Europa unificada y libre de la explotación y opresión, tanto de sus propios ‘ciudadanos’ como de los países semicolonizados.

11 de marzo de 2005

El terror amarillo en España, 1939

EL TERROR AMARILLO EN ESPAÑA

G. Minis, febrero de 1939

(publicado en Quatrième Internationale, número 16, Abril de 1939)

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VENEZUELA:¿’Revolución Bolivariana' o gestión bonapartista de la crisis social?

El fenómeno Chávez hunde sus raíces en la crisis del 'caracazo' de 1989

El 27 de febrero de 1989, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez de AD[1], en aquél momento presidente de la Segunda Internacional, el anuncio de un paquete de medidas que contemplaban la liberación de las tasas de interés, privatización de las empresas del Estado, aumento de las tarifas de los servicios, el gasoil y el transporte popular, provocó una revuelta espontánea de multitudes hambrientas, que duró cuatro días y dominó Caracas y algunas de las más importantes ciudades del país. Las masas saquearon y destruyeron todo a su paso. El gobierno de CAP suspendió las garantías constitucionales, estableció el estado de sitio y encargó al ejército el aplastamiento del motín de hambre. Tras la sangrienta represión (nunca se supo con seguridad pero diversos organismos calcularon unos tres mil muertos) todas las instituciones estatales y paraestatales del país, incluidos los partidos, las centrales sindicales y la Iglesia católica, entraron en una crisis de la que no se han recuperado.

En medio de movilizaciones obreras y populares crecientes, del deterioro imparable de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, Chávez, a la cabeza de un grupo de jóvenes oficiales, protagonizó en febrero de 1992 un golpe militar nacionalista. Fracasó y fue encarcelado, pero su prestigio empezó a extenderse entre las capas más desfavorecidas porque se presentaba como el azote y futuro liquidador del viejo orden corrupto y degradado hasta la médula de los huesos.

Finalmente, en mayo de 1993, la burguesía decide canalizar la crisis política, que viene acompañada de la caída sostenida de los ingresos petroleros, el peso insufrible de la deuda externa, la fuga de divisas y el rechazo generalizado al gobierno, con el juicio político (el primero en la historia moderna de Venezuela a un presidente en ejercicio) y posterior encarcelamiento de Carlos Andrés Pérez, acusado de corrupción. En 1994, y en un intento de cerrar la crisis, asume la presidencia Rafael Caldera, veterano dirigente de la burguesía, quien se "autoexcluyó" de su tradicional partido, el desprestigiado COPEI (social-cristiano), y con su propio agrupamiento, ganó las elecciones apoyado por los ex guerrilleros ex estalinistas del MAS y el PCV. Caldera, que no había condenado el intento de golpe, indultó a Chávez -ganando con ello algo de popularidad- y se puso a lo suyo: gobernar como siempre un país que se hundía en la inflación, la crisis bancaria, la deuda y la miseria creciente.

Al dictado del FMI, Caldera organiza en 1996 la 'Agenda Venezuela', un paquete de medidas económicas que incluía la eliminación de los controles sobre los precios y la liberalización del mercado cambiario, junto con el aumento de los ingresos y el recorte de gastos del Estado, con el fin de reducir el déficit fiscal. Y sobre todo, contemplaba la privatización acelerada de las empresas todavía públicas. Así, inicia la "apertura petrolera", con la participación de las compañías Conoco, Total, Texaco, Shell y Mobil, entre otras, en la explotación del crudo y el carbón. La compañía telefónica, y la línea aérea Aeropostal Venezolana son privatizadas y vendidas a precio de saldo.

Los efectos de la 'Agenda Venezuela' fueron inmediatos: El paro aumentó, la inflación sobrepasó el 100%, el precio de la electricidad subió un 70 % en seis meses, el de la gasolina se multiplicó por 5. El hambre campeó sobre la inmensa mayoría de la población: los propios datos del Estado reportaron un descenso del 40 % del consumo de alimentos...

El 'huracán Chávez', con su victoria del 56,2 % de los votos en las elecciones presidenciales, el mayor porcentaje alcanzado por un candidato democrático en Venezuela, es el producto directo de estos diez años de pauperización generalizada de la clase obrera, el campesinado y las clases medias urbanas, de la crisis política y desprestigio sin retorno de los dos viejos partidos burgueses (AD y COPEI)[2], de la fractura de las Fuerzas Armadas ante todo ello. Se acabó la vieja Venezuela 'saudita', clientelista, que se alimentada con las fabulosas rentas de un mercado de petróleo con altos precios. Y con ella se agotó el régimen del “Pacto de Punto Fijo”[3], el sistema político de dominación burguesa que contó con el apuntalamiento fiel del PCV, su hijo putativo, el MAS[4], y con la estrechísima colaboración de la burocracia sindical 'adeca' de la CTV. En ausencia de un partido que organice a la clase obrera, la dote de una política independiente de la de la burguesía y la postule para el poder, la rabia social, siempre al borde del estallido, se entusiasma ante el discurso de tinte antiimperialista de Chávez, que prometía arrasar con toda la casta de políticos corruptos, el no pago de la deuda externa, la revisión de las privatizaciones, la protección y desarrollo de la industria nacional, la creación de empleos y aumentos salariales, el reparto de tierras. (Y no olvidemos que el MAS y el PCV dieron su aval 'de izquierdas' a Chávez[5] hasta el punto de formar parte de la coalición “Polo Patriótico”, con la que ganó estas elecciones de 1998).

Chávez es un gerente muy desagradable para la burguesía venezolana. Es mestizo. Poco fino, inculto, militar. Habla una y otra vez de comerse vivo al imperialismo, de grandes proyectos para cambiar el destino de la población más miserable. Su vocación bonapartista -gracias a la cual el Estado burgués venezolano está reorganizándose tras la zozobra de los '90- entierra los viejos mecanismos de dirección y control del aparato del Estado: la casta política caduca se vuelve innecesaria y pierde sus privilegios personales y económicos, tras décadas de estar amorrada a la renta petrolera. La nueva casta de políticos y gestores de carácter castrense que la sustituye ha de 'maniobrar con el proletariado' para mantenerse, dejar que las masas se desfoguen en las reuniones de la 'democracia participativa' y en las calles, llamar a los desheredados de los cerros en su apoyo cuando lo necesite, hacerles concesiones. Es un juego muy peligroso. Tal vez, piensa la burguesía, sea peor el remedio que la enfermedad.

"En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis de índole particular. Se eleva por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar convirtiéndose en instrumento del capitalismo extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros". (L. Trotsky, La industria nacionalizada y la administración obrera, 12 de mayo de 1939 - Publicado en Fourth International, agosto de 1946. Sin firma. Escritos, Tomo X, pág. 482, Editorial Pluma.)

La Administración Bush convirtió a Chávez desde el principio en uno de sus objetivos prioritarios. La nacionalización de las industrias del hierro y del petróleo, en manos de compañías norteamericanas, en 1974-76, por Carlos Andrés Pérez (de AD, el mismo de la carnicería del 'caracazo'), no mereció, ni mucho menos, tanta dedicación y esfuerzos del gobierno yanki: intentonas de golpe de Estado, cierres patronales generales de dos meses, sabotajes petroleros, presión nacional e internacional, presión militar desde Colombia, amenaza de embargo internacional, el arsenal de los instrumentos del imperialismo es grande y variado.

Y sin embargo,

¿cuál es la realidad

de la ‘revolución bolivariana'?

Un repaso de las reformas verdaderamente ejecutadas por el chavismo nos hace encontrar en el terreno social las bases para el fervor popular que despierta: ha duplicado el presupuesto en salud, creando una gran red de asistencia sanitaria primaria con el programa Misión Barrio Adentro, dirigida a la población excluida hasta ahora, que ha incorporado a unos 10.000 médicos cubanos y unos 30 venezolanos[6]. También ha incrementado en un 100 % el presupuesto de educación, con programas masivos de alfabetización de adultos (Plan Robinson), implantación de la gratuidad y apertura de nuevas escuelas primarias, puesta en marcha de programas nutricionales escolares, becas para la Universidad, etc.

Por otro lado, desde 2003, ha establecido el control de precios sobre 151 productos básicos de la canasta familiar y creado una red de distribución estatal (Misión Mercal) de esos productos a precios bajos, dirigida a la fracción más pobre de la población [7]

Ha multiplicado la construcción de viviendas sociales, de infraestructuras sociales, creado el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, Créditos a Microempresarios. Tiene toda una política de incentivación y protección de las cooperativas, en la línea de estímulo de la libre empresa y la producción nacional.

En cuanto a las reformas institucionales, su Constitución 'bolivariana' (parece ser que con muchas semejanzas con la de la V República francesa, claramente presidencialista) ha obtenido el visto bueno[8] de todo tipo de expertos en constitucionalismo burgués. De hecho, incluso los más entregados chavistas sólo resaltan de ella, además de la palabrería sobre derechos y democracia participativa, etc., la declaración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como propiedad absoluta del Estado, pero incluso eso viene matizado con la posibilidad de existencia de filiales con capital mixto y realización de 'asociaciones estratégicas'.

La “Revolución bolivariana”

y la cuestión agraria:

Bolívar tampoco repartió la tierra

La cuestión agraria merece un punto a parte. En Venezuela nunca ha habido una auténtica reforma agraria. Las guerras independentistas de Bolívar se basaron, como en toda Latinoamérica (a excepción, parece ser, del caso de Uruguay con Artigas), en la oligarquía criolla terrateniente, con lo que la estructura de propiedad no cambió. Las haciendas de los realistas simplemente pasaron de propiedad del señor duque de algo al señor general tal, en pago por los servicios prestados[9]. En 1960 se promulgó una ley de “Reforma Agraria” y se creó el Instituto Agrario Nacional, organismo encargado de ejecutarla. En realidad, la supuesta reforma consistió en una lentísima regularización de las titularidades de propiedad de las tierras, que en gran parte no estaban catastradas ni escrituradas, existiendo numerosas formas de ocupación irregular de tierras públicas (provenientes en gran parte de la deforestación ilegal). En estos últimos casos, ese proceso de “regulación de la tenencia”, lo que hizo fue dar 'títulos' de usufructo, pero no de propiedad, que continúa en manos públicas. El beneficiario no la puede vender, sólo traspasar sus derechos previa autorización. Todavía hoy el conjunto de las tierras públicas se calibra en más del 50 % de la superficie agrícola total.

Tras cuarenta años de aplicación de esa 'reforma agraria', un informe publicado por el Banco Mundial en 1998 y titulado "La Larga Marcha", afirmaba que Venezuela es el segundo país con mayor concentración de tierras en pocas manos del mundo. Si nos atenemos al censo agrícola del 1999, el 5 % de los propietarios acaparan el 75 % de la tierra, mientras que el 75 % de los campesinos sólo poseen el 6 %.

Por otro lado, en la actualidad, Venezuela tiene el segundo porcentaje más bajo de población dedicada a tareas agrícolas de toda Latinoamérica, después de Uruguay. Esto en un país industrializado sería consecuencia de la industrialización del campo y su gran productividad, pero en Venezuela es todo lo contrario. El aproximadamente 10 % de población no alcanza a producir el 30% de las necesidades alimenticias del país. La productividad, tanto de la agricultura como de la ganadería, es bajísima y los estudios muestran que descendió en la década de los 90, debido a la ausencia de inversión y al absentismo de los grandes propietarios. Como consecuencia, se debe importar productos de consumo básico popular como maíz, azúcar, caraotas (una especie de alubias), frutos y hortalizas, perfectamente producibles por el país.

La decadencia de la agricultura viene de largo. Antes del descubrimiento del petróleo a primeros del siglo XX, los monocultivos de café y cacao ya habían destruido la producción tradicional. Pero el boom petrolero provocó una corriente migratoria imparable del campo a la ciudad, donde los campesinos – a pesar de engrosar los voluminosos cinturones de las villas miseria – encontraban más futuro que en el campo.

Esta es la situación de partida del gobierno de Chávez. Su programa se ha concretado en la 'Ley de tierras y desarrollo agrario', de diciembre de 2001, probablemente la que más histeria ha causado en la oposición burguesa y aparentemente desencadenadora del proceso golpista de abril de 2002. Hasta ahora, la aplicación de esta ley ha servido para continuar con el proceso de 'regularización de la tenencia' y, tal vez, pero no es posible saberlo en el marasmo autopublicitario del chavismo, para entregar ex novo tierra siempre pública a unos miles de campesinos[10]. En cualquier caso, ha tenido tan poca relevancia a nivel nacional que el 29 de agosto de 2004, Hugo Chávez anuncia en su alocución semanal de radio y televisión: "Llegó la hora de democratizar la tierra en Venezuela, ya es hora, ya es tiempo, quiero ver resultados y pronto, tierra para los campesinos, tierra para el que trabaja, tierra para el pueblo, para trabajar... para producir". Típica demagogia del personaje, que acabará diciendo al poco rato: “No somos enemigos de los latifundistas, ni los vamos a quemar, ni les vamos a invadir las propiedades” (Reuters, 29 de agosto de 2004).

En realidad, la 'tierra para el pueblo' que propugna su ley consiste en definir como latifundio a la propiedad que tenga más de 5.000 ha. El propietario que no explote esas tierras para la producción de alimentos puede ser penalizado con una multa, cuya cantidad variará dependiendo del número de hectáreas improductivas. Si después de la multa el propietario continúa sin cultivar, el Gobierno pasaría a la expropiación del terreno y pagaría una indemnización por ello al latifundista. De hecho, esta segunda fase ya ni se contempla por parte del gobierno, puesto que acaba de anunciar un “nuevo impuesto que se cobrará a partir de enero de 2006 a los propietarios de tierras ociosas e improductivas del país” (El Universal, Caracas, 9 de diciembre de 2004).

Chávez y los sindicatos

Una de las grandes bestias negras del bonapartista venezolano ha sido y sigue siendo las centrales sindicales, muy especialmente la mayoritaria, la CTV.

Esta central, burocratizada y muy estatalizada está dirigida desde hace cuatro décadas por un aparato extremadamente corrupto y políticamente ligado a AD. Chávez tuvo muy claro desde el principio que para él y su régimen era básico impedir la utilización de las organizaciones de la clase obrera por sus enemigos políticos, pero también y no menos importante, tuvo clara la importancia de impedir todo tipo de organización obrera clasista que pudiera actuar con política independiente[11]. Entre la segunda mitad del 1999 y principios del 2000 intentó en tres ocasiones que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara un decreto de ”Emergencia Sindical” que disolvía las cuatro centrales sindicales, incautaba su patrimonio, decretaba la unificación y establecía el mecanismo de la 'elección democrática' de la dirección del organismo resultante[12]. Fracasada esta vía, por las grandes resistencias no sólo de los aparatos sindicales, sino también de sectores importantes de la clase obrera organizada, entre las que cabe señalar las propias bases del MAS, se decidió a plebiscitar por referéndum popular, el 3 de diciembre de 2000[13], la intervención estatal completa de las organizaciones sindicales. La abstención fue tan aplastante, el 76,57%, que los chavistas se consideraron derrotados. Pero la derrota es sólo parcial. Si bien de momento no se ha conseguido disolver las centrales obreras ni implantar el sindicato único como un organismo más del Estado de la 'democracia participativa', la Constitución bolivariana ha dejado asentado el principio de intervención estatal en el movimiento obrero y declara, entre otras cosas, que la facultad para organizar las elecciones internas de todas las organizaciones sindicales pertenece la Consejo Nacional Electoral.

Aceptando este marco, la burocracia de la CTV contraatacó y salió muy reforzada en las elecciones para la renovación de su ejecutiva federal en 2001: la lista de la coalición AD+COPEI del futuro golpista Carlos Ortega alcanzó el 57,41 % de los votos, mientras que la apoyada por Chávez se quedó en un miserable 15, 41 %. Por último, cabe añadir que en abril de 2003 se ha constituido la UNT, nueva central sindical adicta a la 'revolución bolivariana', creada a partir de la FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores), la organización fundada por Chávez con el cometido de 'demoler' la CVT.

La política económica

El gobierno 'bolivariano' ha sido conservador en el terreno económico. Palabrerías aparte, ha sido puntual como nadie en sus pagos de deuda externa. En ningún momento ha puesto en cuestión las privatizaciones de los gobiernos anteriores y ha continuado la política de entrada de los oligopolios mundiales del petróleo, fundamentalmente en la prospección y explotación del gas. No ha promulgado ni una sola ley irrespetuosa con la propiedad privada y, pese a la histeria de la burguesía caraqueña, no ha tocado en ningún sector ningún interés de importancia para el capital local o internacional.

Sus políticas sociales se han basado fiscalmente en la depuración de las cuentas (y necesariamente, de la cúpula gestora) de PDVSA y en la circunstancia de los incrementos de los precios excepcionales del petróleo a raíz de la guerra y ocupación imperialista de Irak. De hecho, los ingresos del Estado procedentes del petróleo, que habían caído desde el 70 % del total del Presupuesto en 1976 al 20 % en 1989, se han recuperado hasta suponer el 50 % de los ingresos fiscales de 2004[14].

Por otra parte, en enero de 2003, obligado por la huelga patronal y la fuga masiva de capitales, reestableció el control estatal de cambios fijo. Y, como casi todos sus predecesores, cuando ha tenido necesidad de cubrir déficits públicos, ha acudido a la devaluación de la moneda respecto al dólar[15], lo que hace incrementar los ingresos por petróleo en bolívares, y le sirve para cubrir momentáneamente los agujeros de su política presupuestaria ultraexpansiva[16]. A cambio, claro está, de provocar inflación interior: suben de manera inmediata los precios en bolívares de los productos importados, pero también los nacionales en respuesta al crecimiento de la masa monetaria. Keynesianismo de lo más tradicional.

En resumidas cuentas, el ejercicio 2004 lo acabó con una tasa de inflación del 20 %, un porcentaje de paro del 15,5 % (al que hay que añadir el saco negro de los 'empleos informales') y una disminución del salario real industrial medio del 6,5 %[17]. Esto, para la clase obrera, es mucho más significativo que el exuberante incremento del 18 % del PIB que ventilan los exégetas, puesto que es hijo de la escalada de los precios internacionales de los hidrocarburos, y no de la recuperación del vertiginoso descenso del 23 % de la producción de bienes no petroleros durante los años 2002 y 2003.

Nada de lo que hemos relatado hasta ahora sobresale de los límites más respetuosos del orden económico capitalista, ni de las políticas que en un país u otro -incluida la propia Venezuela- en algún momento, haya aplicado un gobierno burgués.

Sin embargo, en el contexto internacional actual de ofensiva imperialista, el chavismo ha merecido ataques permanentes de los gobiernos de los EEUU en todos los terrenos y por casi todos los medios. En su estreno como secretaria de Estado, Condoleeza Rice afirmó que el presidente venezolano "ejerce una influencia desestabilizadora en Latinoamérica". Hace pocos días, esta declaración fue completada por el anuncio del consejero de asuntos políticos Marc Groosman, quien calificó a Chávez como un elemento "negativo y desestabilizador" y afirmó que Washington seguirá de cerca la presunta compra de armas a Rusia, por parte del gobierno venezolano. Más claro ha sido el nuevo director de la CIA, Porter Goss, quien señala que, para este año, Venezuela seguramente integrará la lista de posibles "fuentes de conflictos" para el reelecto gobierno de Bush.[18].

El crimen de Chávez es intentar recomponer un Estado burgués 'viable' en su país, cuando ya los viejos modos de dominación eran insostenibles. Actuando para la estabilidad del modo de producción capitalista en Venezuela, se ha visto obligado a situarse por encima de la burguesía local, ligada sin tapujos al saqueo imperialista de los recursos del país. Y, con eso mismo, debe presentar, si quiere mantenerse, una cierta resistencia ante el imperialismo. Escasa, pero cierta. La gran petrolera PDVSA, proveedora del 15 % de las necesidades de los EEUU, sigue siendo propiedad del Estado[19]. A Cuba se le declara país amigo. Se buscan alianzas con un Irán declarado como integrante del 'eje del mal'...

Pero para conseguir su objetivo y mantener esta limitada posición, Chávez ha necesitado desde el primer momento apoyarse -movilizándolas de manera controlada- en las masas empobrecidas de su país. Es la vieja historia del viejo nacionalismo burgués populista. La 'democracia participativa bolivariana', con sus 'círculos'[20] y sus 'asambleas populares', la creación de su propia central sindical UNT, son la respuesta a la necesidad de asegurarse el encauzamiento de las fuerzas de la clase obrera y los sectores populares pauperizados alrededor de su proyecto de 'cohesión nacional'. El aprendiz de brujo no puede atreverse a dejarlas desatadas sin más. Que de lo profundo de las villas miseria haya nacido un colosal entusiasmo chavista que caldea y masifica aquellos organismos paraestatales, no los convierte en nada diferente de lo que son y para lo que han sido creados. Desde el Palacio de Miraflores no se han creado ni se dirigen embriones de doble poder o del futuro Estado 'socialista'.

Los hechos son simples y tozudos: no existe ningún tipo de control obrero de la producción petrolera (el 25 % de la producción del país) o del sistema financiero, la electricidad o las telecomunicaciones, mayoritariamente en manos extranjeras. Cuando la clase obrera toma la iniciativa y ocupa -como en Argentina – fábricas en quiebra abandonadas por su propietario, la 'revolución bolivariana' en pleno 'salto adelante' y a pesar de las lágrimas de Alan Woods, se niega a expropiarlas[21]. Ni siquiera eso.

A su vez, en el campo se suceden, como en Brasil, los asesinatos de militantes sindicales que dirigen las tomas de tierras, pero el gobierno 'revolucionario' sólo amenaza con alguna seriedad a algunos latifundios improductivos asentados ilegalmente en tierras públicas[22]....

La acción independiente

de la clase obrera venezolana

La cuestión de las cuestiones para el futuro de Venezuela es precisamente ésta. En la década entre el 'caracazo' y el 'irresistible ascenso' de Chávez, el movimiento obrero de Venezuela busca recomponerse lentamente.

Del calentamiento de la caldera da pruebas el que tres meses después del aplastamiento de los jóvenes hambrientos de Caracas, el 18 de mayo de 1989, la CTV convocó su primera huelga general después de 31 años. Manifestaciones y huelgas se suceden y convierten en habituales los enfrentamientos callejeros con la policía. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, sólo entre 1989 y 1991 hubo más de 5.000 acciones de masas. En el último trimestre de 1991 se registraron 400 movilizaciones y levantamientos, terminando el 40% en enfrentamientos con las fuerzas represivas. En este ambiente, es cuando Chávez, el 4 de febrero de 1992, intenta su primer golpe.

Es el momento en que en numerosos sindicatos surgen listas clasistas y corrientes organizadas que se presentan contra el control de la burocracia dirigente de la CTV, identificada políticamente con el partido burgués AD. Y algunas de ellas – muy a menudo ligadas al MAS – alcanzan la dirección de importantes empresas siderúrgicas, petroquímicas, telefónicas y textiles.

Sin embargo, este proceso queda duramente taponado a partir de 1998, ya que todas las corrientes políticas importantes en el seno de la clase obrera venezolana pasaron a apoyar a Chávez y a desistir total y definitivamente de cualquier veleidad de organización de clase independiente del nacionalismo burgués del militar populista. Y se dedican con cuerpo y alma, a desviar hacia el ‘bolivarianismo’ la tendencia espontánea del proletariado a organizarse como tal.

Que la “revolución bolivariana” haya taponado por el momento la acción independiente de la clase obrera no significa que ésta esté paralizada. El bonapartismo no liquida la lucha de clases (aunque sueña con ello). El intento de golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga patronal de diciembre de 2002-enero de 2003, los grandes envites del imperialismo yanqui y la burguesía gorila encabezada por Gustavo Cisneros[23] y el dirigente adeco de la CTV Carlos Ortega, sólo pudieron fracasar por una inmensa y espontánea movilización de masas que usaban sus propios medios en su propio terreno. Sitiando el palacio presidencial y los cuarteles, ocupando las industrias para hacerlas funcionar, tomando el control de la producción petrolera, el proletariado ha ido abortando los sucesivos intentos de derribo golpistas... para ser enviado inmediatamente a casa por Chávez. Éste, tras cada victoria, sin detener siquiera a los militares implicados, hacía nuevas concesiones a los derrotados: convocatoria del referéndum revocatorio de agosto de 2004, a pesar de que los promotores no habían alcanzado el número de firmas necesarias; reposición de antiguos gestores de PDVSA, ampliación de contratos con las petroleras yanquis...

La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos

De este taponamiento de la acción y organización independiente de la clase obrera, también participan, cada una con sus matices y salvedades, las organizaciones que fraudulentamente se reclaman del trotskismo, como el SU de la IV Internacional, el Militante o los grupos morenistas. Repasando sus posciciones, vemos cómo lo que les caracteriza es su adaptación 'crítica' a esta nueva versión del nacionalismo burgués latinoamericano, sus falsas ilusiones de que el ex comandante de paracaidistas sustituye al proletariado

· en la lucha por la liquidación de la burocracia reaccionaria en los sindicatos. Cuando, en realidad, ha pretendido disolverlos, expropiar su patrimonio y crear un sindicato único dependiente del Estado. Y fracasado parcialmente este proyecto, lo que ha hecho es crear una nueva central sindical con aparato adicto 'bolivariano', instaurar el control férreo del Estado burgués sobre la vida interna de los sindicatos y, por reacción, fortalecer la burocracia adeca de la CTV, que continúa siendo el sindicato mayoritario.

· organizándole desde el Palacio de Miraflores 'soviets bolivarianos' .... pero no para tomar el poder, sino para canalizar los problemas de la comunidad “a través del organismo competente” (ver nota 18)

· volviendo innecesarias las milicias obreras y el armamento del proletariado, con su proyecto de 'civilización revolucionaria' del ejército. Cuando la realidad es que ha multiplicado la intervención social directa del aparato militar, creado una casta adicional de 'gestores' militares en la administración del Estado y las empresas públicas, fortalecido en definitiva el ejército burgués, instrumento central para el mantenimiento de la dominación del capital.

· en la organización de la sanidad, la enseñanza, un sistema de protección social que dé cobertura a la totalidad de las clases trabajadoras y de las masas pauperizadas. Cuando las mejoras implantadas, bien limitadas, ha sido posibles por una coyuntura excepcionalmente propicia de precios internacionales de los hidrocarburos y su mantenimiento depende en gran parte de 'voluntarios' o 'becarios' o de los salarios miserables pagados a los médicos cubanos, a los que se obliga a vivir alojados en familias voluntarias en las villas miseria.

· en la defensa de Venezuela, de su soberanía y de sus recursos contra el expolio y los ataques del imperialismo. Cuando la resistencia real de Chávez es cada vez más limitada y sus concesiones mayores, a pesar de la gran disposición de las masas a apoyarlo en la dirección contraria.

· Creen, en resumen, que Chávez sustituye al proletariado en el combate por la mejora de sus propias condiciones de vida y la del resto de las clases trabajadoras, en la lucha contra el hambre y por la tierra. Y que organizará el socialismo en Venezuela, en cuanto haga caso de sus consejeros 'trotskistas' y se deje presionar un poco más por las masas.

Nada más criminal y sin salida que estas falsas ilusiones que cierran el camino a la constitución de la clase obrera en clase independiente, condición previa para defender sus propios intereses, para ponerse a la cabeza de la lucha emancipadora de todo el 'pueblo pobre' contra el imperialismo, para discutirle el poder a la burguesía. Y para enlazar con las luchas de todos los proletariados, con quienes comparte explotación y, en términos históricos, destino.

Por eso, la primera tarea que deben plantear los revolucionarios a la clase obrera venezolana es la necesidad de romper todos lo lazos de dependencia, colaboración o subordinación de sus organizaciones ya existentes respecto al Estado (y su ejército) y la burguesía, incluyendo en ésta tanto a los partidos burgueses tradicionales como a las organizaciones políticas chavistas. Y la creación de nuevas organizaciones de masas de carácter auténticamente consejista, que autoorganicen las capas más profundas de las masas y les permitan actuar con sus propios métodos y establecer sus propios objetivos.

Sólo así será posible luchar con éxito por el trabajo y la mejora de sus condiciones, la defensa y mejora del poder de compra de los salarios, la mejora de las condiciones de vida, de vivienda, de salud o de educación. Sólo así podrá postularse como clase política dominante, la única capaz de levantar y defender hasta sus últimas consecuencias la bandera de la emancipación nacional y de la reforma agraria, con la expropiación inmediata de todos los latifundios, productivos o no, sobre suelo público o privado, para su entrega a los braceros y campesinos pobres.

Del desarrollo de la constitución del proletariado venezolano como clase consciente forma parte inseparable la construcción de un partido obrero revolucionario, sección de una internacional obrera revolucionaria, capaz de establecer la estrategia y las tácticas que permitan finalmente la toma del poder político, la expropiación de la burguesía nacional y del capital imperialista, la destrucción del Estado burgués, el establecimiento de una República Obrera que combata por la revolución proletaria mundial.

16 de marzo de 2005

[1]Acción Democrática, partido burgués nacionalista creado en 1941. Es el viejo partido de Rómulo Betancourt. Su recorrido histórico en la gerencia del Estado venezolano se inició con el trienio que transcurrió entre el 18 de octubre de 1945 y el 24 de noviembre de 1948. Invitada al poder por un cuerpo de jóvenes oficiales de la UPM que protagonizaron un golpe de estado tradicional, Acción Democrática obtuvo para su líder Rómulo Betancourt la presidencia de la 'Junta Revolucionaria de Gobierno'. En este proceso, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente y se aprobó una nueva Constitución. El 'Trienio Adeco' incorporó el entusiasmo de las grandes masas con una política fiscal que gravaba al 50 % los beneficios de las empresas petroleras y que permitió el desarrollo de proyectos de obras públicas y sociales. Por otra parte, este fue el inicio de la casi identificación entre AD y la dirigencia de la mayor central sindical del país, la CTV, inicialmente en manos del Partido Comunista de Venezuela.

[2] Los resultados electorales de estos partidos han seguido la siguiente evolución: Presidenciales de 1988: AD, 52,9 %; COPEI 40,3 %; abstención, 18,8%. Presidenciales de 1993, tras el 'caracazo': AD, 23,6 %; COPEI, 22,73%; abstención, 39,84 %. Presidenciales de 1998: AD, 9,05 %; COPEI, 2,15 %; abstención, 35,55%)

[3] Durante cuatro décadas Acción Democrática y el COPEI se alternaron en los puestos gubernamentales conforme con el “Pacto de Punto Fijo” sellado bajo la tutela del imperialismo norteamericano tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, en 1958.

[4] En los comicios de los últimos años, estos dos partidos obreros-burgueses han estado obteniendo resultado del orden del 1% de los votos, el PCV, y del 9 %, el M.A.S.

[5] Pero no sólo ellos. La sección simpatizante de la LIT-CI morenista, el PST editor de La Chispa, formó parte también de la coalición pro Chávez. Es de suponer (aunque ignoramos su forma) que también los grupos relacionados con el SU y El Militante de T. Grant y Alan Woods, visto el entusiasmo que desplegan como consejeros rojos del Presidente.

[6] Los médicos cubanos han sido enviados por La Habana por un Convenio de octubre de 2.000, como parte del pago por los 53.000 barriles diarios que recibe de Venezuela (Síntesis del Plan Barrio Adentro actualizada a agosto de 2003, Defensoría del Pueblo de Venezuela).

[7] En la Web del Ministerio de la Producción y el Comercio, rubricado como “Prensa MPC/ Nancy Carrero/ 12-11-04”, Chávez afirma “que actualmente existen 30 Supermercales en todo el país, 208 Mercales tipo I, 703 Mercales tipo II, 10 mil 440 Mercalitos y bodegas de Barrio Adentro, asimismo 2 mil 600 casas de alimentación que suministran comida a 260.000 personas, especialmente niños de la calle, ancianos y mujeres embarazadas.”

[8] Como curiosidad: la Asamblea Nacional Constituyente encargó al Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia (España), formado por catedráticos de Derecho de diversas universidades españolas, la emisión del dictamen jurídico del nuevo texto constitucional, inmediatamente antes de su aprobación definitiva. A nuestros paisanos juristas burgueses les pareció muy bien.

[9] No sólo eso. La esclavitud no fue abolida. Bolívar proclamó la libertad de los esclavos (y liberó a los de su propiedad personal), pero lo cierto es que en las haciendas continuaron trabajando hasta pasado 1850, cuando el Parlamento promulgó la ley que abolió definitivamente la esclavitud, previa indemnización a los propietarios.

[10] Unas 100.000 familias habrían recibido 'títulos' de tenencia de tierras en estos tres años de aplicación, según el organismo encargado de ello, el INTI

[11] En una entrevista concedida a Agustín Blanco Muñoz el 24 de junio de 1998, seis meses antes de resultar elegido, publicada en el libro”Habla el Comandante”, declaraba: “Si no logramos la gobernabilidad, si no logramos transformar la estructura y el cuadro de fuerzas en el Congreso y en el Poder judicial y los factores reales, la CTV por ejemplo, que hay que demolerla, no habremos hecho nada”.

[12] Lo que, como en Portugal del 74-75, tuvo muy buena acogida entre las direcciones de 'ultraizquierda'.

[13] La primera versión de la pregunta se estableció mediante Acuerdo de 10 de octubre de 2000, de la Asamblea nacional, y decía: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria y elección de una Asamblea constituyente de los Trabajadores, bajo estatuto electoral especial aprobado por el Poder Judicial, previa consulta y oídos de los distintos movimientos organizados de los trabajadores, cuyo fin sea refundar el movimiento sindical venezolano en el marco del art. 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?. Tras una auténtica batalla política y judicial, al conjunto de la 'ciudadanía' venezolana se le preguntó: “¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, en un plazo de 180 días, y bajo estatuto electoral, conforme con los principios de alternabilidad, elección universal directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución y que suspendan en sus atribuciones a los directivos de las centrales, federaciones y confederaciones sindicales establecidas en el país?”

[14] http://www.bancomundial.org.ve

[15] Cambio 1$: año 1999: 607 bolívares; año 2003: 1600 bs; marzo de 2005: 2150 bs

[16] En 2004, hubo un incremento del gasto público del orden del 60 % nominal en bolívares corrientes, acompañado de la reducción de un 1 % en el IVA y la eliminación del impuesto sobre activos empresariales

[17] Panorama laboral 2004 de la OIT: “[Durante 2004] El salario industrial real aumentó en Argentina (8.6%), Brasil (9.1%), Chile (2.1%), Colombia (1.2%), Ecuador (7.2%), y México (2.3%), pero se contrajo en Paraguay (-2.5%), Uruguay (-1.4%) y Venezuela (-6.5%)”.

[18] La lista la completan Colombia, Haití, Cuba y México. Agencia EFE, 25 de febrero de 2005.

[19] En 1998, Luis Giusti, entonces presidente de PDVSA, luchó vehementemente por privatizar la empresa. Hoy día es asesor energético del presidente George W. Bush;

[20] http://www.circulosbolivarianos.org/: Círculos Bolivarianos: “Creación. El Presidente Hugo Chávez crea oficialmente el 11 de junio de 2001 los Círculos Bolivarianos (...) Concepto. Los Círculos Bolivarianos, son grupos organizados, conformados por el pueblo en un número variable que puede oscilar entre siete (07) a once (11) personas, las cuales se reúnen para discutir los problemas de su comunidad y canalizarlos a través del organismo competente, para buscar su pronta solución, basándose en lo consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (...)El máximo dirigente de los Círculos Bolivarianos será el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La sede a nivel nacional e internacional en donde se llevarán los registros en lo que respecta a los Círculos Bolivarianos será el Palacio de Miraflores.

[21] A pesar de que nos ha explicado sin reírse que “en realidad, el Estado de Venezuela ya no está controlado por la burguesía”. (Los marxistas y la revolución venezolana. Allan Woods .El Militante. 10 de mayo de 2004).

[22] Caso de El Charcote, en manos del productor ganadero británico Vestey Group, y de Hato Piñero, Borges y Sanz, intervenidos en marzo de 2005.

[23] El famoso beneficiario del pelotazo de Galerías Preciados, con el gobierno de F. González

Brasil, 2003-2004 Dos años de austeridad del gobierno Lula-Alencar

Artículo publicado en Révolution Socialiste nº14 de octubre de 2004. Órgano del Groupe bolchevik (Francia)

CUANDO SE TEME IR AL SOCIALISMO EL ÚNICO MUNDO POSIBLE ES LA EXPLOTACIÓN Y LA REPRESIÓN

Los ‘altermundistas’ designan como adversario al ‘neoliberalismo’. Como no se atreven a pregonar claramente ante los trabajadores y los jóvenes que defienden el capitalismo, su alternativa es más bien vaga: ‘Otro mundo es posible’, repiten en coro Le Monde Diplomatique, Carré Rouge, Témoignage Chrétien, L’Humanité, Charli Hebdo, Rouge… pero nunca otro modo de producción, porque todos se reafirman en la mejora, la regulación del capitalismo.

Con ocasión del Foro Social Mundial de febrero de 2002, en Porto Alegre, tuvieron la ocasión de concretar su visión, porque el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que controlaba el Foro, ‘Lula’, acababa de tomar las riendas de la 11 ª economía del mundo.

Porto Alegre quedará marcado por la llegada de invitados muy especiales. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, el nuevo presidente de Brasil, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela. En un continente en plena ebullición, estas visitas tomaron un sentido muy especial. Brasil acababa de conocer un cambio político histórico, con la victoria del Partido de los Trabajadores (PT). Es una victoria de las clases populares contra el imperialismo y las clases dominantes. Pero el nuevo gobierno –en el que participan nuestros camaradas de Democracia Socialista- está en el momento de optar. Debe escoger entre Porto Alegre y Davos. (Rouge, órgano de la LCR, 6 de febrero de 2003)

‘Lula’ ha demostrado muy pronto que Porto Alegre era perfectamente compatible con el Foro Económico Mundial de Davos: anda con ambos. Nada de extraño, el Foro Social Mundial es una especie de kermesse organizada por las iglesias cristianas, ATTAC, ONGs y ecologistas con fracciones de la Internacional ‘socialista’, la burocracia castrista, los restos del estalinismo y la mayoría de los seudo-trotskistas (LCR y GR franceses, SWP y WP británicos, PTS y PO argentinos, PSTU y CST brasileños…). En septiembre de 2004, Lula desempaquetó en la ONU, con su compadre Chirac –que en Francia ataca todas las conquistas obreras- un plan de reformitas inspiradas de los altermundialistas, a saber, impuestos internacionales menores que probablemente no verán jamás el día…

Elegido con el 61 % de los sufragios junto a Alencar, un empresario, senador del Partido Liberal (PL), como vicepresidente, el nuevo presidente Lula ha puesto en funcionamiento, por cuenta de los explotadores locales y del imperialismo, un gobierno burgués contra las aspiraciones de las masas. Millones de trabajadores asalariados y de campesinos, en efecto, habían votado PT, un partido que emergió en 1980 de sus propias luchas, para obtener la satisfacción de sus reivindicaciones, por una sociedad desembarazada del capital, de los grandes terratenientes, de la dominación extranjera. La alianza PT-PL ha gobernado después para la minoría privilegiada de la sociedad, de los capitalistas y de los latifundistas. La coalición de colaboración de clases Lula-Alencar ha golpeado a la clase obrera y a los campesinos pobres: la reforma de las pensiones de los funcionarios adoptada en agosto de 2003 a pesar de las potentes huelgas y manifestaciones, las leyes sobre la fiscalidad y los impuestos. Y lo que prepara contra los derechos sindicales y el derecho del trabajo, contra los salarios, para la privatización de las universidades.

UN FRENTE POPULAR LEVANTADO CONTRA LAS ASPIRACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS CAMPESINOS

Los mismos partidos que sostuvieron la coalición con la burguesía que impidió lal revolución chilena en 1973, que realizaron en Francia más de una coalición gubernamental para gestionar lealmente el capitalismo, no han tardado en saludar la colaboración de clases en Brasil:

Querido amigo, los comunistas franceses comparten su alegría, con el anuncio de su elección a la presidencia de Brasil…Una nueva etapa se abre para Brasil y su pueblo, pero también para las fuerzas populares, de izquierda y progresistas de América Latina. (R. Hue y M.G. Buffet, ‘Mensaje a Luiz Inácio Lula da Silva’, 28 de octubre 2002)

Mientras que el frente popular en Chile (‘Unidad Popular’) accedió al poder en 1969 frente a un ascenso revolucionario, en Brasil, un sector de la burguesía ha comprendido que la alianza Lula-Alencar […], serviría perfectamente a sus intereses: las tareas a acometer para mantener a flote la economía capitalista e intentar convertir a Brasil en una potencia regional, tienen el riesgo de precipitar una reacción incontrolable de las masas. Utilizar, para infligir golpes decisivos al proletariado más potente de Latinoamérica, el prestigio de un antiguo metalúrgico y del partido obrero de masas surgido de las grandes luchas de los años 70 se ha revelado, hasta el momento, rentable.

En menos de un año, el gobierno ha conseguido, auténtica hazaña, introducir reformas que el gobierno precedente no había conseguido llevar a cabo. (Amérique latine 2004, La Documentation Française, p. 38)

Todos los partidos reformistas brasileños son aliados del PT para tender la mano a la burguesía y gobernar a su favor: el Partido Socialista Brasileño (PSB), Partido Comunista Brasileño (PCB) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El viejo partido socialdemócrata (PSB), los partidos ex estalinista versión rusa (PCB) o refrito chino-albanés (PCdoB), aportan su cooperación a los laboristas del PT, igual que los castristas y los seudo-trotskistas. El ministro PT Berzoini dirigió el ataque contra las pensiones. Palucci, un ex ‘trotskista’, ayuda a Mireilles en el ministerio de economía. El ministro de la reforma agraria es Miguel Rossetto, de la corriente pablista Democracia Socialista del PT, la organización hermana de la LCR.

El frente popular recibe también el apoyo de las direcciones de la confederación sindical

CUT, de la organización campesina MST, la organización estudiantil UNE. Contra cualquier desbordamiento, el gobierno y la iglesia católica han puesto en pie, desde finales de 2003, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) con la CUT, la UNE, y el MST, la Comisión pastoral obrera y la comisión pastoral campesina. Su objetivo oficial es: ‘garantizar la posibilidad de cambio de la política económica’ del gobierno. Tal estructura lo que intenta es prevenir la emergencia de órganos de autoorganización.

Apoyándose sin ninguna reticencia sobre el Estado burgués y su aparato represivo, el PT vertebra el gobierno y asume el trabajo de traición que la burguesía le ha encomendado, contra la aspiración revolucionaria de las masas que han creído votar por su representante, votando por su candidato. Lula levanta un gobierno de colaboración de clases PCdoB-PCB-PT-PL-PMDB contra los obreros, la juventud y los campesinos.

UN FRENTE POPULAR SIN LÍMITE A LA DERECHA

Las nominaciones para el nuevo presidente corresponden a su programa: a programa capitalista, gobierno burgués. El presidente del banco central elegido por Lula, Meirelles, es un hombre del imperialismo, un ex dirigente del banco americano BankBoston. Es también un cargo electo del PSDB, el partido burgués del candidato vencido en la segunda vuelta. El ministro de industria, Furlan, es un dirigente de la organización patronal de Sao Paulo (la FIESP), empresario exportador ligado especialmente al banco holandés Amo Bank. El ministro de Agricultura, Rodrigues, es un gran terrateniente ligado a la industria agroalimentaria.

Lula presentó, con el apoyo de todos los partidos burgueses, ‘la Carta de Brasilia’. Convocándolos a inicios del 2003 a los 27 gobernadores de los Estados, el nuevo presidente los asoció en una voluntad de unión nacional a las reformas de los impuestos y de las pensiones. La primera redujo el impuesto sobre el capital, la segunda se ha hecho contra los que Lula llama los ‘privilegios’ de los funcionarios.

Para legitimar esta carta reaccionaria, el gobierno fundó un órgano de colaboración de clases, el Consejo de Desarrollo Económico y Social. Está compuesto de 80 miembros: 2/3 de los puestos para los empresarios; el resto para los burócratas sindicales de las dos centrales, la CUT (que apoya el frente popular) y el FS (que apoya la oposición burguesa al gobierno).

Estas reformas necesitaban un retoque de la Constitución y el gobierno tuvo necesidad de más de 2/3 de los votos del Parlamento (Cámara de diputados y Senado), donde el PT (91 diputados de los 513) y el PL no eran mayoritarios. Esto se consiguió en febrero de 2004:

Lula dispone, en la Cámara federal de Diputados, del apoyo de 319 electos (62.2%): los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Liberal (PL), del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido Popular Socilista (PPS), del Partido Comunista de Brasil (PCB), del Partido Verde (PV), del Partido Social Liberal (PSL) y del Partido Laborista Brasileño (PTB). En el Senado, Lula puede contar igualmente con 46 senadores de los 81…(Amerique Latine 2004, La Documentation Française, p.71)

El Partido del movimiento democrático brasileño es uno de los viejos partidos burgueses. Aportó su apoyo a la dictadura militar. Accedió a la presidencia con Sarney en 1985, conocido por haber impuesto a las masas brasileñas un plan de austeridad draconiano.

El Frente Popular es una coalición de partidos. Toda coalición, es decir, toda alianza política duradera, tiene necesariamente como programa de acción el programa más ajustado de los partidos coaligados. (L. Trotsky, ‘la hora de la decisión se aproxima’, 1938, ¿Dónde va Francia?, p.117)

AL SERVICIO DE LOS CAPITALISTAS

Desde el principio de la campaña electoral de 2002, Lula y el PT se comprometieron a pagar loas deudas del Estado burgués. Fue cosa hecha en 2003 y 2004, gracias a la reducción drástica de los presupuestos sociales, ya muy limitados. El 54% de presupuesto federal del año 2003 fue consagrado al pago de la deuda y de sus intereses. El proletariado brasileño y el campesinado pobre han trabajado en parte para enriquecer más aún a los vampiros de los bancos multinacionales. Esto explica los numerosos cumplidos y las acogidas calurosas que recibe Lula en sus visitas a las principales capitales imperialistas, entre ellas París. Un reciente acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI y el gobierno brasileño prevé continuar en esta vía de la dependencia respecto al imperialismo.

Toda economía capitalista está sometida a fluctuaciones coyunturales, sin hablar de las grandes crisis económicas. Las economías dominadas son especialmente vulnerables. En 2003, la economía brasileña estaba estancada, lo que el proletariado pagó con altas tasas de paro: el 13 % de la población activa en diciembre de 2003, descenso del poder de compra, etc. En 2004, el crecimiento se retomó.[…] El saldo comercial continua mejorándose. Pero el ejército de reserva sigue siendo importante, con una tasa de paro del 11,3 % en julio.

Brasil se beneficia del dinamismo de sus exportaciones y sobre todo del bajo valor de la fuerza de trabajo en el que se empeña el gobierno: la congelación del salario de los funcionarios, el descenso del poder de compra de los trabajadores, el trabajo en negro para el 55 % de la población, ausencia de seguridad social para el 60 % de la población. El candidato Lula prometió doblar (+100%) el salario mínimo interprofesional durante su mandato (4 años). El gobierno decidió en junio un aumento del 1,2 % del salario mínimo, es decir, 260 reales mensuales (74 euros) mientras que la inflación fue del 6,3% en un año… La política de Lula-Alencar es, pues, la reducción organizada del poder de compra de los bajos salarios. Sin embargo, los cómplices sindicales de Lula se niegan a combatir por un aumento del poder de compra de los asalariados con salario mínimo y por la escala móvil de los salarios, contra la política salarial de gobierno.

En una sociedad ya muy desigual, se han acrecentado las diferencias de rentas entre los más pobres y os más ricos. Esto es lo que el PT y sus aliados burgueses han alimentado y desarrollado a cuenta de los capitalistas.

NI SIQUIERA LA REFORMA AGRARIA DEL GOBIERNO PRECEDENTE

La alianza del PCdoB-PCB-PSB-PT-PL ampliada al PDMB ha defendido la propiedad privada de las tierras y de las construcciones, tanto en las ciudades como en los campos, en detrimento de los arrendados, de los campesinos pobres y de los obreros agrícolas.

Hay más de 4,5 millones de familias sin tierra en Brasil, mientras que el 3 % de la población posee más del 55 % de las tierras cultivables. El Movimiento de los Sin Tierra está históricamente ligado al PT. La Iglesia católica, que jugó un gran papel en la creación del PT como partido obrero burgués, controla ampliamente el MST. Éste se esfuerza por frenar a los campesinos y los obreros agrícolas que quieren ocupar tierras. La dirección del MST intenta mantenerlos en los límites del derecho burgués, ‘constitucional’, de acceso a la tierra. El programa del MST es la aplicación de la reforma agraria limitada del precedente gobierno Cardoso.

El gobierno Lula ni siquiera alcanza los objetivos fijados por esta última, es decir, dotar 400.000 familias en 4 años de tierras de barbecho. El año 2003 ha visto beneficiarse de ello a menos de 10.000. Los pocos propietarios afectados han sido indemnizados por el Estado. Durante este tiempo, los policías del Estado o privados han reprimido a unas 200.000 familias campesinas que ocupaban propiedades ‘ilegalmente’. En 2003, más de 60 militantes fueron asesinados y 17 encarcelados por la ‘justicia social’ de Lula y Alentar. Un dirigente histórico del MST, José Rainha, cumple actualmente una pena de prisión por su actividad reivindicativa. El 19 de agosto la policía atacó con 300 agentes y helicópteros a 80 familias que ocupaban tierras en Fazenda Salitre (estado de Minas Gerais) por iniciativa del la Liga de los Campesinos Pobres.

Esto no impide que João Pedro Stédile, la dirigente actual del MST que reagrupa a centenares de miles de campesinos pobres, apoye al gobierno multiplicando las frases huecas típicas de los demócratas pequeño-burgueses:

Por parte del gobierno, sería necesario en primer lugar, que se decida claramente a favor de un nuevo proyecto de desarrollo del país. La reforma agraria no es un fin en sí, sino un medio para democratizar la propiedad de la tierra y, ante todo, para ser parte activa de un nuevo proyecto de desarrollo que tendría como centro de gravedad la redistribución de la riqueza. (O Pasquim 21, 27 de marzo 2004)

Así, Stédile le hace el juego a la burguesía latifundista porque ésta no tiene la intención de ‘democratizar’ la tierra. Apoyadas por el ministro de Agricultura, las policías privadas reprimen y expulsan a los campesinos que ocupan tierras. Para dar la tierra a quienes la trabajan, hay que quitar el poder a la burguesía. Sin dictadura del proletariado no hay verdadera distribución de la riqueza.

Por su parte, el ministro ‘trotskista’ de la reforma agraria, Miguel Rossetto, explica regularmente que hay que respetar las decisiones de los tribunales burgueses de defensa de la propiedad privada, de ahí las expulsiones de los campesinos pobres, aplicadas con celo por la policía.

El país dispone de un poder judicial, de una fiscalía pública. Las tensiones deben ser arregladas mediante el diálogo…La ocupación de las tierras es un tema de envergadura. Nosotros hablamos de propiedades privadas en espacios públicos. La Justicia es la que debe determinar lo que es legal o no. (M. Rossetto, Folha de São Paolo, 16 de marzo de 2003, Inprecor nº 481)

A pesar de Rossetto y el gobierno, a pesar de la orientación de sus cómplices de la dirección del MST, las ocupaciones de tierras han progresado en 2004.

TRABAJADORES DESARMADOS, MERCENARIOS DEL CAPITAL ARMADOS HASTA LOS DIENTES

La máquina del Estado, el aparato y el órgano de administración son los de siempre: ejército permanente, policía, cuerpos de funcionarios prácticamente irrevocables, privilegiados, situados por encima del pueblo. (V. Lenin, Las tareas del proletariado en nuestra revolución, 1917, Oeuvres t. 24, p. 60)

Contra la policía, de Estado o privada, las organizaciones obreras y campesinas deben organizar la autodefensa armada constituyendo milicias.

Lejos de armar a los trabajadores, el gobierno Lula-Alencar tolera las bandas mafiosas privadas de los empresarios de las ciudades y de los grandes terratenientes. Cubre los gastos colosales de los mercenarios oficiales de la clase dominante, de las policías de los Estados, que han acosado durante décadas a los huelguistas y protegido a los asesinos pagados por los latifundistas. Ese gobierno defiende el presupuesto federal de los servicios secretos que han espiado, acorralado y torturado a los militantes obreros de Brasil y de toda América Latina, y el del Ejército, que ha ejercido la dictadura contra la clase obrera.

Lula intenta hacer creer que se trata de trabajadores como cualesquiera otros, bautizando a los policías como ‘trabajadores de la seguridad’. En función de las ambiciones de la burguesía brasileña como potencia regional, el gobierno de Lula ha enviado al Ejército para funciones de mantenimiento del orden en Haití, junto a los ejércitos y las policías imperialistas franceses y americanos. Los escuadrones de la muerte compuestos por policías armados prosiguen impunemente su obra criminal, especialmente asesinando los jóvenes de los barrios pobres.

LA REFORMA LULA-ALENCAR CONTRA LAS PENSIONES…

En mayo y junio de 2004, los funcionarios brasileños iniciaban su lucha contra la ley Lula-Alencar que responde a la exigencia de los capitalistas de reducir el salario diferido pagado en forma de pensión.

Después de las negociaciones con los ‘agentes sociales’, la ley brasileña encara el incremento de las cotizaciones, el retraso de 7 años de la edad de jubilación ( de 48 a 55 años para las mujeres, de 53 a 60 años para los hombres) y establece la pensión mensual máxima en 514 €. Además, grava con un impuesto del 11 % las pensiones de jubilación superiores a 320 € mensuales. Prevé también el cálculo de la pensión por media salarial y no ya sobre la base del último salario percibido. Igual que en Francia, crea fondos de pensiones que cogestionarán dirigentes sindicales pagados por hacerlo.

… PONE EN MOVIMIENTO LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El 11 de junio en Brasilia más de 30.000 trabajadores se manifestaron convocados por la Confederación de los sindicatos del sector público (CNESF), de la federación de docentes (CNTE, afiliada a la CUT) y exigieron la retirada del proyecto. Una parte de los manifestantes gritó: ‘¡Lula, has traicionado!’. Pero el movimiento quedó dentro del marco establecido por el aparato sindical de la CUT, ligado al PT. En ningún momento la CUT llamó a la huelga general, al contrario, continuó negociando el proyecto del gobierno.

Con ocasión de su 8º congreso, del 2 al 7 de junio de 2003, la burocracia de la CUT validó esta actitud. Pilar del frente popular, la CUT rechazó la consigna de retirada del proyecto antiobrero. Propuso enmiendas declarándose ‘solidaria’ con los huelguistas. En este congreso, las tendencias que se reclaman del trotskismo lo único que harán será acompañar, por la izquierda, a la traición de la dirección sindical, combatiendo contra la huelga general.

La corriente lambertista O Trabalho del PT (OT), organización hermana del PT francés de Lambert & Gluckstein propuso la retirada de algunos puntos. Los pablistas de DS, la organización hermana de la LCR francesa de Krivine et Besancenot, también propusieron enmendar la ley. Estos últimos votaron a favor del nuevo portavoz de la CUT, el muy lulista Luiz Marinho. En fin, la tendencia sindical de los morenistas del PSTU (expulsados del PT en 1992) se conformará con pedir la retirada del proyecto, sin exigir la convocatoria de la huelga general. Estas políticas de los seudo-trotskistas se asemejan en todo a las de LO, la LCR y el PT en mayo y junio de 2003 en Francia: aceptación del calendario de las jornadas de acción y de las negociaciones, ninguna batalla contra las direcciones sindicales y por la huelga general.

LAS JORNADAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA CUT CONTRA LA HUELGA GENERAL

Las negociaciones continuaron gracias a la complicidad de los dirigentes de la CUT y su política de ‘jornadas de acción’. De nuevo, el 8 de julio fueron 400.000 funcionarios, es decir, la mitad, quienes hicieron huelga durante 72 horas. Durante el mes de julio, la política de colaboración de clase condujo a romper el movimiento con huelgas escalonadas, con la división por sectores y con jornadas de acción de 24 horas.

El 6 de agosto, el proyecto del PT fue aprobado por una mayoría de diputados. La burocracia sindical permitió votar al parlamento el texto antiobrero de desguace de las pensiones. En el parlamento, la aplastante mayoría de los diputados del PT votó a favor. Una fracción de los huelguistas, que comprendió la naturaleza contrarrevolucionaria del PT al que una parte estaba afiliada, buscó vencer al gobierno.

La aceptación de negociar el proyecto, la división sector público-sector privado, la huelga prorrogable sector por sector y las jornadas de acción impidieron la huelga general y protegieron al gobierno. Faltó un partido que trazara la vía de la victoria de los trabajadores, decidido a infligir una derrota al gobierno: ¡Ninguna negociación de la reforma! ¡Huelga general hasta la retirada del proyecto! ¡Derogación de la ley contra las pensiones! ¡Ruptura de la CUT con la burguesía! ¡Autoorganización de los huelguistas y centralización de sus órganos en un comité central de huelga! ¡Fuera los ministros burgueses! ¡ Por un gobierno al servicio de los trabajadores!

LA CLASE OBRERA BRASILEÑA TIENE NECESIDAD DE ORGANISMOS DE LUCHA Y DE UN NUEVO PARTIDO, DE UN PARTIDO REVOLUCIONARIO

Sólo un partido que lucha por la toma del poder por los trabajadores, por la expropiación de los latifundios y de los bancos, de los grandes grupos de la industria y del comercio, es capaz de desplegar toda la energía del proletariado frente a un gobierno apoyado por todos los agentes de la burguesía en el seno de la clase obrera, desde el PT hasta los seudo-trotskistas, pasando por todas las variantes de la socialdemocracia y del estalinismo. Esto incluye a todos los centristas, que hacen creer que el gobierno de frente popular, gobierno de coalición con la burguesía, podría servir a los intereses de las masas.

Desde la primavera de 2004, una ola de huelgas sacude al país: metalúrgicos de Audi-Volkswagen y de General Motors, trabajadores de la banca que exigen el 25 % de aumento salarial, de funcionarios y empleados municipales que exigen más del 50 %, trabajadores de Petrobras, principal grupo petrolero brasileño, contra la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y en defensa de sus condiciones de trabajo…Contra los despidos, los obreros y obreras de CIPLA, Interfiera, Flaskô, Diamantina, Flakepet, ocupan sus fábricas y piden al gobierno que las nacionalice. Los estudiantes, a pesar de la traición de los dirigentes de la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) ligada a la CUT, se manifiestan masivamente contra la privatización de las universidades.

En septiembre, los trabajadores de banca rechazan la aceptación por la dirección del sindicato CNB-CUT de únicamente el 8,5 % de incremento salarial, es decir, de la propuesta de la patronal bancaria brasileña (FUNABAN).

Los trabajadores y los campesinos demuestran su disponibilidad para el combate contra la patronal y los grandes propietarios, su desconfianza creciente respecto al PT, igual que respecto a las burocracias sindicales que están ligadas a él…Brasil puede relanzar en cualquier momento la revolución en América Latina.

EL ASCENSO REVOLUCIONARIO EN LATINOAMÉRICA

A pesar de la contraofensiva de la burguesía mundial de los años ’80 que hizo recular al proletariado en todos sitios, desencadenó la guerra contra los países oprimidos como Granada, Afganistán e Irak, restablecido el capitalismo en Rusia, Latinoamérica sigue siendo hoy un continente inestable.

Allí, las masas han expulsado, en varios países, presidentes burgueses elegidos, y abierto situaciones revolucionarias: en Argentina, en diciembre 2001, en Bolivia en octubre de 2003. Sin embargo, los explotados no han podido derrocar a la burguesía e instaurar su Estado, ni siquiera crear organizaciones de tipo soviético que puedan unificar a las masas en lucha y aspirar al poder.

En Argentina, los trabajadores industriales jugaron un papel muy débil en las manifestaciones de diciembre de 2002, mientras que su papel fue decisivo en 1969 y los años siguientes. Tras la caída de De la Rua, el proletariado estuvo dividido y paralizado: por los dirigentes peronistas de las dos CGT, por los radicales burgueses de la CTA, por los estalinistas de todo tipo, por los seudo-trotskistas de las organizaciones de parados (‘piqueteros’) que han separado de los trabajadores con empleo y de los trabajadores de las fábricas ocupadas, transformadas aplicadamente en cooperativas . Todas estas corrientes se han negado a luchar por la unidad de todos los trabajadores, la centralización de todos sus órganos de combate (ver Révolution Socialiste nº 1, nº 2-3).En Bolivia, la huelga general y las manifestaciones que consiguieron expulsar a Lozada se apoyaron en asambleas en los barrios obreros y en los campos. Pero la dirección de la COB, el MAS y el MIP impidieron la generalización de las milicias obreras y campesinas contra el ejército y declararon una tregua para liquidar los órganos de autoorganización.

La marcha adelante del proletariado latinoamericano está frenada por la ausencia de partidos obreros revolucionarios. El imperialismo y las fracciones principales de la burguesía brasileña cuentan, además, con la existencia de un partido de base obrera sometido a ellos: el PT.

EL PT, PARTIDO OBRERO DE MASAS NACIDO BAJO LOS AUSPICIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA

Aunque nacido de las luchas obreras de los años 70 contra la dictadura militar, el PT no ha sido nunca un partido revolucionario. Desde su origen, este partido de masas guardó durante un tiempo, un carácter relativamente democrático. Pero el principal dirigente del PT, ahora presidente, es un católico militante, como el antiguo dirigente del sindicato polaco Solidarinosc, Lech Walesa (ver Révolution Socialiste nº 7-8). Además, desde su nacimiento, el programa del partido lleva la marca de la Iglesia Católica, vieja organización reaccionaria que ha defendido desde hace casi 2000 años todos los tipos de explotaciones (esclavismo, servidumbre y el trabajo asalariado), lo mismo que la colonización y las guerras imperialistas…

El acceso al poder de ‘Lula’ es el fruto de más de veinte años de trabajo político con origen en la lucha sindical bajo la dictadura y en la doctrina social de la Iglesia. (Amérique Latine 2004, La Documentation Française, p.6)

El PT se constituyó como partido obrero burgués, es decir como una organización salida de la clase obrera, pero con un programa para mejorar el capitalismo, y cuya dirección es cómplice de la burguesía.

Únicamente la intervención resuelta de una fracción bolchevique-leninista, que luche por un partido obrero revolucionario y sobre la base del programa del marxismo, habría podido evitar la constitución de un partido reformista tan implantado y popular, que sitúa a los trabajadores bajo la tutela del capital y de la iglesia. A falta de un partido revolucionario, era legítimo para los comunistas revolucionarios intervenir en la gestación y en la proclamación de este partido de masas, relativamente democrático, que aceptaba todas las tendencias del movimiento obrero. El objetivo de los leninistas hubiera sido conseguir el máximo de fuerzas para un partido claramente revolucionario, firmemente delimitado de los reformistas. En otras palabras, la adhesión al PT no podía constituir más que una táctica pasajera, subordinada a la construcción de un partido revolucionario.

LOS ENTERRADORES DE LA IV INTERNACIONAL, ALA IZQUIERDA DEL PT

Pero las corrientes que se reclaman fraudulentamente de Lenin y de Trotsky y que han intervenido en el PT eran incapaces de trabajar allí en la perspectiva de la toma del poder y de la insurrección, por un partido del tipo bolchevique. Todo lo contrario, estos entreguistas han devuelto, a lo largo de los años, a muchos elementos de vanguardia al seno del partido reformista y han avalado el dominio de ‘Lula’ sobre el PT. Con el acceso de éste a la más alta posición del Estado burgués, mantenerse en el PT tiene un precio: el apoyo al frente popular.

La corriente lambertista O Ttrabalho está en el PT […]. Ha hecho de todo para impedir la aparición de un partido revolucionario. Exigiendo ‘recuperar el PT’ mediante la organización de ‘una conferencia del PT de los orígenes’, cada número de su órgano O Trabalho explica que el gobierno de frente popular está en una encrucijada, que puede modificar su política. En el seno de la CUT, la fracción sindical de OT protege a la burocracia vendida contra los sindicatos y sindicados que quieren romper con el apoyo al frente popular.

La corriente pablista Democracia Socialista va todavía más lejos. Está presente en el interior del gobierno de frente popular, junto a los ministros capitalistas. Su dirigente Rossetto lleva a cabo la reforma agraria de F.H. Cardoso. Igual que OT, DS participa en la dirección de la CUT junto a los lulistas. Tras un año y medio de sumisión al frente popular, ante el descontento creciente de las masas, una fracción de DS ha participado en la revuelta de los cuatro parlamentarios contra el proyecto Lula-Alencar-Rossetto contra las pensiones, y después en la constitución en abril de 2004 del ‘movimiento por un nuevo partido’. Mientras que la minoría excluida del PT se reclama de la última conferencia de DS, que justificaba la participación en el gobierno, la mayoría de DS prefiere los puestos ministeriales sindicales, municipales… a la solidaridad más elemental con sus propios camaradas víctimas del aparato corrupto del PT.

OT y DS se hacen pasar, ambos, por la sección en Brasil de la 4ª Internacional fundada por el dirigente bolchevique Trotsky.

La 4ª Internacional no tiene, ni puede tener, sitio en ninguno de los frentes populares…(La agonía del capitalismo y las tareas de la 4ª Internacional , 1938, GB, pg 48)

Desgraciadamente, esta falsificación es generalizada. La 4ª Internacional, que estalló en 1952-53, vio sucumbir a todas sus secciones a las presiones de la burguesía mundial, vía burocracias estalinistas, aparatos sindicales o fuerzas nacionalistas. Desde entonces, en todo el mundo, se desgarra y mancilla la bandera del ‘trotskismo’ y de la ‘4ª Internacional. A finales del siglo XX, la mayoría de los ‘trostskistas’ apoyaba de hecho el restablecimiento del capitalismo en Rusia. En este principio del siglo XXI, en Francia, la LCR pablista ha votado por Chirac, LO hardista ha preparado y aprobado la ley Chirac contra las muchachas árabes y turcas, el PT lambertista se niega a defender a los obreros inmigrantes. En otros sitios el asunto no va mejor: el PO altamirista está a favor de una asamblea constituyente, el SWP cliffista de Gran Bretaña opera con bloques duraderos con los islamistas, el PT lambertista de Argelia se pronuncia contra los derechos de los bereberes, etc.

En estas condiciones, que no son especiales de Brasil, la pretensión de sanar la 4ª Internacional sucumbida desde hace mucho tiempo a enfermedades tan mortales como la adhesión a los frentes populares, proviene del charlatanismo de los viejos manipuladores centristas. ¿Cómo se puede aspirar a defender el Programa de Transición sin hacer el balance de Lora y Moreno, sin rechazar el ‘frente único antiimperialista’ pablo-lambertista, sin combatir contra el refuerzo de las fuerzas de represión de la burguesía y contra todo pacto gubernamental con los representantes de los capitalistas? ¿Cómo regenerar, refundar, reconstruir una internacional sin apoyarse en siquiera una sección?

Durante los años ’30, los bolcheviques leninistas partidarios de una 4ª Internacional le arrancaban los trabajadores de vanguardia a los partidos de la 2ª y 3ª Internacional, dedicadas a la colaboración de clases. Los epígonos contemporáneos de la difunta 4ª Internacional hacen el trabajo inverso: le proveen de cuadros a todos los partidos reformistas o los sustituyen en caso de necesidad. Esto es verdad en Brasil, tanto dentro como fuera del PT.

EL PSTU CONTRA UN PARTIDO REVOLUCIONARIO BASADO EN EL PROGRAMA DEL MARXISMO

El PSTU proviene de la escuela del caudillo argentino Nahuel Moreno, quien capituló sucesivamente ante el nacionalismo burgués y el castrismo. Los fundadores del PSTU fueron excluidos del PT hace unos diez años por haberse atrevido a poner en cuestión al presidente reaccionario Collor antes del fin de su mandato. Este partido reagrupa a más de 2.000 militantes y obtuvo más del 0.5 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En la segunda vuelta de esas elecciones, el PSTU desistió a favor del tándem Alentar-Lula, es decir, votó frente popular como, en Francia, la LO y la LCR votaron Union de la Gauche en las segundas vueltas en 1981. Los centristas no tienen principios, se adaptan.

Así, en 2004, el PSTU parece que busca crear sus propios sindicatos, basándose en que una fracción de los trabajadores ha perdido sus ilusiones respecto a Lula. Si lo hace volverá la espalda a las organizaciones de masas de la clase obrera, lo que de hecho significa dejarlas en manos de las burocracias cómplices de Lula y de Alentar.

Por el contrario, los bolcheviques lucharían en el seno de toda organización de masas, especialmente en la CUT, la UNE, el MST, contra sus direcciones, por la defensa de sus reivindicaciones, por la ruptura con el gobierno, por la huelga general. Con su izquierdismo de fachada, el PSTU le permite al gobierno proseguir sus negociaciones con la CUT para hacer la política que necesitan los capitalistas. Zé Maria tiene buen cuidado de no dirigir contra el frente popular a la vanguardia que influencia el PSTU; no propone nunca la constitución de un gobierno obrero y campesino, no explica jamás que únicamente el armamento de los trabajadores y la toma del poder abrirán la vía al socialismo.

El oportunismo del PSTU se revela en su actitud ante las fuerzas de represión, ante el corazón del Estado burgués. Igual que LO en Francia,(ver Révolution Socialiste, nº2-3), el PSTU apoya las reivindicaciones de los perros de presa de los capitalistas y de los latifundistas.

Evidentemente, los bolcheviques apoyarían toda revuelta de los soldados profesionales y de los policías contra su jerarquía y toda negativa a cumplir las órdenes de represión de un gobierno burgués contra las masas. Pero se oponen a las reivindicaciones ordinarias de aumento de los salarios, de reducción del tiempo de trabajo, de aumento de los efectivos, sin hablar ya de las frecuentes exigencias de equipamientos suplementarios y de facilidades jurídicas. Las ‘reivindicaciones’ y las ‘acciones sindicales’ de los policías civiles y militares brasileños, de los gendarmes y policías franceses, conducen a incrementar los impuestos que pagan los trabajadores, y ello para pagar y armar, para equipar a los mercenarios de los explotadores que reprimen a los revolucionarios, las manifestaciones, las huelgas y las insurrecciones. Aunque los fundamentos de la dominación de clase reposan en la economía, las clases se mantienen gracias a los aparatos y órganos del Estado político: ejército, policía, partidos, tribunales, etc.

El aparato gubernamental con su ejército capitalista, situado bajo el comando de un cuerpo de oficiales burgueses y de junkers, con su policía y su gendarmería, sus carceleros y sus jueces, sus curas, sus funcionarios, etc., constituye, entre las manos de la burguesía, el más potente instrumento de gobierno. (1er congreso de la IC, Plataforma de la Internacional Comunista, 1919, Los cuatro primeros congresos de la IC, p.19)

El proletariado sólo paralizará el aparato de represión de la burguesía y de los grandes terratenientes mostrando su fuerza:

Para impedir el restablecimiento de la policía sólo hay un medio: crear una milicia popular constituida en ejército (armamento general del pueblo substituyendo al ejército permanente). V. Lenin, Las tareas del proletariado en nuestra revolución, 1917, Oeuvres t.24, p. 63)

EL PSoL SE NIEGA A COMBATIR REALMENTE CONTRA EL FRENTE POPULAR

Hace diez años que la corriente morenista fue expulsada del PT. Sus fracciones más derechistas renegaron de sus camaradas y escindieron para poder quedarse en el Partido de los Trabajadores. DS y OT se plegaron a las decisiones de la dirección de ese partido.

Hoy, para mantenerse en el gobierno del frente popular, la mayoría de DS acepta las expulsiones de sus propios camaradas que se han negado a votar a favor de la ley contra las pensiones: OT cierra los ojos a las expulsiones de los parlamentarios morenistas y pablistas que han osado desafiar a Lula y al FMI. Quienes no luchan, en el seno de sus pretendidas 4ª Internacionales, contra estas vergonzosas capitulaciones y contra el soporte al frente popular, están muertos para la revolución.

El 5 y el 6 de junio de 2004, los 4 parlamentarios ‘radicales’, seguidos de sus corrientes en el seno del PT (DS-LR, MES, CST) y junto a una escisión del PSTU (Socialismo y Libertad), constituyeron el ‘partido Socialismo y Libertad’ (PSoL), con varios centenares de militantes.

Todas estas corrientes tienen el mismo origen, el pablismo que inició la destrucción de la 4ª Internacional hace medio siglo. Pablo había resucitado, en el congreso de 1951 de la 4ª Internacional, ‘el frente único antiimperialista’, contra el programa de la 4ª Internacional, el de la revolución permanente. El FUAI servía para justificar el apoyo a las burguesías nacionalistas, siendo el frente popular la forma consagrada para ello desde los años 30. Cegado por la dirección misma de la 4ª Internacional, el POR traicionó la revolución boliviana de 1952, capitulando de manera estalino-menchevique ante el MNR (partido burgués). Todos los que [a lo largo del tiempo se han convertido en] liquidadores de las organizaciones bolchevique-leninistas de Latinoamérica, los argentinos Posadas y Moreno, el boliviano Lora, el francés Lambert, el belga Mandel… son los herederos de la capitulación del congreso de 1951 ante el nacionalismo burgués y, consecuentemente, partidarios del ‘frente único antiimperialista’.

Desde el estallido de la 4ª Internacional de 1952-53, los pablistas versión Moreno y los pablistas versión Mandel fueron peronistas cuando Perón estaba en la cumbre de su carrera de demagogo burgués, castristas cuando la revolución cubana entusiasmó al continente, sandinistas cuando Somoza caía, altermundialistas con los éxitos de los foros sociales mundiales…

Como la cotización de Lula baja entre los trabajadores de Brasil, la minoría Libertad Roja de DS, el MES y la CST piensan que ha llegado el momento de separarse. Para justificar este tardío descubrimiento, el PSoL dice que el gobierno ‘se ha transformado en una agencia de defensa de los intereses del capital financiero’. Como si no lo hubiera sido de entrada, por su composición y su programa.

Pero ellos no fundan un partido radicalmente diferente del PT, un partido que encare dirigir la insurrección y permitir a la mayoría trabajadora la toma del poder. Además, se niegan a fusionarse con el PSTU porque lo encuentran demasiado radical. El eslogan hueco de los altermundialistas, ‘otro mundo es posible’, es adaptado localmente y convertido en ‘otro Brasil’, voluntariamente impreciso:

En la medida en que el gobierno acelera su curso hacia el precipicio, se abre una vía para una alternativa de izquierda consecuente, socialista y democrática, capacitada tanto para arrastrar e influenciar sectores de masas como para ofrecer una salida positiva a los que creen en otro Brasil. (Bases programáticas del PSoL, 6 de junio de 2004)

En consecuencia, el nuevo partido es incapaz de enfrentar el frente popular y el gobierno burgués, de llamar a todas las organizaciones obreras a la ruptura con la burguesía, a constituir organismos de tipo soviético.

Además, el PSoL no exige ni siquiera la derogación de la ley contra las pensiones. Estos semi-reformistas reivindican una ‘reforma agraria verdadera’ y ‘reformas sociales’. Su objetivo de un ‘socialismo democrático’ no tiene nada que envidiar al proyecto ‘pacifista’ de la UP de Allende…Con un siglo de retraso, el PSoL está por ‘una verdadera constituyente’. Dicho de otra manera, el PSoL respeta el poder de la minoría explotadora. Más todavía, su programa pide la ‘democratización de las fuerzas policiales’: sin embargo, estas últimas constituyen el núcleo de base del Estado burgués. El proletariado armado deberá liquidarlas. Esto sitúa al PSoL muy a la derecha del POUM, que desarmó políticamente al proletariado durante la revolución española. El PSoL semi-reformista no tiene otro objetivo que constituirse en ala izquierda del frente popular. No aspira en absoluto, aun menos que el PSTU, a edificar un partido revolucionario con un programa claro, ni a luchar por el poder de los trabajadores. PSTU y PSoL quieren hacerse un lugar junto al PT, en el seno de la sociedad capitalista.

¡POR LA REVOLUCIÓN PERMANENTE! ¡POR UN PARTIDO BOLCHEVIQUE!

DS, OT el PSoL y el PSTU son otros tantos obstáculos en la vía de la revolución. Su programa común es el rechazo de la insurrección y del partido revolucionario, la mejora del capitalismo y la reforma del Estado burgués. Epígonos de la difunta 4ª Internacional, ayudan, directa o indirectamente, a Lula y al frente popular.

Los elementos de vanguardia están dispersos y confusos. Además de los revolucionarios que se han extraviado en el PT, el PSoL y el PSTU, existe a su izquierda un cierto número de organizaciones más pequeñas. Seis de entre ellas han respondido a la Convocatoria de los 21 puntos de una conferencia internacional lanzada por el Colectivo en el que participa el Grupo bolchevique: CC, FT, OO, POM, RL; TM. Otra más, la LBI, ha publicado textos del GB y de Lucha Marxista de Perú, que igualmente es miembro del Colectivo.

Su responsabilidad es inmensa, porque el tiempo cuenta. Hay que arrancarse las secuelas oportunistas del pablismo sin zozobrar en las desviaciones simétricas del sectarismo: abandono de la intervención en las organizaciones de masas, rechazo del frente único obrero, negativa a participar en las elecciones, etc.

Para acabar con la dominación capitalista no sólo hay que romper con el FMI, y el ALCA del imperialismo americano, sino con la burguesía nacional y las potencias imperialistas europeas. Él único medio de no pagar la deuda es movilizar a los asalariados de las ciudades y a los parados, los soldados de constricción y los estudiantes, los obreros agrícolas y los campesinos pobres, las mujeres trabajadores y las de las favelas.

La lucha de las masas proletarias y semi-proletarias no se parará con la independencia nacional. Desembocará naturalmente en la expropiación de todos los medios de producción, de todos los latifundios, de los bancos, de las grandes empresas industriales y de las cadenas de distribución, sean nacionales o extranjeras, instaladas sobre suelo brasileño.

Pero la coalición gubernamental cuyo eje es el PT defiende esta propiedad privada. Toda organización revolucionaria debe decir: ¡Ningún apoyo al gobierno Lula-Alencar! ¡Abajo el frente popular PCdoB-PT-PL-PMBD! ¡Ni un voto para las listas donde figuren los candidatos burgueses! ¡Ruptura de todas las organizaciones obreras con la burguesía, su Estado, su gobierno! ¡Gobierno sólo de los partidos obreros! ¡Verdadero gobierno obrero y campesino!

A la coalición abierta o enmascarada entre la burguesía y la socialdemocracia, los comunistas oponen el frente único de todos los obreros contra la burguesía, la coalición política y económica de todos los partidos obreros contra el poder burgués, por el derrocamiento definitivo de este último. (Resolución sobre la táctica, 1923, Los cuatro primeros congresos de la IC, p 158)

Un gobierno obrero y campesino sólo puede emerger por la generalización de los órganos de masas en lucha, su armamento, su insurrección para destruir el aparato del Estado burgués, desarmar las policías y el cuerpo de oficiales.

La revolución brasileña sólo podrá sobrevivir y avanzar hacia el socialismo extendiéndose. Sin ninguna duda, la victoria del proletariado tendría un eco mundial y continental, incluidos los Estados Unidos. La creación de los Estados Unidos Socialistas de toda América aseguraría la victoria de la revolución socialista mundial.

Para esto es necesario un partido distinto del PT, también del ‘de los orígenes’: un verdadero partido comunista, que confíe en la clase obrera, resuelto a echar abajo a la burguesía, basado en el marxismo.

Es esta la perspectiva para dirigirse a la base del PT y de la CUT, al PSTU y al PSoL. La base política para hacer frente a los acontecimientos: elecciones municipales de octubre, ocupaciones de tierras, huelgas obreras, insumisión de jóvenes trabajadores que cumplen su servicio militar, luchas de las mujeres por el derecho al aborto y por la igualdad… este es el eje sobre el que los militantes revolucionarios brasileños podrían reagruparse y podrían avanzar hacia la construcción del Partido obrero revolucionario y de la Internacional obrera revolucionaria.

30 de septiembre de 2004.

Situación política en el Estado Español

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ZAPATERO: una política al servicio del capital, una política de continuidad

La formación del Gobierno Zapatero: reubicación de la tropas ocupantes, profundización de la política antiobrera, mantenimiento de la Constitución capitalista y monárquica

El 15 de abril Zapatero pronunciaba en el Congreso de los Diputados su discurso de investidura. En él afirmaba que “algunas utopías merecen ser soñadas”[i]. La misma frase ya pone limites a la utopía, que no es realizable sino sólo soñable. Los objetivos de gobierno, que se comprometía a realizar Zapatero, dejaban aún más claro los límites nada ‘utópicos’ del gobierno del PSOE.

Un primer bloque de propuestas era: introducir algunas reformas en la Constitución de 1978, ‘concretas y limitadas’ (transformar el Senado en Cámara Territorial; establecer la igualdad hombre mujer en lo que concierne a la sucesión a la Corona... “sin alterar las previsiones que afectan al Príncipe de Asturias”; introducir la denominación oficial de las 17 comunidades y dos ‘ciudades autónomas’, en referencia a los enclaves militares imperialistas de Ceuta y Melilla; introducir una referencia a la Constitución Europea, se refería al Tratado entre estados para una Constitución para Europa. Todo ello solicitando el dictamen del Consejo de Estado, habiendo previamente hecho un cambio en su presidencia y proponiendo, también, una reforma de este órgano ‘consultivo’ para que, de ahora en adelante, pasen a formar parte de él (como vocales natos y permanentes) todos los ex presidentes de gobierno.

En un segundo bloque propuso abordar la reforma de algunos estatutos de autonomía, dentro de los límites de la Constitución de la Monarquía ya que “La legitimidad de las reformas estatutarias sólo tiene, para nosotros, dos condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que supongan, al menos, un amplio consenso político y social.”

Otro bloque era: ordenar la retirada de Irak de las tropas ocupantes del ejército español, para “sacar a España de la foto de las Azores”, de modo que “no permitiremos que se ponga en cuestión nuestro firme compromiso con la seguridad internacional y en la lucha contra el terrorismo”.

En cuanto a la relación con el partido directamente burgués más importante del Congreso, avanzó su intención de mantener el frente unido con el PP en el ‘Pacto antiterrorista’: “El elemento esencial de la lucha contra el terrorismo es la unidad de los demócratas. El Pacto contra el Terrorismo para mí sigue vigente.”

Se comprometió a crear mil nuevas plazas de jueces y fiscales y a reforzar los aparatos de represión con “36.000 efectivos más”.

Prometió mantener la política económica seguida hasta ahora de modo que “el gobierno no incrementará la presión fiscal global”.

En lo referido a la educación aseguró: “Debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos.”

Sobre política del agua: “Quiero anunciar una nueva política del agua. El gobierno abordará una profunda reforma de las Confederaciones Hidrográficas y revisará el plan Hidrológico Nacional vigente..”

Tuvo un recuerdo para la clase obrera y se comprometió a “Posibilitar un empleo de calidad que ponga fin a la escandalosa e injustificada precariedad en el empleo” para pasar, acto seguido, a amenazar: “El gobierno propondrá un gran acuerdo social de competitividad y empleo estable”; se refirió al ‘problema’ de la vivienda para anunciar que combatiría la especulación del suelo y que su gobierno elaborará un Plan que “pondrá a disposición de las familias a precios asequibles 180.000 viviendas anuales más”, para acabar prometiendo “la elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los seiscientos euros mensuales al final de la legislatura”.

Se comprometió a reformar el Código Civil para reconocer el derecho al matrimonio de los “homosexuales y transexuales”, “con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”. En cuanto a la inmigración destacó que “Es imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra”

Según el diario El País, dedicó siete minutos al tema del terrorismo, seis al de la reforma de la constitución tres al del empleo y la política social y uno al del aumento del salario y las pensiones.

Al día siguiente, 16 de abril, el Congreso de los Diputados votó la investidura de Zapatero como Presidente del Gobierno: PSOE (164) ERC (8) IU (5), CC (3), BNG (2) y CHA (1) votaron a favor; en contra, el PP (148) mientras que CiU (10), PNV (7), EA (1) y Nafarroa Bai (1) se abstuvieron.

Casi un mes más tarde, Llamazares, Coordinador general de Izquierda Unida, afirmaba en una entrevista: “El programa de investidura va mucho más a la izquierda de la tradición del PSOE”[ii]

El 17 de abril Zapatero prometió su cargo de Presidente del gobierno ante Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón. De su gobierno destacan el ministro Pedro Solbes, Vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, nunca ha sido militante del PSOE pero sí fue ministro de agricultura entre 1991 y 1993 y el ministro todopoderoso de Economía y Hacienda, desde 1993 hasta 1996, del Gobierno de Felipe González que aplicó la dura política de ajusta antisocial y antiobrera, política que Rodrigo Rato supo agradecer cuando llego al gobierno del Sr. Aznar; la vicepresidenta primera, y ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, también ‘independiente’ del PSOE; el Ministro de Seguridad José Antonio Alonso, también ‘independiente’ del PSOE; el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, católico ‘progresista’ que sólo en el 2000 se afilió al PSOE y que ha sido protagonista, en primera línea, de la política imperialista de la UE en el Oriente Próximo participando en el ‘proceso de paz’ contra Palestina como enviado especial de la UE y en las negociaciones de la Hoja de Ruta; tras ellos destacan ya dos antiguos militantes del PSOE, el nacionalista españolista José Bono, ministro de Defensa, y Jesús Caldera que, como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, estará sujeto a las directrices provenientes desde el ministerio de Economía y Hacienda. Jordi Sevilla, también militante del PSOE, que se hace cargo del ministerio de Administraciones Públicas (autonomías) y que, también, tiene que ver con el independiente Pedro Solbes, bajo cuyo mandato ministerial en Agricultura y en Economía trabajó como jefe de Gabinete.

Al día siguiente de hacerse público el Gobierno de Zapatero éste anunciaba que “Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.”[iii]

El reforzamiento del Estado, judicatura, ejército y policía

Control de la judicatura

El 25 de noviembre de 2004, el PSOE perdía la votación sobre la reforma del sistema de elección de magistrados, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a causa del absentismo ‘laboral’ en las filas de sus diputados. El 29, el Gobierno se reunía en Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar de nuevo el proyecto y, el 9 de diciembre, se aprobaba en el Congreso la reforma que obliga a elegir a los miembros de la Sala Segunda de lo Penal por tres quintos del Pleno del Consejo General del poder Judicial. A la Sala Segunda de lo Penal le corresponde ser “competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución..”. “No hay más que echar un vistazo a la Ley Orgánica del poder Judicial para ver que entre las competencias de la Sala Penal consta la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales contra el Presidente y miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y el Senado, diputados y senadores, la cúpula de la Judicatura y la fiscalía, etc.” afirmaba, en un entrevista, Fernando Salinas vicepresidente del Consejo del Poder Judicial[iv].
El frente unidodel ‘Pacto Antiterrorista’ con el PP...

El 12 de abril, las ejecutivas del PSOE y del PP desarrollaban sus respectivas reuniones para preparar el debate de investidura. Zapatero afirmaba ante la de su partido que “El pacto Antiterrorista ha sido y es un instrumento útil y vamos a mantenerlo en sus términos. Es un pacto entre el PP y el PSOE, aunque no es excluyente”[v]; Acebes, desde la ejecutiva del PP, le respondía que era incompatible mantener este frente unido, contra el derecho a la autodeterminación, con que en él entrasen a formar parte fuerzas políticas como ERC e IU. Para el Gobierno de Zapatero se trataba de recomponer rápidamente los aparatos de estado, que habían mostrado todos sus poros y cloacas en el atentado contra la clase obrera en Madrid el 11 de septiembre del 2003.

...y el reforzamiento del aparato policial

José Bono, nacionalista convencido y confeso, no tuvo reparos en decapitar a la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y colocar a un civil sin experiencia (Alberto Saiz consejero de Industria en la Junta de Castilla-La Mancha), pero “una persona de mi absoluta confianza”[vi], para dirigir los servicios secretos.

La recomposición de la cúpula de los aparatos represivos del estado español continuó, el 30 de abril, con el nombramiento del general del Ejército del Aire Carlos Gómez Arruche como director de la Guardia Civil, tras 17 años sin que ningún militar dirigiera este cuerpo armado que cuenta ya con 20 generales ‘propios’. ¿El objetivo declarado? Facilitar la puesta en marcha de la remodelación de la Guardia Civil a fin de suprimir los arrestos y la aplicación del Código Penal Militar en el desarrollo de sus funciones represivas (de ‘seguridad ciudadana’), que no en las realizadas en el extranjero. Objetivo a largo plazo: controlar el movimiento asociativo en el seno de la Guardia Civil y el enorme aumento de efectivos previsto (3.000 nuevos guardias civiles por año durante los próximos diez años que lo llevarán a ser un cuerpo armado con más ‘profesionales de carrera’ que las actuales Fuerzas Armadas mercenarias. Además de ello, “La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del ministro del interior, en el desempeño de las funciones que por la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se le atribuyan, y del ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones carácter militar que se le encomienden en colaboración con las Fuerzas Armadas”[vii]. Así reza el anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que ‘legislará’ por primera vez el carácter militar de este cuerpo armado represivo.

El 19 de mayo, José Antonio Alonso, ministro del Interior, presidió la primer reunión del Comité del Mando Único constituyendo, así, oficialmente este organismo que impulsará la creación del Centro Nacional Antiterrorista que coordinará a la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia: “El CNA desarrollará funciones de inteligencia, información y coordinación y para ello centralizará las bases de datos y las informaciones operativas sobre terrorismo”[viii]. Hacía 20 años que los servicios secretos no participaban en un órgano permanente de ‘coordinación’ de todos los aparatos armados represivos del estado español; lo hicieron bajo el manto del Mando Único de la Lucha antiterrorista creado por Calvo-Sotelo en 1981, y mantenido por Felipe González (ministro Barrionuevo) a través del comisario franquista, torturador de presos políticos, Manuel Ballesteros y de Francisco Álvarez. El Consejo de Ministros, del 28 de mayo, aprobó este Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, previendo un coste anual inicial de 2 a 3 millones de euros y dotándole de inmediato, provisionalmente en la misma sede del Ministerio del Interior, de una sala de operaciones (¿por qué Alonso declaraba al mismo tiempo que “no tendrá carácter operativo”[ix]?), un área de gestión de bases de datos y otra de inteligencia e investigación (¿por qué Alonso continuaba su declaración diciendo que “... ni será un tercer cuerpo de seguridad”?)

Investigación, desarrollo

y carrera de armamentos a escala española ¿’seguridad’ a favor de quién?

El Gobierno Zapatero justificaba el nombramiento del nuevo director de la Guardia Civil en su intención de cumplir su programa electoral, pero resulta que “Según la Fundación por la Paz, las partidas destinadas explícitamente a I+D militar ascienden a 1.3330,3 millones de euros (casi el 27% del total de los fondos para I+D para 2005) mientras que el programa principal de financiación pública para los investigadores recibe el 9,9%.”[x] El mismo diario, siguiendo a la Fundación por la Paz, recordaba que, en su programa electoral, el POSE se comprometió a separar estos gastos “reubicando los correspondientes gastos militares destinados a la fabricación de armamento en el lugar adecuado.” En la defensa de los Presupuestos para el 2005, ante el Congreso de los Diputados, y refiriéndose al aumento en él destinado al Ministerio de Defensa, Jesús Cuadrado afirmaba: “Producir seguridad, interior y exterior, es de izquierdas. No nos arrepentiremos nunca de ese criterio”[xi]. ¿Qué seguridad? ¿A favor de quién? Tendremos ocasión de verlo, más abajo, cuando se analice la política del Gobierno Zapatero sobre seguridad laboral, ante la inseguridad de la precariedad, o respecto a la accidentalidad en el trabajo o la inseguridad en la vivienda de la juventud. Por de pronto, lo que está claro es que el gobierno Zapatero ha mantenido todos los proyectos presupuestarios de inversión en armamento (submarinos, helicópteros de ataque Tigre, avión de transporte A400M...), prometiendo más gasto ya que prepara una transformación cualitativa de las Fuerzas Armadas que las prepare para mejorar el control, del interior del Estado, y la capacidad de intervención, en el extranjero, ya en solitario ya en comandita con otras potencias imperialistas bajo el paraguas ‘legal’ de turno (ONU, OTAN, UE..).
Prolongación de largo brazo del ejército: la Directiva de Defensa Nacional...

El 2 de noviembre Zapatero firmaba, a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, la Directiva de Defensa Nacional en la que se incluía, por primera vez en la ‘democracia’, la intervención del ejército contra el terrorismo en el interior del estado, “aunque según las fuentes consultadas el empleo de la fuerza militar sería siempre un ‘último recurso’ tras el agotamiento de los medios diplomáticos, policiales, judiciales o de inteligencia’”[xii]. Toda la directiva está encaminada a reforzar las capacidades de intervención del ejército español tanto en el interior como en el exterior. El Gobierno Zapatero añade a ello la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que sigue impidiendo la sindicación de la tropa, ahora mercenaria, : “... los miembros de las Fuerzas Armadas [...] no podrán recurrir en ningún caso a cualquier de las formas directas o indirectas de la acción sindical”[xiii] rebajando las expectativas ‘progresistas’, que se adelantaban en el borrador filtrado a la prensa en enero “..abstenerse del recurso a la acción sindical”[xiv], formulación que parecía dejar un resquicio al ‘asociacionismo’; derecho que el PSOE, en su programa electoral, prometió reconocer. Esta misma ley será la que legalice definitivamente el Ejército de mercenarios ya que, hasta el momento, el PP había dejado el servicio militar obligatorio, único ámbito ‘legal’ en el que la juventud obrera podía aprender los rudimentos del arte militar, en suspenso. Por otra parte, y principalmente, el Gobierno Zapatero presenta un proyecto de Ley de Defensa que hace desaparecer el concepto guerra para sustituirlo por ‘conflicto armado’ o ‘crisis’, curándose en salud ante posibles necesidades de intervenir en una ‘guerra ilegal’. Extrayendo enseñanzas de las movilizaciones contra la intervención imperialista en Irak, este proyecto aleja la figura del Monarca de la responsabilidad directa en las decisiones, y dirección de los asuntos, en un ‘conflicto armado’ manteniendo lo obligado por la constitución: “su Majestad el Rey es el Mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

... y salvaguarda de la Monarquía del Borbón

El Rey no podrá menos que estarle agradecido al Gobierno de Zapatero que, de la mano de su ministro Bono, le llevó de visita al País Vasco tras 18 años sin pisar tierra vasca. El Rey, vestido para la ocasión con uniforme de campaña, todo un símbolo, visitó la base militar de Araca, enclava a sólo cinco kilómetros de Vitoria y pudo comprobar, de primera mano, la modernización del armamento (carros de combate M-60, vehículos de transmisión...) y, también, que el escaso millar de mercenarios que la habitan han adquirido una nada despreciable experiencia en intervenciones imperialistas en los Balcanes, Afganistán e Irak. El País Vasco es la única comunidad autónoma que cuenta con guarniciones militares en todas sus provincias, aunque “la mitad de los militares destinados en el País Vasco viven en comunidades limítrofes y se desplazan cada día a su lugar de trabajo”[xv]; esto tampoco cambiará con el Gobierno de Zapatero. El Rey, tan amante de la Constitución, según para qué, se dirigió a la tropa española enclavada en el País Vasco con estas palabras. “Estoy contento al ver vuestro espíritu de servicio, vuestra lealtad a España, vuestro cariño a las Vascongadas...”. ¿Vascongadas? Sobran comentarios y recuerdos franquistas.

La reforma de los estatutos de autonomía: la ‘reforma’ de la Constitución...

para que todo siga igual y para que haya más España

Una reforma para reciclar los enfrentamientos entre las fracciones políticas burguesas

“En una época en que las estructuras política y económicas tienden a mundializarse, en que las fronteras comienzan a dejar de separar a unos pueblos de otros, en que los Estados ceden porciones muy grandes de su soberanía a instituciones supranacionales (tendencia que lleva camino de acentuarse), el interés de los pueblos que componen nuestro Estado es mantener su unión para no perder peso en la nueva correlación de fuerzas que se va afirmando. Eso nos plantea la necesidad de superar los nacionalismo que nos dividen. Y el primero a superar es el nacionalismo españolista porque él es el primero que justifica y agudiza los nacionalismo periféricos.”[xvi] Así se expresaba, de nuevo, Carrillo aconsejando a todos los sectores de la burguesía que cobija el Estado Español una entente para acometer la reforma de los estatutos de autonomía. El artículo se titulaba “¿Una segunda fase de la transición democrática?” En marzo, medio año antes, Carod había pedido a Zapatero valentía par impulsar “una segunda transición, libre de las hipotecas del franquismo” y el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, debía recordar a Maragall que “la única reforma constitucional del programa [del PSOE] se refiere al artículo 69 para hacer del Senado una Cámara territorial.”[xvii] Pero Maragall, preso de los acuerdos tomados con ERC y Iniciativa per Catalunya Verds tenía que pasar, en el lapso de la segunda semana de abril, del “una relectura de los textos fundamentales” al “no nos pondremos como límite la Constitución”... para acabar bajando a “quiero que quede claro que el Estatuto no se hace con la finalidad de cambiar la Constitución.”

El Gobierno de Zapatero tiene abierto un frente, respecto a la cuestión nacional y la Constitución españolista de la Monarquía del Borbón, que presenta claramente tres bolsas estancadas: el frente común con el PP; la reforma de los estatutos canario, catalán y vasco; y la división al respecto que recorre al PSOE. Casi la práctica totalidad de Comunidades Autónomas tienen planteadas o en marcha reformas de sus Estatutos. Pero los casos de Canarias, Catalunya y País Vasco son excepcionales en estos momentos.

Los límites de la reforma constitucional: la monarquía, la negación del derecho de autodeterminación

Los límites a la reforma de los estatutos han quedado muy claros. En mayo de 2004, Jordi Sevilla afirmaba: “No es momento de abrir un debate constituyente, ni siquiera reconstituyente. Tampoco creo que lo mejor para la Constitución sea no tocar nada [...] Zapatero, al incorporar el nombre de las comunidades a la Constitución, sólo pretende su reconocimiento simbólico”[xviii] (s.n.). Al día siguiente ‘fuentes gubernamentales’ declaraban al mismo diario “el lema de café para todos responde a la etapa anterior, ya superada. El café ahora se lo va a tomar cada comunidad como quiera, pero, eso sí, dentro de la misma taza.”[xix]. Ya en el mes de junio, Sevilla, volvía a marcar los límites, en su presentación de líneas generales ante el Senado, recalcando que el reforma de la Constitución que propone el Gobierno “no va a abrir un período constituyente [...] Lo que no se hará es reformar los estatutos desde el Gobierno central. Tampoco se va a obligar a ninguna comunidad a aceptar cambios que no desee, ni se frenarán sus aspiraciones si respetan las reglas del juego”[xx]. El ariete nacionalista del Gobierno Zapatero, José Bono, remachaba los límites enseñando al mismo tiempo las armas que lo garantizan; el 6 de enero en la celebración de la Pascua Militar, y ante Su Majestad el Rey Borbón y los jefes de los tres ejércitos, afirmó: “por encima de la identidad de territorio, la España que cuenta es la España de los ciudadanos, la España de la Constitución, de donde emana la legitimidad de todas las instituciones [...] Por eso, ningún territorio podrá tener proyectos que rompan la voluntad soberana de todos los españoles” y, por si no estaba aún bastante claro, “Más libertad, menos fronteras entre nosotros, más solidaridad y más Constitución. Es decir, más España”[xxi]. El Monarca no pudo por menos que afirmar: “Agradezco las amables palabras y la detallada exposición que acaba de dirigirnos el señor ministro de Defensa, con un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio y una exposición de los planes y previsiones para el futuro.”[xxii]

la socialdemocracia ‘catalana’, el nacionalismo ‘radical’ catalán:

dentro del mismo cauce

En junio del 2004 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya concretó, en la cantidad de 97, las competencias que exigía al Estado Español. Proponía una negociación con el estado paralela al desarrollo de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Convergencia i Unió planteó en su momento la transferencia de 88 competencias. El Gobierno catalán ‘tripartito’ (PSC, ERC y Iniciativa Verds) planteaba que las 97 competencias le podían ser traspasadas dentro del marco de la Constitución (recurriendo al artículo 150.2) aunque en el caso de 28 de ellas será necesario reformar la legislación estatal. A finales de enero pasado, Maragall intervino en un encuentro organizado por el Foro Nueva Economía, lobby de presión de las grandes multinacionales, para dirigirse más que a los presentes a los votantes catalanes. Recurriendo de nuevo a su digo pero no digo fue, sin embargo, bastante claro en esta ocasión. Aprovechando el concepto ‘comunidades nacionales’ usado por Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, expresó que “Es una fórmula discutible, como todas, pero interesante. Espero que modifique y cualifique el artículo 2 de la Constitución”. El presidente del Consejo de Estado tardó poco en replicarle que su concepto buscaba definir “comunidades culturales, no jurídicas ni políticas ni territoriales”, y Maragall acabó rogando que “no estaría mal [que la reforma de la Constitución] señalara realidades territoriales distintas, no sé si culturales y políticas”[xxiii]. A pesar de dirigirse a los votantes del tripartito, Maragall, en el mismo acto, no pudo dejar de militar en el frente unido contra el Plan Ibarretxe y afirmó, al respecto, que “Para que quede más claro aún si cabe, en Cataluña no se puede imponer un nuevo Estatuto por la mayoría parlamentaria. Es necesario el concurso de la oposición”. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Unos pocos días más tarde, Joan Puigcerdós (el portavoz en Madrid de ERC, socio de Gobierno de Maragall) aprovechaba la ‘discusión’ del Plan Ibarretxe en el Congreso para advertir: “No se lleven a engaños, no sólo aspiramos a cambiar el estatuto catalán, si sólo fuera así, estaría en las mismas reglas de juego”, para pasar a referirse a la actual legislatura como destinada a representar “el umbral de un cambio del modelo de Estado. Si la primera transición significó la democracia y la primera puerta significó pasar de una dictadura a un Estado democrático, la segunda puerta es el Estado plurinacional”[xxiv].

cuando el PP es más ‘soberanista’, incluso que ERC

Tres días antes, Jordi Sevilla denunciaba el proyecto de reforma del Estatuto canario como ‘filosoberanista’ pues, entre otros artículos, prevé en el 30.3 que “El derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicará con preferencia al del Estado, que tendrá, en defecto de aquél, carácter supletorio”; según el diario El País del 31 de enero “... más allá de la ‘inconstitucionalidad’ de los artículos 30.3 y 30.4 lo que más ‘ha alarmado’ al Gobierno socialista es la disposición adicional tercera del borrador del Estatuto, que permite ceder a Canarias del Estado todas las competencias, con la única excepción de la Defensa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Alta inspección de servicios.” ¿Otro ‘Plan Ibarretxe’? Si la fracción de la burguesía que promueve la reforma va por esos derroteros en Canarias, lo hace representada políticamente por Coalición Canaria y por... el Partido Popular que son los socios de Gobierno en Canarias.

El Plan Ibarretxe: la gran mascarada

En el tomo II, número 2, de Germinal 3ª época ya hicimos un análisis del significado político del ‘Plan Ibarretxe’. El 20 de abril de 2004 el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del Plan que presentó el PP el 13 de noviembre de 2003. El 22 de abril, otra vez en el marco del Foro Nueva Economía, Ibarretxe reafirmó que no retiraría su propuesta de modo que “La reforma del Estado está sobre la mesa y la cuestión de fondo es si aceptamos o no el Estado plurinacional y la asimetría.”[xxv] También se reafirmó en su colaboración con el estado español, comprometiendo la participación del PNV, al contrario de lo que hizo en 1978 de cara a la Constitución, en la ponencia del Congreso para la reforma de la Constitución. El 29 de abril, Jordi Sevilla visitó Vitoria y rompió con ello la tendencia de estos últimos cuatro años, en los que ningún representante del Gobierno estatal había mantenido contactos con los representantes del Gobierno vasco; la entrevista con Ibarretxe no duró más de una hora. Ya en este año, el 4 de enero, Ibarretxe, tras la aprobación por el Parlamento Vasco del Plan Ibarretxe (ahora proyecto de nuevo Estatuto), afirmaba en Vitoria: “El Parlamento español no va a sustituir la voluntad de la sociedad vasca. De lo que se trata es de buscar una acomodo democrático a las decisiones de las instituciones vascas [...] Es el propio Parlamento vasco el que debe valorar si la negociación es correcta o no y si es susceptible de ser remitido para su ratificación mediante consulta a la sociedad vasca”[xxvi]. Seis días más tarde la Ejecutiva del PSOE se lanzó en tromba, de nuevo, contra el Plan Ibarretxe acusándole de “recibir el apoyo de los violentos [y] rendir servicio a una organización ilegal que ha adquirido un protagonismo político intolerable [...] lo que llegó a la Cámara como un plan nacionalista, sale de la misma con las bendiciones y gracias a los apoyos de ETA y sus acólitos”[xxvii]. El 13 del mismo mes, Zapatero recibió en la Moncloa a Ibarretxe para afirmar: “Mientras yo sea presidente, nunca se aprobará ni se aplicará el plan Ibarretxe”[xxviii]. El 1 de febrero se escenificó, en el Congreso de los Diputados, la gran mascarada de una supuesta ‘discusión democrática’ sobre el Plan Ibarretxe. PSOE y PP, en aras de su frente unido, junto a Coalición Canaria y Chunta Aragonesista votaron en contra; IU se partía en dos: Llamázares, por IU, votó en contra mientras que Iniciativa Catalunya Verds se abstenía. PNV, EA, BNG y NB, votaron a favor. Al día siguiente, 2 de febrero, el lehendakari Ibarretxe reunía al consejo extraordinario de gobierno vasco para convocar elecciones anticipadas vascas el próximo 17 de abril. Este adelanto en un mes de las elecciones no preocupó a Zapatero ni el PSE, que tiene su propio plan de reforma del estatuto vasco, al fin y al cabo Ibarretxe con este adelanto se olvidaba del referéndum vasco ‘inconstitucional’ y abría otra vez más una salida a las componendas con el gobierno español. Ya el PSOE había derogado, de todos modos, la introducción por el PP en el Código Penal de un artículo (506 bis) penando con hasta cinco años de prisión a todos aquellos que interviniesen de un forma u otra en la puesta en marcha y realización de referéndum ‘ilegales’. Por su parte ERC, que votó a favor del Plan Ibarretxe el 1 de febrero, al día siguiente afirmaba su predisposición a llegar a un “acuerdo de estabilidad” gubernamental española que superase el mero “apoyo” parlamentario actual. ERC dispuesta a garantizar la ‘estabilidad’, el PNV adelantando las elecciones vascas, el PSE (PSOE de Euskadi) con un plan ‘alternativo’ al de Ibarretxe... pero el 26 de febrero decenas de millares de vascos tuvieron que volver a manifestarse en Bilbao reivindicando un derecho tan elemental como el de tener una voz simplemente parlamentaria y en el marco de las instituciones de la Constitución de la monarquía. La manifestación estaba convocada por la plataforma 18/98+ que denuncia “la vulneración de los derechos civiles y procesales” en el proceso que la Audiencia Nacional tiene abierto contra militantes de Jarrai-Haika-Segi y otros militantes de organizaciones de la ‘izquierda’ vasca.

¿Nueva taza de café en la estructura estatal?

El PP y el PSOE han estado tejiendo su frente unido contra el derecho de autodeterminación. El 18 de mayo de 2004 el PP, junto a Coalición Canaria, apoyaban las enmiendas del PSOE a una propuesta del PP en el Congreso de los Diputados para ‘equiparar’ a todas las comunidades. El 4 de enero Rajoy demostraba su interés en visitar La Moncloa “para garantizar la unidad de España” y, por la tarde, José Blanco (por el PSOE) le hacía eco agradeciendo la propuesta de unidad nacional del PP, pero recordando que “La unidad nacional está garantizada por la Constitución”[xxix]. El 13 de enero, Rajoy ofrecía a Zapatero, que se estaba entrevistando con Ibarretxe, la conformación de un frente parecido al Pacto Antiterrorista para “responder al grave desafío a la unidad nacional” que suponía el proyecto del lehendakari; mientras, Fraga jaleaba de nuevo a las filas del PP proponiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir el estado de sitio contra los vascos. Al final de todo, el 16 de enero, y tras alguna reunión ‘discreta’ (es decir secreta) como se ha visto con el tiempo, el PSOE y el PP volvían a reafirmar su frente unido contra el derecho de autodeterminación tan firmemente que el Gobierno de Zapatero se veía obligado a emplearse a fondo para convencer a sus apoyos en el Congreso, ERC e Izquierda Verde, de que “no debían tomar el pacto más que como lo que es, una mesa para buscar acuerdos”[xxx]. Y es que el frente españolista del PP y del PSOE de la pasada legislatura no alcanzó sus resultados y, ahora, se trata de recomponerlo sobre nuevas bases una vez admitido que “Aunque Ibarretxe estaba contaminado por el pacto de Lizarra, que contaba con el respaldo de ETA, ganó las elecciones por los errores de los constitucionalistas” según palabras de Ramón Jáuregui, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, el 5 de febrero.

El 28 de febrero, Rajoy declaraba ante la Junta Directiva Nacional del PP: “Constato que el Gobierno escoge otros socios”. Con esta constatación el PP dio
por roto el pacto con el PSOE... para consensuar el ‘modelo de Estado’. En el fondo de la cuestión de lo que se trata para el PP es de lograr que la negociación, entre el Gobierno Zapatero y el PP, se desarrolle al mismo nivel que tiene su frente unido contra el derecho de autodeterminación, llamado ‘Pacto Antiterrorista’.

El ‘giro social’: de nuevo más ‘dialogo social’
para imponer avances en la permanente ‘reforma laboral’

El apoyo de las cúpulas sindicales

El 15 de abril de 2004, los dirigentes de CCOO y UGT saludaban con euforia el discurso de investidura de Zapatero. Según el diario El País, CCOO señalaba “por su especial importancia” la reforma tributaria anunciada por Zapatero, aplaudiendo los compromisos del candidato a Presidente del Gobierno referentes a la lucha contra la precariedad laboral, la reducción de los accidentes laborales, subida de las pensiones y aumento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 600 euros. Por su parte, Cándido Méndez, por UGT, resaltó que el ‘eje social’ se anunciara en el discurso como referente fundamental de la política del nuevo Gobierno.

Ya en marzo, Fidalgo, Secretario general de CCOO, declaraba en una entrevista “Espero de la opción socialista que sea sensible a lo que, según su programa y su discurso, son las necesidades de este país. Encauzarlo por un modelo de crecimiento distinto del que hemos tenido en el último período, ser más flexibles en las demandas socio-laborales y tener un espíritu de diálogo y de apertura hacia los agentes económicos y sociales.”[xxxi] Interrogado en la misma entrevista sobre la opinión que le merecía Pedro Solbes fue escueto en la respuesta: “Muy positiva. Me alegro mucho de que Solbes vaya a dirigir la política económica de este país.” En la misma entrevista también volcó una excelente opinión sobre Jesús Caldera, ministro de trabajo. Éste acudió al 8º Congreso de CCOO para comprometerse, ante los allí reunidos, en un aumento del 30% del salario mínimo interprofesional, en cuatro años, la reducción de la temporalidad en el empleo y el cambio en el modelo productivo de la economía.

La permanente ‘reforma laboral’:

aumentar la tasa de explotación de la clase obrera

Una idea concreta de la dirección en la que el Gobierno Zapatero pretende hacer ese ‘cambio’ en el ‘modelo productivo’ la dio Joan Trullén, secretario general de Industria. “Según Trullén, se trata de ‘sentar las bases de un cambio en el modelo de la producción’ y de ‘aprovechar al máximo la cultura del diálogo’”[xxxii]; para ello explicó a los periodistas los proyectos de su ministerio de cara a lograr un pacto que contrarreste las llamadas ‘deslocalizaciones’. El mismo diario comentaba así los contenidos del pacto propuesto por el ministerio de Industria: “El pacto es simple: moderación salarial y más flexibilidad laboral a cambio de que las empresas comprometan inversión y aumenten su arraigo en las zonas en las que trabajan”. Trullén añadía la intención de propiciar aumentos, en las desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades, con la condición de que las empresas inviertan más I+D. El mismo portavoz del ministerio ponía como ejemplo, de concreción de esta orientación, la planta de Volkswagen en Ladaben (Navarra). El presidente la patronal, José María cuevas, incidía en la misma línea el pasado 17 de noviembre ante la Asamblea anual de la CEOE: “José María cuevas, propone ‘más flexibilidad en las relaciones laborales’, rebajar los costes fiscales y las cotizaciones de las empresas y actuar en la negociación colectiva de 2005, con medidas como contener los aumentos salariales, elevar la productividad o incrementar la jornada laboral”; el mismo dirigente exhortaba al Gobierno y los sindicatos a que “tomen nota de la capacidad de reacción de las empresas y sindicatos alemanes, en clara alusión a los pactos que han firmado de congelación salarial y aumento de la jornada laboral”, haciendo balance de la experiencia navarra mientras que otro dirigente de la CEOE explicitaba, en el mismo marco, la importancia que le da la patronal a las invitaciones a ‘innovar’ ya que “... según el secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar, puede afectar [el proceso de deslocalización] en breve a la economía española, debido a que existen ‘marcos laborales rígidos, unidos a elevados costes’”[xxxiii]. Está claro que la actitud pedigüeña de las cúpulas sindicales no amilana en nada ni al Ministerio de Industria ni a la patronal, por más que Méndez, por ejemplo, solicitara el 18 de junio, ante una reunión del Círculo de Economía en Sitges, que volviera a blandir la zanahoria de la I+D. “Cándido Méndez, destacó la necesidad ‘urgente’ de ‘recuperar la política industrial’ y advirtió de que el principal elemento de inquietud para España derivado de la ampliación de la UE no debe ser el diferencial de salarios, sino el nivel del I+D tecnológico de los países recién incorporados”[xxxiv]. La ‘innovación’ prioritaria para la patronal y sus representantes en el gobierno Zapatero es, pura y simplemente, la bajada de salarios y el aumento del trabajo a cambio de este menor salario... lo otro, si acaso, por añadidura y sólo si interesa. Eso lo que ha demostrado la realidad del proceso de negociación del 2004 en el sector del automóvil.

Los buenos resultados, para la burguesía, de la permanente ‘reforma laboral’ y el ‘dialogo social’

En agosto del 2004, según datos de El País-Negocios (del 8/8/04, pp 5-7) siete las 11 empresas del sector (representando al 63,6% de ellas y al 72,72% de trabajadores) habían firmado convenios de empresa cuyos contenidos básicos resultaban en: una mayor vigencia; un aumento salarial medio que preveía un 0,4% sobre la inflación frente a los anteriores que preveían un 0,8%; la reordenación de las condiciones de trabajo, sobretodo, en dos aspecto, por una parte una mayor flexibilidad de la jornada laboral (mediante reducción y reubicación de las pausas, el incremento de las bolsas de horas a discreción de la empresa, la ampliación del ‘corredor de vacaciones’, es decir de la capacidad discrecional de la empresa para la asignación del mes de vacaciones unido, esto, a la posibilidad de asignación del mes de vacaciones individualmente permitiendo mantener los equipos activos en período vacacional), posibilidad de creación de turnos adicionales de producción y de los sábados de producción) y, por otra parte, el aumento de las capacidades discrecionales de la empresa para aplicar la movilidad funcional (desempeño de trabajos diferentes los habituales) y de la geográfica. Y es lo que expresa la realidad de la evolución del trabajo industrial.

En el segundo semestre del 2004 los costes laborales en la industria se ‘desacelararon’ ya que: “La fuga de empresas hacia países con bajos costes, los pactos para preservar empleo y la destrucción de puestos de trabajo han contribuido a la moderación de las demandas salariales.”[xxxv] Según datos del INE, desde el tercer trimestre de 2002 han sido destruidos 113.500 puestos de trabajo en la industria, que ha pasado de los 3.204.600 trabajadores a 3.091.100. A fines del 2004, el Gobierno Zapatero puso en marcha un plan para acelerar el proceso de deslocalización en el sector textil, apoyando a la patronal con un total de cincuenta millones de euros para “fomentar las actividades de mayor productividad y valor añadido y deslocalizar/subcontratar las fases de producción más intensivas en trabajo”, según declaraciones del Secretario de Estado de Comercio.
Zapatero no quiere ser menos que Aznar en los ataques a la clase obrera

El 18 de mayo, Zapatero se reunió en La Moncloa con José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, con el objetivo de comenzar la negociación de cara a un “gran pacto por la competitividad y por el empleo” (según anunció Jesús Caldera en el Congreso de los Diputados). El mismo ministro resumió, en rueda de prensa, las medidas laborales del Gobierno: creación de una comisión de expertos para el estudio de todas las reformas laborales de los últimos 10 años; medidas contra la temporalidad en el empleo, mediante una reordenación jurídica que recupere la causalidad, además de subir la cotizaciones sociales de los temporales, e impulsar cambios para incentivar los contratos parciales estables y los fijos discontinuos; rehacer el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 en el que se basa el funcionamiento actual de la negociación colectiva, con la ambición de crear un nuevo marco destinado a perdurar durante 15 o 20 años; reformar los Servicios Públicos de Empleo para incentivar medidas activas de cara a los parados. También anunció una subida del 6,6% para julio en el salario mínimo interprofesional llevándolo de los 460 euros a los 490, esta medida se acompañó con la desvinculación del salario mínimo como referente para otras rentas excepto en el caso de las prestaciones sociales. El 31 de enero de 2005, esta comisión de expertos entregó un informe de 158 páginas que, según el diario El País del 1 de febrero, “propone una difícil tarea: dotar de mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a su entorno y a la vez incrementar la protección de los trabajadores”.

El 20 de mayo Zapatero se reunió con Fidalgo, por CCOO, y el 25 con Méndez, por UGT. El 8 de julio se produjo la reunión de Zapatero con la CEOE, UGT y CCOO, reunión que estuvo precedida por la emisión, el día anterior, de las recomendaciones de la OCDE para que España pusiera en marcha reformas laborales en el sentido de que el INEM se convierta en “instrumento de una política de obligaciones reciprocas” que, en palabras Raymond Torres, jefe de la división de análisis laborales de la OCDE, se debe concretar en “ayudar activamente al parado a encontrar otro trabajo y mantener una vigilancia muy dinámica de todas las posibilidades de casar a los demandantes de empleo con las ofertas que puedan existir”[xxxvi]; la creación de un “fondo para despidos” que facilite la movilidad geográfica de los trabajadores y la potenciación del empleo a tiempo parcial.

En el temario de la reunión del Presidente con el dirigente de la patronal y con los de UGT y CCOO estaban, en efecto, las cuestiones de la contratación temporal, el aumento del empleo, el ‘impulso’ a los políticas activas de empleo, la cuestión del salario mínimo y la negociación colectiva entre otras. Tras esta reunión se han representado, por parte de la CEOE y de algún miembro del gobierno, papeles diferentes, todos ellos conducentes a la misma conclusión: la necesidad de rebajar las conquistas y derechos de los trabajadores. El 2 de febrero se produjo, por fin, la última reunión entre Zapatero y los representantes de la CEOE, UGT y CCOO. Todos ellos aceptaron el ofrecimiento de Zapatero de trabajar en común de cara a llegar a un pacto social, la próxima primavera, centrado en tres cuestiones esenciales: reforma laboral, futuro de las pensiones y desarrollo de la Ley de Dependencia (destinada a ‘mejorar’ los servicios sociales de las personas dependientes). Fidalgo ‘reveló’ que el Gobierno se había comprometido a hablar con una única voz de cara al diálogo social puesto que a la reunión, además del representante de la Cepyme y Caldera, asistió Solbes. Antes de esta reunión, la CEOE había estando presionando con la excusa de su rechazo a la aprobación de la cláusula de revisión automática del SMI; la CEOE comunicó, el 4 de enero, que no acudiría a la reunión prevista para iniciar la negociación sobre la renovación del acuerdo de negociación colectiva para el 2005.

El lunes 28 de febrero la patronal y los sindicatos (CEOE, UGT y CCOO) cerraban el texto definitivo del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para este año. La patronal había prolongado las negociaciones con la excusa de no estar de acuerdo con la revalorización del salario mínimo. El nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva se podrá prorrogar en el 2006 y básicamente confirma, de nuevo, las expectativas de la patronal: moderación salarial basada en inflación prevista (2%), cláusula de garantía salarial y productividad de modo que el documento reza así: “afrontar cambios en las actuales estructuras salariales avanzando en una mayor relación entre retribución y productividad.” La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT comentaba así, en comunicado de prensa del 3/3/05, el acuerdo: “El Comité Confederal entiende que con el ANC 2005 los interlocutores sociales hacen una contribución muy importante al sistema productivo, a la fluidez de la negociación de los convenios colectivos en favor de la defensa y mejora de los derechos e intereses de los trabajadores, al incremento de la productividad de las empresas y, en general, al clima de confianza y estabilidad necesario para el desarrollo del crecimiento económico sostenible y con cohesión social de nuestro país.”

Mantenimiento de la política imperialista

en el plano militar...

(en Oriente Medio)

El 28 de marzo, Federico Trillo, ministro de Defensa en funciones, aprobó duplicar el contingente militar español ocupante en Afganistán con el visto bueno de la dirección del PSOE que preparaba el debate de investidura. El 21 de abril Moratinos, recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, visitó Washington para garantizar a EEUU que la anunciada retirada de tropas ocupantes españolas en Irak se vería compensada por su aumento en Afganistán, avispero en el que EEUU deseaba que participarán más tropas ‘aliadas’. Moratinos negaba lo evidente: “Hemos hecho comentarios para ver dónde se podría contribuir, pero no se ha hablado de compensaciones ni se ha entrado en cuestiones de detalle.”[xxxvii] El mismo día todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, excepto el PP, votaban a favor de la retirada de las tropas españolas ocupantes de Irak y Cuevas calificaba la decisión de ‘legítima’: la patronal española levantaba acta del magro resultado empresarial de la intervención imperialista en Irak.

El 29 de abril, Zapatero asistía a su primer acto ‘castrense’ como presidente del Gobierno, lo hacía en Badajoz y flanqueado por los representantes más cualificados del nacionalismo españolista en la Ejecutiva del PSOE, Rodríguez Ibarra y José Bono. El 9 de mayo, Bono realizaba un viaje sorpresa, a la base del ejército español en Diwaniya, para anunciar que las tropas ocupantes regresarían seguramente antes del día 27 de aquel mes. El 13 el Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley en apoyo a la decisión presidencial de retirar las tropas de Irak, lo hacía con 185 votos a favor, 141 en contra (del PP) y cuatro abstenciones. La proposición no de ley constataba en su texto que “En este tiempo no ha sido posible lograr que Naciones Unidas asumiese el control político y militar de la ocupación, ni es razonablemente previsible que lo pueda hacer antes del próximo 30 de junio.”, para continuar reafirmando “el compromiso de España con la estabilidad” y “reiterar la firme decisión de las fuerzas políticas de lucha contra todo tipo de terrorismo.” El 18 de mayo, Zapatero anunció por sorpresa, y por la tarde, que acababa de ordenar la retirada de todas las tropas ocupantes en Irak a la “mayor brevedad posible”. En la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica celebrada en Niza los pasados 9 y 10 de febrero el Gobierno de Zapatero se comprometió a ser el país que más contribuya a la expansión de la nueva fase de ocupación de Afganistán por la OTAN. Repitiendo el compromiso de formar a cuadros del ejercito y policía cipayos de Irak. ¿Por qué Afganistán? Porque cuenta con el beneplácito de la ONU; Afganistán es el país en el que las tropas imperialistas ocupantes cocinaron el puchero de unas elecciones amañadas a punta de cañón no hace poco y en el que, no hace ni quince días (el 1 de marzo), el presidente impuesto por estas elecciones amañadas nombró jefe de su Estado Mayor a uno de los señores de la guerra más poderoso, Rashid Dostum, acusado de numerosos crímenes de guerra por diversas organizaciones de derechos humanos. La misma ONU se veía obligada a lanzar la voz de alarma, el pasado 21 de febrero, pues Afganistán ha logrado ser el quinto país más pobre del mundo; Bassiouni (uno de los ‘expertos’ de la ONU destacados en Kabul) centraba algunas cuestiones preocupantes: violencia contra las mujeres, sistema judicial corrupto, impacto del narcotráfico.... todo ello bajo el paraguas protector de los ejércitos ocupantes bendecidos por la ONU. El español tenía su puesto y ahora aspira a uno de honor.

(en los enclaves africanos)

Al día siguiente de que Zapatero anunciara la retirada de las tropas de Irak, Moratinos se entrevistaba en Londres con su homólogo Straw para reabrir las negociaciones sobre Gibraltar, “la última colonia en Europa”, sobre la base de pactar soberanía compartida en un período de transición. La diplomacia española sigue con su costumbre de evitar a toda costa hablar de las últimas colonias en el norte de África tan cercanas a Gibraltar: Ceuta y Melilla. A pesar del intento de Moratinos, Zapatero, que visitó Londres el 3 de junio tras visitar Berlín y París, no consiguió nada al respecto de su compañero, de Internacional Socialista, Tonny Blair.

(en América Latina)

El Gobierno Zapatero no sólo prometía compensar la retirada de Irak aumentando su presencia en Afganistán. También escuchó atentamente la invitación de Ricardo Lagos a intervenir en América: “Si el Consejo de Seguridad dice necesitamos esto, los latinoamericanos debemos estar en condiciones de hacerlo. Punto uno. Punto dos: la presencia de España en América Latina se vería fortalecida si en una situación como ésta responde.”[xxxviii] Se trataba de intervenir en Haití. El 27 de julio, el rey de Marruecos respondía favorablemente al ofrecimiento de integrarse en el contingente español de intervención en Haití. “ José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en su compromiso de consultar al Congreso de los Diputados antes de ordenar el envío de tropas españolas a Haití dentro de una fuerza de paz de la ONU, si bien precisa que la opinión de los diputados españoles no será vinculante “aunque sí de gran relevancia para la decisión final”. Trata así de contraponer, en alguna medida, el proceder de su Gobierno con el seguido por el Gabinete del Sr. Aznar en la guerra de Irak. Pues bien, mientras el presidente español hacia estas declaraciones “han empezado a tomar cuerpo informaciones que aseguran que desde hace varios días se encuentran en suelo haitiano más de un centenar de ingenieros del Ejercito español sin que haya existido notificación ni consulta previa al Congreso de los Diputados. Es decir, que las tropas españolas ya están en Haití sin conocimiento ni autorización de sus señorías.”[xxxix] El 9 de octubre de 2004, el buque de asalto Castilla arribaba a puerto en Haití y comenzaba las tareas de desembarco de los 200 infantes de marina y gran cantidad de material bélico de comunicaciones.

(en los Balcanes)

El Gobierno Zapatero tampoco ha tomado ninguna medida para retirar las tropas españolas ocupantes en los Balcanes (1.915 militares) ni en Yibuti y Océano Índico (Operación ‘Libertad duradera’, con 260 ‘efectivos’). El casi millar de ‘efectivos` ocupantes en Kosovo llevan ya el tiempo suficiente como para no poder escapar a la responsabilidad de la situación que se vive allí ahora. El 24 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU discutía un informe de situación en esta zona de los Balcanes en el que se levantaba acta: “la situación es frágil” a causa de que la política desarrollada por el gobierno salido de las elecciones del pasado octubre (otro guiso electoral ocupante), “está agudizando la división étnica [...] limita su acceso [se refiere a las minorías ‘étnicas’] a los servicios, las oportunidades de trabajo y la justicia y, por lo tanto, sus oportunidades de vivir una vida normal”. El porcentaje de población que vive con menos de dos euros al día es en Kosovo de casi el 48% y la tasa de paro alcanza también casi a la mitad de la población en edad de trabajar[xl].

(todo con el visto bueno de EEUU... dentro del ‘europeismo’)

Las ‘amistosas’ relaciones con el imperialismo estadounidense dieron un vuelco espectacular a causa de la retirada de las tropas de Irak; retirada que era la mínima concesión que la Monarquía podía hacer a las masas para salvar el pellejo. Pero, ese vuelco, no le ha impedido al Gobierno Zapatero realizar todas las gestiones necesarias para dejar clara la posición subordinada ante el imperialismo dominante en estos momentos. El monarca realizó un viaje al rancho de descanso del Presidente Bush haciendo de avanzadilla; no se sabe si, al igual que con su ‘sobrino’ marroquí, habló también de negocios particulares con un presidente que lleva a sus espaldas tan amplia experiencia en el campo de la intermediación empresarial, tanto en el sector de la energía como en el de el tráfico de armamentos, pero lo que sí se sabe es que el Rey, su Majestad Juan Carlos de Borbón, con su acostumbrado estilo ‘campechano’ hizo lo posible para que el ceño de Bush dejará de estar tan fruncido. Parece que le enseñó a decir “hola amigo, ¿cómo estás?” como se demostró más tarde en Bruselas en el breve saludo que Bush le dedicó a un Zapatero de mirada endulzada. Más concreto fue el contenido de la entrevista que el ministro de Defensa, José Bono, tuvo en Niza con su homólogo estadounidense, Rumsfeld, el 9 de febrero. Aunque la agenda de Rumsfeld sólo había encontrado un hueco de 20 minutos, la conversación se alargó hasta cumplir la hora exacta; Bono y Rumsfeld acordaron volver a reunirse en Washington antes del verano. También, en el mismo lugar y fecha, Miguel Ángel Moratinos logró entrevistarse con su homóloga Condolezza Rice, en este caso sólo durante cinco minutos.

Pero lo más sustancioso y concreto es el motivo por el que Bono y Rumsfeld se entrevistarán antes del verano: lo harán presidiendo el Comité Bilateral, creado en el año 2001 con el objetivo de ‘definir’ las relaciones entre España y EEUU en el ámbito de la defensa. Parece que el furibundo ‘europeismo’ tiene que ser compaginado con los secretitos sobre defensa con la potencia imperialista que intenta por todos los medios segar la hierba bajo los pies del vacilante caballo imperial ‘europeo’. No podía ser de otra forma teniendo en cuenta la posición del resto de imperialismo europeos que quedó, de nuevo, patente en la visita que Bush realizó a Europa en la última semana de febrero. Si, desde el Consejo Europeo, se afirmaba “que Bush venga a las instituciones de la UE significa que considera que es mejor trabajar con la UE y que la UE sea fuerte”, el secretario general de la OTAN, el europeo Hoop Scheffer, matizaba la dirección de la relación al afirmar: “Una mayor integración europea que vaya dirigida contra EEUU es un callejón sin salida porque acabaría en una Europa dividida”[xli]. Los contenidos reales de los mensajes, por parte de EEUU, fueron aún más claros en la cuestión más candente en estos momentos, Irán. “Es vital que los iraníes escuchen que el mundo habla con una sola voz”, esta voz es la de EEUU, con la UE detrás directamente o a través de la OTAN.

... económico

España: de país invadido por las multinacionales a país.... inversor

En Chile hay implantadas cuatrocientas empresas españolas con una inversión que alcanzaba en el 2004 los 9.678.121.000 dólares. Las inversiones en los sectores de la electricidad, gas, agua y servicios suponían casi el 80% del total.

Mondragón Corporación Cooperativa cuenta con 6 plantas industriales en China ( autobuses Irizar, Fagor, de aparatos de gimnasia y tiendas de campaña y seguridad de electrodomésticos) que facturan 27,5 millones de euros y emplea a 1.150 trabajadores. Tiene marcado el objetivo de realizar el 15% de su producción exterior en China en este año.

Gas Natural tiene previsto, para América Latina (sobretodo Barsil y México), un plan de inversiones entre 2004 y 2008 que alcanza los 1.270 millones de euros y confiesa, por boca de su presidente Antoni Brufau que “desde el primer día estamos haciendo dinero, en términos de retorno sobre capital.”[xlii] Repsol poseía el 24,8% de la reservas probadas de América Latina, según datos referidos al 2002; es la mayor empresa energética de la región. Repsol y Gas Natural anunciaban el pasado mes de octubre que se disponían a ampliar su cooperación, ya lo hacen en Argelia, en la explotación conjunta del gas a todo el norte de áfrica y Oriente Próximo; el recién nombrado presidente de Gas Natural Gabarró declaraba que “hoy no vislumbro ninguna fusión en la que participe Gas Natural.”

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR ORIGEN, 1990-2000

(En millones de dólares)

(Gráfico extraído de: Ramón Casilda Bejar, “La década dorada 1990-2000. Inversiones directas españolas en América Latina”)

Zapatero: coordinador, bajo la atenta mirada del monarca, del lobby de las empresas imperialistas españolas

A mitad del mes de noviembre del 2004, Repsol YPF y Gas Natural, actuando conjuntamente como habían anunciado, ganaban un concurso para la exploración, producción y comercialización de un bloque de reservas de gas natural en la zona de Gassi Touil en Argelia; las inversiones previstas, hasta el 2009, son de 1.628 millones de euros. Los ejecutivos de estas dos empresas debieron escuchar con especial placer la palabras de Zapatero en la rueda de prensa posterior a la segunda cumbre hispano-argelina celebrada en Madrid. Con ello se daba continuidad a la política comenzada por el gobierno del Sr. Aznar, pero con el talante de una “hermandad energética” en palabras de Zapatero. Y nunca mejor dicho aunque puede que la relación más exacta no sea la de la hermandad. Pero hubo más que lobby a favor del gran capital ‘energético’ español. También se llegó a un acuerdo para suministrar material ferroviario y para ‘colaborar’ en la construcción y gestión de puertos y tráfico aéreo; para cerrar la colaboración se creó un grupo de cooperación judicial y antiterrorista. El gran perdedor de esta continuidad, y profundización, del apoyo a las empresas imperialistas españolas en el Magreb sigue siendo el pueblo saharaui y, por los mismos motivos, las clases obreras y los campesinos de Argelia y Marruecos.

Los “grandes” aplausos que Su Majestad el Rey don Juan Carlos recibió, el 18 de enero de los miembros de la Cámara de Representantes y de los de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos, respondían a la promesa implícita que las palabras del monarca contenían sobre el futuro del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, de ninguna otra forma puede interpretarse la frase: “España tiene especial interés en ayudar a acercar posiciones para conseguir una solución consensuada, justa y definitiva, negociada por todas las partes concernidas, en el marco de la legalidad internacional y de los esfuerzos de las Naciones Unidas”[xliii]; ninguna referencia al referéndum, con lo que se demuestra que el referéndum era un callejón sin salida o, más exactamente ahora, con una única salida que es, precisamente, el retroceso y la vuelta a la opresión bajo las garras, ahora, de la monarquía alahuita. . El 13 de octubre de 2004, el ministro Moratinos, en su visita a Marruecos, ya había asegurado a Mohamed VI el apoyo del imperialismo español a su monarquía particularmente en la cuestión del Sahara. El 19 de octubre el comité de descolonización de Naciones Unidas aprobó, por 52 votos y 89 abstenciones, una nueva resolución sobre Sáhara Occidental respaldando el plan Baker pero abriendo una nueva fase. Lo importante a señalar: los países europeos optaron por la abstención... España entre ellos. Al mes siguiente Marruecos hacía pública la licitación de 56.000 hectáreas de terreno agrícola y su decisión de presentar el concurso en España, Italia y Francia. El concurso está evidentemente destinado al gran capital como dejan claro las condiciones y como explicaba Joan Brusca, portavoz del sindicato agrícola Unió-Coag. Decía: “los agricultores medianos y pequeños difícilmente vamos a invertir en un concurso que sólo es accesible a grandes empresas”[xliv].

Telefónica es el mayor inversor exterior en Brasil y Argentina. El BBVA posee el primer banco privado de Latinoamérica (Bancomer de México). En noviembre se conocía el acuerdo sellado entre Repsol YPF y PDVSA (Petróleos de Venezuela) para crear la primera empresa mixta en dicho país. No es de extrañar que el Gobierno Zapatero crease en octubre del año pasado un foro empresarial destinado a velar por los intereses imperialistas de las grandes empresas españolas en Latinoamérica; “No se trata de un foro cualquiera. En el mismo participan, por parte de la Administración, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica [...] el secretario de Estado de Turismo y Comercio [...] y el director general de financiación Internacional del Ministerio de Economía [...] Las empresas se encuentran representadas por altos ejecutivos como consejeros delegados, directores generales..”[xlv] Las compañías representadas son: Telefónica, Repsol, Gas Natural, BBVA, Banco Santander, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA, Agbar, Prisa, Sol Melià y ACS”. Por cierto que los presidentes de Telefónica, Respsol-YPF, Endesa y BBVA fueron nombrados por el PP y cuentan con la garantía del Gobierno Zapatero que se aprestaba a adelantarse, el mismo 16 de marzo y por boca de Sebastián, “El PSOE mantiene un principio de no injerencia política en las empresas que impide cualquier actuación sobre determinados cargos de empresas privatizadas.”[xlvi]; pero, si la dirección del PSOE cambiara de idea, siempre les quedan los contratos blindados que son la versión invertida de la tan exigida, a la clase obrera, flexibilidad laboral.

Maragall no le quiere ir a la zaga a su compañero de partido

Pero no sólo el gobierno Zapatero sostiene y forma directamente lobby a favor de las empresas imperialistas. Desde Madrid se hace, sobretodo, a favor de las grandes empresas imperialistas españolas... desde Barcelona se hace a favor de las empresas medias. El Gobierno de Maragall, el ‘tripartito’ entre PSC (PSOE), ICV (IU) y ERC tiene estructurado un Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña que se está encargando de trabajar, junto a otros organismo del gobierno catalán, para que las empresas catalanas puedan deslocalizar producción con ayuda pública (es decir realizar inversiones en el extranjero con ayuda del gobierno catalán). “La idea de crear esos polígonos ha surgido en paralelo con la de varias patronales y las empresas de los sectores más punteros”[xlvii], afirmaba el conseller de Comercio de la Generalitat de Catalunya refiriéndose a la incentivación de la creación de polígonos industriales en Europa del Este y en el Magreb. El Presidente de la patronal, Pimec, declaraba más claramente: “la idea es competir por costes”, de entre ellos sobretodo el coste del suelo y el de los salarios.

la socialdemocracia española y los nuevos gobiernos ‘progresistas’ en Latinoamérica

Zapatero comenzó, el pasado 24 de enero, una gira de tres días por Latinoamérica claramente destinada a presionar a favor de las inversiones en la zona de las grandes empresas imperialistas españolas. A Venezuela no fue, dejando este trabajo a Bono, por consideraciones ‘políticas’ pero mimó especialmente Argentina, Brasil y Chile, que representan el 83% de las inversiones españolas en la zona (sólo superadas por EEUU). Todo ello barnizado con el tamiz de la sintonía entre gobierno ‘progresistas’ (Lula, Kirchner y Lagos) añadiéndole alguna guinda de lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo. Zapatero declaraba en Argentina: “El made in Spain debe ser sinónimo de calidad, pero también de compromiso con el desarrollo.”[xlviii] Todos ellos parecen haber olvidado que el grueso de las inversiones se han realizado mediante la compra, a precio de saldo, aprovechando la oleada de privatizaciones que comenzó en los años ochenta. Para entender aún mejor la importancia y el significado de este trabajo imperialista del gobierno, es necesario tener en cuenta que los seis primeros valores del Ibex 35 de la Bolsa española (formado por 35 ‘valores’, empresas) son Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, Endesa e Iberdrola, y que estas seis empresas controlan el 70% de la evolución de la Bolsa. El 19 de febrero el ministro Bono, de visita ‘discreta’ en Venezuela, lograba un contrato de compra de armamento por valor de casi 1.000 millones de euros (cuatro corbetas y seis aviones de transporte C-295). La vicepresidenta del gobierno afirmaba, en rueda de prensa, que en esta visita ‘discreta’ se había concretado: “un protocolo de cooperación militar en materia de defensa de alto interés económico para los astilleros y empresas aeronáuticas españolas”[xlix].

‘ayuda al desarrollo’ ¿cómo?

Muchas ONG saludaron el triunfo de Zapatero como una victoria propia. Y tenían razón sólo que, al igual que con la clase obrera, la dirección socialdemócrata también les expropiará esta victoria... al menos a las pocas ONG’s que no están instrumentalizadas como caladeros de clientelismo político, instrumentos de desgravación fiscal del gran capital, grupos de presión de la Iglesia Católica, etc.. A fines del mes de febrero se aprobó el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el compromiso del gobierno es aumentar la ayuda oficial al ‘tercer mundo’ desde el 0,23% del PIB al 0,5% en el 2008. ¿El 0,7% cuándo? ¡En la próxima legislatura! Pero no sólo eso sino que el contenido de la ayuda al desarrollo sigue enmarcándose en capítulos que traducen la ayuda en comercio injusto pura y llanamente. Los FAD (créditos al desarrollo) siguen como estaban, siendo créditos para obligar a los países subdesarrollados a engordar la deuda y las compras a favor de los países imperialistas... entre ellos la querida España socialdemócrata.

... y ‘social’

En la primera semana de noviembre del 2004, Jaime Montalvo, presidente del Consejo Económico y Social, realizaba una gira por Latinoamérica. Le acompañaban representantes de la patronal, de las cúpulas sindicales reformistas y de la ‘economía social’. La cabeza de playa de esta incursión de la delegación por el ‘dialogo social’ del imperialismo español era Lima. El objetivo era concretar los siete precedentes años de trabajo de lobby en la creación del CES de la Comunidad Andina, que englobaría a Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador; también la creación de un ‘Observatorio laboral’ para el estudio del ‘mercado de trabajo’, que es como decir para que la patronal realice estudios encaminados a rentabilizar mejor la fuerza de trabajo de las clases obreras y campesinos de estos países. Montalvo explicaba que “en Latinoamérica piensan que el clima de diálogo social ha ayudado mucho a construir nuestra democracia y fortalecer [sic] nuestra economía”[l]. El CES es un instrumento básico del control del estado español sobre los sindicatos, es decir: el marco de colaboración de clases idóneo para la burguesía (con una composición que presume de paritaria pero en la que, realmente, los representantes directos de la burguesía están en mayoría) . Los dineros públicos con que se financia el CES también están sirviendo para ‘ayudar’ a las burguesías (es decir a sus estados) mejicana, chilena y Argentina (esta última con la que el CES español lleva un proceso específico). Estos movimientos de lobby imperialista español quedan al descubierto claramente por su propio desarrollo pero aún más teniendo en cuenta que la propia ONU, tan querida por el Gobierno Zapatero, tiene su propio Consejo Económico y Social en el

interior del cual existen comisiones diversas, entre ellas ‘regionales’. ¿Qué necesidad tiene el estado español de llevar a cabo a través de su propio CES una tarea en América si la ONU ya la hace? De nuevo la respuesta está clara: la política del gobierno Zapatero es la política de la continuidad en la gestión de los intereses del gran capital imperialista español.

El 4 de noviembre, la V Reunión conjunta de los Consejos Empresarial y Laboral Andinos aprobaba la Declaración de Lima que, en su punto 1 rezaba: “Nuestra convicción sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de participación y consulta de las organizaciones más representativas de empresarios y trabajadores en el seno de la Comunidad Andina y por ello invitan a las más altas instancias del Sistema Andino de Integración a iniciar un proceso de análisis y debate que concluya, en el más breve plazo, en la constitución del Consejo Económico y Social Andino (CESA), con competencias definidas y dotándolo de los recursos necesarios.”[li] En el punto 3 de la misma declaración se instaba la constitución del Observatorio Laboral Andino.

La situación de la clase obrera

¿La ‘seguridad’ no era de ‘izquierdas’? accidentes laborales

De acuerdo con un estudio realizado por CCOO, en el año 2003 se registraron 1.700.000 accidentes de trabajo de los que resultaron 1.033 obreros y obreras muertos. En el 2004, se produjo un descenso de los accidentes mortales (946) continuando con la tendencia comenzada en el 2002 a un suave descenso anual, pero: “Con la cifra total de accidentes (leves, graves y mortales) ha ocurrido lo contrario. La reducción en 2004 ha sido algo menos significativa que en 2003”[lii]. Según los datos presentados por el diario El País, con fuente en el Ministerio Trabajo y CCOO, los accidentes en el desplazamiento al puesto de trabajo (in itínere) aumentaron, al pasar de 77.728 en el 2003 a 93.287 en el 2004 (de ellos 452 y 510, respectivamente, mortales). Además, del total de estos accidentes mortales, dos tercios los sufren trabajadores temporales cuando éstos aún suponen sólo un tercio del total de trabajadores.... la relación causa efecto entre grado de explotación, condiciones de trabajo inferiores y accidentes laborales continúa siendo evidente por mucho que aún existan jueces capaces de penalizar a un trabajador accidentado por “exceso de celo en su trabajo” (sic) como lo hizo, el pasado mes de noviembre, un juez de Barcelona, absolviendo al mismo tiempo a los seis empresarios responsables (subcontratas y subcontratas); el albañil en cuestión quedó parapléjico a causa de una caída desde una altura de cinco metros, los empresarios se dieron prisa en pactar con él una indemnización (y lo hicieron, seguramente, porque sabían que eran inocentes) pero el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona decidió que si el empleado no llevaba casco, ni tampoco habían instaladas redes de protección era porque este trabajador demostraba un excesivo celo, sólo que, a pesar de las palabras de la sentencia, sería para no perder el trabajo. El 13 de enero un accidente laboral en Burgos, causado por tener el almacén de materiales y los vestidores sin separación y, además, ilegalmente situado en la planta baja de un edificio de viviendas, acabó con la vida de ocho trabajadores de la construcción y dejó gravemente heridos a otros cuatro. El 21 de febrero un albañil resultó muerto y otros siete heridos de diversa consideración al desplomarse la estructura de una de las obras de ampliación del metro de Madrid. El trabajador ecuatoriano fallecido estaba contratado, temporalmente, por una de las muchas subcontratas de Ferrovial. El 19 de enero se había realizado una visita a la obra por parte de la Comisión de Seguridad formada por sindicatos y empresas, entre las observaciones que hizo esta comisión está esta: “Se observó a unos trabajadores montando cimbra que no tenían la formación adecuada (eran encofradores)”[liii]. De nuevo queda claro para qué sirve firmar acuerdo con la patronal, otra vez la patronal escribe con la sangre de los obreros su opinión sobre qué es eso de la I+D: si no es más explotación a costa de las condiciones de la clase obrera... no interesa.

¿La ‘seguridad’ de ‘izquierdas’ tiene que traducirse en permanente riesgo de pérdida del trabajo?

El Consejo Económico y Social aprobó el pasado 22 de diciembre un informe, elaborado a instancias del ministerio de Trabajo para estudiar la incidencia de la temporalidad en el sector público. España es el país, de la UE de 25, con una tasa más alta de temporalidad entre los trabajadores de las administraciones públicas. Casi la cuarta parte de los trabajadores del sector público están contratados en precario doblando la tasa de temporalidad que existía en 1987 y habiendo aumentado desde el 16,1% de 1995 hasta el actual 22,4%. El acuerdo entre las cúpulas sindicales de la administración pública de CCOO, UGT y CSIF, del pasado mes de septiembre, que estipulaba un máximo del 100% en la tasa de reposición del personal, no podrá de ninguna manera contrarrestar esta realidad, si es que llega a aplicarse realmente. Pero el regalo inicial de 54,6 millones de euros a la banca para el Fondo de Pensiones de la Administración del Estado es ya, desde el paso mes de julio, una realidad que se va extendiendo a los trabajadores de la administración autonómica y local entregando parte de su salario diferido al albur de la especulación financiera. La tasa de temporalidad entre los trabajadores del sector privado alcanza el 32,3%. Un estudio realizado por encargo de la Fundación Alternativas, lo que equivale a decir nada sospechoso de sesgo proobrero, cifraba, en el mismo mes del año pasado, la tasa de temporalidad en la agricultura y ganadería en el 61,2%, en la construcción en el 56,6%, en el ‘servicio’ doméstico en el 48%, en el sector del cuero, marroquinería y calzado en el 47,2%, en la hostelería en el 37,7%, en los productos metálicos en el 29,6%....

En cuanto al paro, según datos del Ministerio de Trabajo del 2 de marzo, se evidencia que el ritmo de descenso de trabajadores en paro se enlentece. El diario El País, que recogía los datos el 3 de marzo, los comentaba así: “La bajada [del número de parados en el mes de febrero respecto a enero] es inferior a la de febrero de 2004 (10.074 personas) y sitúa el número de parados en 1,7 millones. El paro crece entre las mujeres y los jóvenes”[liv]. Comparando con el año 2004, el descenso en febrero de este año sólo alcanza el 60% del año pasado. Por otra parte, la construcción (sector inmerso en una burbuja que amenaza cada vez más con estallar) sigue siendo el sector que mayor aportación hace al descenso del paro representando el 63% de la caída mensual del desempleo, “según señala UGT”. El balance para el año 2004 completo es parecido: “España creó 461.300 nuevos, una cifra algo inferior a la del mismo período de 2003 (484.700)”[lv]; con una población activa, según datos de la Encuesta de Población Activa, de 19.330.400 millones, la ocupada sobrepasó un poco los 17 millones y la parada no bajó de los dos millones. Según datos del INEM, los nuevos contratos realizados en el 2004 se repartieron entre un 8,6% de indefinidos y un 91,3 de temporales.

La explotación de la clase obrera sigue aumentando

Según datos del Banco de España, referidos al año pasado, el 55,5% del salario medio anual de los españoles está destinado a la devolución de prestamos hipotecarios. El estudio no desagrega por clases sociales pero es evidente que entre la clase obrera este porcentaje debe ser muy superior.

A partir de datos del Ministerio de Trabajo, hechos públicos en diciembre de 2004, queda claro que la negociación colectiva del año pasado repercutió en una moderación salarial que supuso que la subida salarial media (que fue del 2,9%), en los convenios registrados en 2004, fuera inferior a la inflación (que en noviembre se había situado en el 3,5% interanual y acabó el año en el 3,2%); aunque al hablar de inflación o del IPC es necesario desagregarlo concretando en qué partes de la cesta de la compra incide más; el del 2004, por ejemplo, contenía una subida del 4,1% en los alimentos elaborados; del 5,5% en tabaco, del 4,2% en enseñanza y, por fin, del 6% en transporte. La juventud, la clase obrera obligatoriamente debe alimentarse y desplazarse para trabajar. Es evidente que una inflación del 3,2% incide en un porcentaje mayor en la juventud y clase trabajadora.

A pesar del aumento de julio, y del acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal el 27 de diciembre de 2004 (que fijó un aumento del 4,5% para el 2005 situándolo en 512,9 euros), el salario mínimo interprofesional sigue siendo el segundo más bajo de la UE de los 15. Pedro Solbes, de quien tan buena opinión tiene Fidalgo como ya hemos visto, verbalizó la imposibilidad de cumplir la promesa electoral de alcanzar los 600 euros para el SMI en estos términos en un programa de radio “Me preocupa que un sistema excesivamente automático tenga un impacto negativo sobre el crecimiento de los salarios y, por tanto, sobre competitividad y empleo”[lvi]. La CEOE unida al ‘independiente’ Solbes el mismo 12 de enero, se posicionó públicamente en contra de los aumentos automáticos del SMI aprobados por el último Consejo de Ministros del 2004 a partir del 2008, para protegerlo frente a la inflación, y dio por agotadas la subidas con la pactada en diciembre. Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares que elabora el INE[lvii], aún más de la mitad de los hogares (el 55%, es decir casi ocho millones de familias) sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes, el 11,7% tiene ‘muchos problemas’ frente a un exiguo 1,26% que llega con ‘mucha facilidad’; el 37,9% pudo ahorrar algo mejorando respecto al año 2003 en que sólo lo pudo hacer el 34,5%... pero esta mejora se ha hecho a costa del consumo que se ha estabilizado. El endeudamiento de las familias es ahora el doble que el registrado en 1998, la deuda media por familia es de 39.000 euros y ha aumentado, en el 2004 respecto al año 2003, en un 18% . No es de extrañar que la encuesta financiera de las familias, realizada por el Banco de España, arroje como resultado que los empleados por cuenta propia detentan una riqueza que duplica a la de los asalariados aunque aquellos sólo representen el 11,4% de los hogares estudiados. En primer lugar hay que matizar que incluso dentro de la categoría de ‘hogares con cabeza de familia empleado por cuenta propia’ se darán disparidades que no podemos saber a falta de la desagregación de datos (a tener en cuenta que, con la actual política de destrucción de plantillas, buena parte de los ‘autónomos’ son simples asalariados sin derechos de convenio). Los datos brutos, hechos públicos por el Banco de España en noviembre del 2004, son los siguientes: la media de riqueza de los hogares encabezados por un ‘trabajador’ por cuenta propia es de 327.300 euros, la de los asalariados de 130.000[lviii]; la deuda de los hogares con cabeza de familia ‘trabajador por cuenta propia’ sólo representa un 14% de la riqueza que poseen frente al 22% que supone la deuda de los asalariados frente a la riqueza que poseen.

…los beneficios también

Frente a este empeoramiento de la situación de los trabajadores “Las empresas cotizadas en Bolsa repartieron el pasado año entre sus accionistas 14.174,6 millones de euros, lo que supone duplicar lo que se pagó en el 2000 y marca un récord en el volumen de dividendos.”[lix] Este dato aún es más preciso si se tiene en cuanta que sólo 42 euros de cada 100 euros de los beneficios obtenidos se destinaron a repartir dividendos. A los accionistas se les transfirieron más beneficios también, como se hace normalmente, mediante la entrega gratuita de acciones resultado de ampliaciones de capital. El beneficio de los grupos bancarios consolidados (que tiene en cuenta también a las filiales latinoamericanas) creció en septiembre del 2004 un 36%; parte nutricia de esto beneficios están siendo las ‘comisiones’ (que recaen sobremanera en las economías de asalariados y jubilados) que, si en 1984 suponían el 12,8% de los ingresos, en el 2004 supusieron el 29,8%. El beneficio ordinario de las empresas no financieras subió, desde enero a septiembre de 2004, un 18,6%[lx], gracias al aumento del consumo y el descenso de gastos de personal (es decir, salarios puesto que el gasto medio por trabajador se había reducido desde el 3,7% de 2002 al 3,2% del 2004).

Según estimaciones del BBVA el 0,16% de los contribuyentes españoles poseen el 27% de los depósitos bancarios.

y los impuestos contra la clase obrera se mantienen

Los impuestos recaen mayoritariamente sobre la clase obrera, sobre los asalariados que ni pueden ‘escapar’ al IRPF ni pueden evitar el IVA. Zapatero prometió en su programa electoral, y reiteró en su discurso de investidura, una reforma fiscal radical en las plusvalías. Pero Pedro Solbes ya rectificó en junio del 2004 afirmando, ante empresarios reunidos por el diario Cinco Días, que “hacer cambios en tiempos de mudanza no es la mejor de las opciones”. La concreción de las promesas electorales vino en diciembre cuando el Gobierno aprobó las nuevas retenciones del IRPF para el año 2005. Frente a la promesa electoral de ‘limpiar’ el IRPF del efecto de la inflación “el Gobierno sólo descontará la inflación prevista (2%) cuando el índice de precios de consumo (IPC) va ya por el 3,5%, según los datos de noviembre”[lxi].

El caso Ízar: como Zapatero cumple sus promesas a los obreros

El 2 de marzo se escenificó en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Madrid el triunfo de la división de las luchas de la plantilla de Ízar, realizado en comandita por la SEPI, UGT y CCOO. Seis astilleros (Ferrol, Fene, Cartagena, Cádiz, Puerto Real y San Fernando) se segregan de Ízar para formar Navantia, que se presentó en sociedad ese día. Navantia será una empresa de construcción de buques de guerra que contará con un 20% de plantilla de ingenieros. La clase obrera, por más aristócrata que sea, va siendo expulsada de las grandes empresas y tiene que acceder al trabajo a través de subcontratas mientras los ‘ingenieros’ siguen aumentando su poder. El próximo mes de abril comenzará a negociarse con los mismos sindicatos que ya han destruido toda posibilidad de defensa, la venta de las fábricas de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla.

Los primeros Presupuestos de Zapatero: no es tiempo de mudanzas

El 28 de septiembre, Pedro Solbes presentó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. El 27 de octubre estos Presupuestos fueron aprobados por el Congreso de los Diputados con 180 votos a favor (PSOE, ERC, Izquierda Verde) y 157 en contra (PP, CiU, PNV, BNG, EA y Nafarroa Bai). El tan cacareado giro social que representaría los nuevos presupuestos se quedó en... unos presupuestos que prevén, de nuevo, superávit a costa del de la Seguridad Social (es decir de los salarios diferidos de los trabajadores). La previsión es un déficit del 0,5 % en el PIB, compensando con un superávit del 0,7 % en la Seguridad Social (otra vez más el salario diferido de la clase obrera financiando al estado burgués), lo que arrojaría un superávit total del 0,1%. José A. Herce, director de FEDEA y profesor de la Universidad Complutense, se alegraba de la continuidad de estos presupuestos con los del PP mofándose, de paso, de IU en su apoyo a los presupuestos, en base a que representan un ‘giro social’: “Es, para mí, cuestionable que estos aumentos representen el ‘giro social’ que se comenta por ahí [...] Un ‘giro social’ como el que algunos tienen en mente haría estallar las costuras del presupuesto y provocaría una paralización de la sociedad y la economía. De manera que, señor Rodríguez Zapatero, siga también así, con gestos presupuestarios pero sin inflar la cosa.”[lxii] Si el 22 de diciembre el Senado había levantado el veto a la aprobación de los Presupuestos Generales, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba un macroproyecto de infraestructuras a fin de mantener en marcha el motor del crecimiento basado en la construcción. Este macroproyecto prevé la inversión de 241.392 millones de euros hasta el 2020, millones que serán aportados en un 60% por los Presupuestos Generales, para beneficio de las grandes constructoras, y el resto directamente por el sector privado. Esta fue la primera gran iniciativa del Gobierno Zapatero en el terreno económico, bastante alejada de un cambio de modelo en la economía puesto que no hace más que seguir los pasos marcados por el Gobierno del Sr. Aznar

Los límites de la economía capitalista en España

El 1 de febrero el Banco de España avanzó datos globales sobre la evolución de la economía española en el 2004. El Banco de España estima un crecimiento del 2,6% para el conjunto de la economía en el año pasado, crecimiento que estuvo basado en el la demanda interna que creció por encima del 4%; esta demanda interna estuvo alimentada, sobretodo, por el consumo y por la inversión (particularmente de nuevo la construcción y en cierta medida por la inversión en bienes de equipo que ‘despegaron’ un poco respecto a los años anteriores); el talón de Aquiles vuelve a ser el déficit comercial ya que la mayor importancia de las importaciones frente a las exportaciones restó 1,5 puntos al crecimiento global. Estos datos es necesario precisarlos con algunas de las consideraciones que, en el mismo informe, hacía el Banco de España: la vivienda sigue aumentando sus precios (17%) pero el endeudamiento de las familias aumenta aún mas (20%), el mismo organismo confiesa que no atisba indicios de una desaceleración del precio de la vivienda y advierte del peligro de que este hecho haga caer el consumo (que, recordemos, tanto ayudó al exiguo crecimiento del 2,6%), mucho más teniendo en cuenta que las tasas de ahorro alcanzaron niveles negativos en el último trimestre del año y que, también en el último trimestre, la débil recuperación de la inversión en bienes de equipo se frenó. En ese mismo último trimestre se produjo “cierta corrección del desequilibrio exterior en la recta final del año”. Pero el problema está en que esa corrección fue debida, únicamente, a la menor inversión en bienes de equipo y al turismo. Los resultados definitivos, hechos públicos el 23 de febrero, no han cambiado sustancialmente el avance aquí reseñado. El déficit comercial ha detraído 1,7 puntos al PIB en lugar de los 1,5 previstos, el PIB global creció 2,7% en lugar del 2,6% previsto, la productividad avanzó 0,6% (una décima menos que en el 2003).

La minería del carbón, en permanente proceso de ‘reconversión’, tendrá que afrontar este próximo año la traducción del Protocolo de Kioto en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones 2005-2007. Suenan tambores de la patronal sobre la dificultades que tendrá para asumir las obligaciones que el plan les impone que, según ellos, hará peligrar 11.430 puestos de trabajo (la mitad en Asturias). Lo que parece evidente es que la tendencia a la disminución del consumo del carbón nacional (cifrada en un 7% desde 1996 hasta el 2003) estará acompañada del aumento de la importación del mismo material (que, para el mismo período. creció en un 135%). En el sector del textil también se presentan nubarrones para los trabajadores puesto que el 1 de enero entró en vigor la liberalización del sector acordada por la Organización Mundial del Comercio. En estos momentos este sector da trabajo a 243.000 personas. “En el mejor de los casos la liberalización acarreará la destrucción de 72.000 empleos hasta 2010.”[lxiii]

Continua la pérdida de inversiones directas extranjeras que lleva tres años de retrocesos y que, en el 2003 (según datos hechos públicos por Eurostat en agosto de 2004), alcanzó un 40% de retroceso (este fenómeno afectó también a los países de la UE pero el retroceso en ellos sólo alcanzó el 15%). El 40,5% de esta inversión disminuida se destinó a la compra de viviendas. Si en el año 2000 la inversión extranjera en sociedades (empresas) representó el 6% del PIB en el 2003 sólo alcanzó el 1,4% según estimaciones de La Caixa en el mes de abril pasado. Es preciso relacionar este hecho con el elevado endeudamiento de las familias y el peso que el consumo, apalancado en este endeudamiento, tienen para comprender el alcance de la advertencia hecha por Julio Rodríguez (economista, estadístico y ex presidente del Banco Hipotecario): “... la sobrevaloración de los activos inmobiliarios tiene más riesgos que la de los activos bursátiles. El efecto riqueza descansa mucho más en este caso en el endeudamiento que en lo se refiere a las acciones [...] La orientación básica de la política económica [...] debería ser la mejora de la posición competitiva de España en la economía mundial y la reducción de la dependencia del crecimiento respecto de la construcción residencia y de unos activos revalorizados.”[lxiv] Pero la tendencia de la economía española es a la pérdida de competitividad; en mayo de 2004 el Índice de Tendencia de la Competitividad[lxv] señalaba un caída del 5,3% (hay que retroceder a 1990 para encontrar una caída peor); respecto a los doce países de la Eurozona la caída era del 2,4% (quitando argumentos a los que explican la caída por la fortaleza del euro); esta pérdida de competitividad repercute en la producción industrial que, según Ángel Laborda (director de coyuntura de FUNCAS) “... viene situándose por debajo de la media de la eurozona, a pesar de que las empresas españolas se benefician de un crecimiento de su mercado doméstico mucho mayor que sus competidoras europeas”[lxvi]. Según datos del Ministerio de Industria, conocidos el pasado mes de enero, España perdió 4,4 puntos de competitividad en el 2004 habiendo acumulado en los últimos 10 años una pérdida de 12 puntos frente a sus socios europeos.

Uno de los recursos más usados para intentar hacer aceptar a la clase obrera más flexibilidad en sus condiciones laborales y salariales es que, a cambio, la patronal tendrá en cuenta la necesidad de invertir en I+D. Esta falta de inversión en desarrollo e investigación justifica, también, la pérdida de competitividad, pérdida que, a su vez, se deriva del escaso crecimiento (o pérdida) en la productividad del trabajo. Ya hemos señalado como las inversiones de capital extranjero en España están dirigiéndose al sector de compra de vivienda y abandonando a marchas forzadas los sectores de la producción industrial. El último informe del Banco de España al respecto añaden más datos, de los enumerados arriba, que confirman esta tendencia. La inversión de capital extranjero ha caído de 40,7 millares de millones de euros en el 2000 a 22,7 en el 2003. La compra de acciones no cotizables en bolsas, es decir de empresas alejadas de la especulación bursátil, alcanzó los 17,5 millares de millones de euros en el año 2000 para bajar al mismo valor (-17,5) pero negativo en el 2002. Lucía Abellán, que comentaba estos datos en el diario El País del 14 de marzo, señalaba como explicación a esta tendencia “España ya no puede competir en esas condiciones [los bajos costes de producción] basadas en costes laborales ínfimos, pero tampoco ha desarrollado suficientemente su capacidad de innovación como para ser receptora de proyectos más sofisticados”, es decir con un mayor ‘valor añadido’ en investigación y desarrollo que permita al capital extraer una mayor tasa de plusvalía relativa. Pero el gasto español en innovación y desarrollo ha crecido entre 1998 y 2003 en un 7,6% de media anual frente a la media, en el mismo período, de un 4% que registraron los 25 países de la UE, según datos de Eurostat.

La productividad de la economía española sigue descendiendo desde 1995, durante la década 1985-1995 aumentó a un ritmo del 1,5% (claramente insuficiente para recuperar el terreno perdido a nivel internacional), para situarse en una media de crecimiento del 0,6% entre 1995 y 2003[lxvii]; la acumulación de capital continua situada en el 67% de la media de los países de la Eurozona. Pero, si se tiene en cuanta la productividad por hora trabajada (y es importante hacerlo puesto que “En lo único que superamos con creces a la media de la UE es en el número de horas anuales efectivamente trabajadas, que es de 1.807, frente a sólo 1.623 de la UR, es decir un 11% más.”[lxviii]), la productividad en España es 16 puntos inferior a la media europea según une estudio del INE hecho público el pasado 9 de diciembre y, según la OCDE[lxix] durante el período 1994-2003 su tasa de crecimiento ha sido la segunda menor (tras México) de todos los países pertenecientes a este organismo.

Productividad por ramas de actividad.2004

Productividad por ramas de actividad.2004

Tasas de variación anual

Agraria y pesca

Industria

Energía

Construcción

Servicios

TOTAL

PIB

-0,6

2,2

1,7

3,7

2,8

2,7

Empleo

-2,1

-0,8

-1,5

3,9

3,0

2,1

Productividad

1,6

3,0

3,3

-0,3

-0,3

(Cuadro extraído de: Es necesario un nuevo modelo de productividad que apueste por el empleo de calidad, Comunicado de Prensa, del 23/2/05, de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT)

COMPARATIVA DE TASA DE VARIACION ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE ‘MANUFACTURAS’

(Fuente: El País, 5/3/05, con fuente en AMECO y para siete países-zona)

País-zona/años

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

96-03

España

2,1

-0,1

2,2

0,7

0,7

0,9

0,4

0,6

3,1

1
EEUU

5,6

3,5

6

4,4

5,5

6,8

-1,3

10,2

6,8

5,2

EU 15

0,3

4,4

2

1,9

4,3

0,6

1,8

2,5

2,2

El 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Dinamización de la economía española que, básicamente, persigue abaratar la especulación en la Bolsa, asegurar el control de las grandes empresas de la energía, realizar reformas fiscales para subvencionar a la empresa privada que impulse la productividad laboral, dar un último empujón a la especulación inmobiliaria (que amenaza con cerrar su ciclo de expansión gracias a los tipos de interés bajos), mediante apoyos a los fondos de inversión que dediquen capital a las viviendas en alquiler y bonificaciones fiscales del 80% a las empresas privadas que hagan lo mismo. En el caso de las ‘sociedades de inversión inmobiliaria’ se le permite dedicar el 20% de lo total de viviendas gestionadas al sector del alquiler, se les admite un máximo de 135 metros cuadrados con dos plazas de garaje, sólo se les obliga a mantener este 20% de viviendas un mínimo de cinco años en régimen de alquiler y, para poner la guinda al regalo, los beneficios obtenidos tributarán al 1% en el impuesto de sociedades (ya de por si bajo con su 35%). En cuanto a la tan cacareada Agencia Pública del Alquiler, que puso en marcha el Gobierno Zapatero el 25 de febrero, esta agencia no es más que un instrumento directo de apoyo al capital especulativo inmobiliario teniendo en cuenta que su objetivo es ‘intermediar’ en el mercado para ‘dar seguridad jurídica’ a los propietarios (¡pobrecitos!): ¡todo un ‘Plan de choque’ pero contra la juventud y a favor del gran capital! Ya lo ha dicho el PP: más de lo mismo. Es decir: “humo” para ocultar el apoyo directo al supuesto ‘libre mercado’ sujeto por cadenas de hierro a las leyes del gran capital.

Por otra parte la ampliación de la UE compromete los fondos europeos de tal modo que el Gobierno se vio obligado, por boca de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (secretario de estado de Hacienda), a amenazar el pasado 3 de marzo con vetar el presupuesto de la UE (“España no dará nunca su acuerdo a esta propuesta” porque la propuesta es “absolutamente intolerable”. Y es que el capitalismo español, bueno para especular en otros países imperialistas, explotar a la clase obrera, robar a los países subdesarrollados y amamantarse del maná del Estado, no consigue ser competitivo globalmente en el marco de la UE. Desde el año 2002 España es el uno de los cuatro países europeos que más competitividad ha perdido.

La economía española ha logrado reavivar un imperialismo español pero de tercera fila, imperialismo que no logra ponerse a la altura de sus ‘socios’ europeos. Tanto las desventajas en competitividad como en productividad pugnan por sobreponerse cada equis tiempo pero no logran alcanzar al resto de imperialismo europeos (en especial Francia y Alemania en el aspecto industrial e Inglaterra en el financiero). Hace una década, José L Raymond Bara escribía “... si bien España puede proseguir el proceso de aproximación a Europa, para ello es preciso: [...] b) Potenciar el crecimiento de la productividad. En economías abiertas, el crecimiento de la productividad tiende a manifestarse en una mejora de la competitividad y en una expansión del output. La economía española disfrutó en la década de los 60 de rápidos crecimientos de productividad, subproducto de un bajo nivel inicial de partida. Progresivamente esta ventaja se va agotando debido al propio proceso de acortamiento de distancias”[lxx]. Como el lector ha podido ver más arriba, diez años después, las distancias aún no se han acortado suficiente y el aliento se ha perdido ya si tenemos en cuenta los últimos datos suministrados por el Banco de España sobre el déficit exterior en función de la balanza de pagos por cuenta corriente. Más arriba hemos aportado datos que ahora, cuando cerramos la redacción de este número, se ven empeorados. Según datos del Banco de España el déficit exterior se duplicó en el 2004, pasando a representar el 5% de la Producto Interior Bruto. La brecha entre exportaciones e importaciones aumentó, en el 2004, un 37%; el saldo comercial arroja la magnitud negativa de 51.884, 6 millones de euros.

SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE

(en millones de euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-2.598

-13.112

-20.991

-18.346

-16.881

-20.828

-39.535

SALDO COMERCIAL (en millones de euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-18.480

-28.585

-37.778

-36.396

-34.602

-37.842

-51.884

IU, ERC, PSOE: un acuerdo de legislatura ¿a favor de quién?

El 23 de febrero los dirigentes del PSOE, José Blanco y Pérez Rubalcaba, y los dirigentes del IU, Rosa Aguilar y Felipe Alcaraz (enfrentados a muerte en la última Asamblea Federal de IU), se reunieron en la sede federal del PSOE para sellar un acuerdo que garantice un “marco estable” de colaboración política entre ambos partidos a fin de garantizar la gobernabilidad durante el resto de la legislatura. Como resultado del acuerdo se crearan cuatro comisiones de trabajo que tratarán sobre las reformas estatutarias, la política municipal, el modelo audiovisual público y las reformas fiscales.

Dos días más tarde, el 25, Carod Rovira, en representación de ERC, acudía al Palacio de la Moncloa (evitando la foto de llegada) y se entrevistaba con Zapatero. De la entrevista resultó el acuerdo de creación de una comisión destinada a avanzar en la elaboración de un pacto de legislatura estable, es decir: asegurar la gobernabilidad. Las dificultades provenían, según palabras de Carod Rovira, de la “falta de hábito de un acuerdo estable de las izquierdas con el Gobierno”. ¿Sobre qué bases trabajaran los dirigentes del PSOE y de ERC para ir habituándose a la colaboración en aras de la gobernabilidad? En la misma reunión Carod y Zapatero llegaron al acuerdo de que los contenidos sobre los que trabajará la comisión en cuestión serán: una Ley de Estabilidad Presupuestaria que, si bien a largo plazo buscará la flexibilidad, en esta legislatura blindará la búsqueda del déficit cero; la dotación de una mayor capacidad de aumentar los impuestos directos por parte de las autonomías para, así, luchar contra el déficit sanitario; introducir en la redacción de la ley que sustituya a la de Calidad de la Enseñanza facilidades de financiación a las comunidades autónomas y eliminar los

itinerarios; reforzar la asistencia social a las personas dependientes; llegar este año al cierre de la negociación del Estatuto catalán; comprometer infraestructuras para Cataluña (estas dos últimas líneas de trabajo a propuesta de ERC) y la desaparición de la energía nuclear, construcción de edificios con criterios más ecológicos y aumentar la lucha contra el fraude que son líneas de trabajo prioritarias para IU-ICV (es decir IV).

Anteayer, día 14 de marzo en el que se cumplía una año de la derrota del PP, se reunió la mesa del ‘mercado de trabajo’ (gobierno, patronal y dirigentes de UGT y CCOO) por primera vez formalmente. Ayer el Ministerio de Trabajo difundió un documento en el que se recogían las sugerencias que el gobierno Zapatero hizo en esta primera reunión: el gobierno propone en él extender a todos los contratos nuevos la indemnización de 33 días, ahora está en 45... con las excepciones, generales, que marcó la reforma laboral pactada en 1997 entre las cúpulas de UGT y CCOO con la CEOE bajo el gobierno del Sr. Aznar. El gobierno Zapatero, en efecto, no le quiere ir a la zaga al Sr. Aznar y sus gobiernos. Las propuestas del gobierno Zapatero también van encaminadas a aumentar los período de prueba, necesarios

para ‘alcanzar’ el contrato indefinido, y rebajar las cuotas a la Seguridad Social de las empresas de trabajo temporal

ya que, otro de los objetivos del gobierno, persigue “favorecer la actuación de estas empresas como intermediarias en el mercado laboral”. Gobernar y legislar a favor del gran capital, de la burguesía, y contra la clase obrera y la juventud; todo ello en continuidad, y profundización, de la política del PP pero sometiéndola a una reparación que recomponga su aspecto, que no su esencia. Estas son las bases sobre las que se está negociando el ‘acuerdo de legislatura’.

16 de marzo de 2005

[i] Todas las citas del debate: El País, 16/4/04, pp. 17, 18 y 19.

[ii] El País, 13/5/04, p. 26

[iii] El País, 19/4/05, p. 14

[iv] El País, 5/12/04, p. 26

[v] El País, 13/4/05, p. 16

[vi] El País, 21/4/04, p. 19

[vii] El País, 5/1/05, p. 26

[viii] El País, 20/5/04, p. 16

[ix] El País, 29/5/04, p. 19

[x] El País, 7/10/04, p. 27

[xi] El País, 17/11/04, p. 20

[xii] El País, 1/11/04, p. 23

[xiii] El País, 11/2/05, p. 18

[xiv] El País, 5/1/05, p. 26

[xv] El País, 5/5/04, p. 24

[xvi] El País, 39/11/04, p 14

[xvii] El País, 30/3/04, p 17

[xviii] El País, 15/5/04, p. 21

[xix] El País, 16/5/04, p. 18

[xx] El País, 4/6/04, p. 18

[xxi] El País, 7/1/05, p 20

[xxii] ídem supra

[xxiii] El País, 27/1/05, p. 24

[xxiv] El País, 2/2/05, p. 22

[xxv] El País, 23/4/04, p. 21

[xxvi] El País, 5/1/05, p. 18

[xxvii] El País, 11/1/05, p. 18

[xxviii] El País, 14/1/05, p. 15

[xxix] El País, 5/1/05, p. 21

[xxx] El País, 17/1/05, p. 24

[xxxi] El País, 28/3/04, p. 57

[xxxii] El País, 10/6/04, p. 58

[xxxiii] El País, 18/11/04, p. 62

[xxxiv] El País, 19/6/04, p. 69

[xxxv] El País, 4/10/04, p. 87

[xxxvi] El País, 8/6/04, p. 56

[xxxvii] El País, 22/4/04, p. 16

[xxxviii] El País, 27/5/04, p. 6

[xxxix] http://www.euskadiconfidencial.com/Confidencias/050604Tropas%20en%20Hait...

[xl] ONU, Informe sobre el Desarrollo Humano 2004.

[xli] El País, 21/2/05, p. 5

[xlii] El País Negocios, 11/7/04, p. 16

[xliii] El País, 19/1/05, p. 21

[xliv] El País, 30/11/04, p. 10

[xlv] El País, 10/11/04, p. 51

[xlvi] Expansión, 16/3/04, p. 3

[xlvii] El País, 14/2/05, p. 84

[xlviii] El País, 26/1/05, p. 24

[xlix] El País, 20/2/05, p. 22

[l] El País, 2/11/05, p. 70

[li]http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/dec3-11-04.htm

[lii] El País, 25/1/05, p. 52

[liii] El País, 22/2/05, p. 28

[liv] El País, 3/3/05, p. 61

[lv] El País, 29/1/05, p. 51

[lvi] El País, 12/1/05, p. 45

[lvii] Referida al tercer trimestre del 2004

[lviii] La de los jubilados es de 156.000 pero en esta categoría se mezclan los que fueron ‘trabajadores por cuenta propia’ y los que fueron asalariados.

[lix] El País, 7/1/05, p. 56

[lx] Según datos de la Central de Balances del Banco de España

[lxi] El País, 29/11/04, p. 71

[lxii] El País, 29/9/04, p. 64

[lxiii] El País, 2/1/05, p. 51

[lxiv] El País, 20/12/04, p. 76

[lxv] elaborado por la Subdirección de General de Estudios del Sector Exterior y referido al cuarto trimestre de 2003

[lxvi] El País Negocios, 21/11/04, p. 17

[lxvii] Según datos de un estudio difundido el 4 de marzo de 2005 por la Comisión Europea (Spain in EMU: A virtuous long-lasting cycle?)

[lxviii] Guillermo de la Dehesa, “El reto económico del nuevo Gobierno: la productividad”, El País, 1/6/04, p. 63.

[lxix]Economic policy reforms: goings for growth, 2005.

[lxx] Raymond Bara; 1995, “Convergencia real de España con Europa”, en, Problemas económicos españoles en la década de los 90