Tras su detención la noche del 4 de octubre, la totalidad de la Mesa Nacional de Batasuna se encuentra en prisión incondicional por orden de Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, quien les ha abierto un proceso penal por terrorismo, sobre la única base de su pertenencia a la organización política abertzale Batasuna, ilegalizada en 2003. Ilegalización que fue ejecutada en base a la aberrante ‘Ley de Partidos Políticos’, redactada y promulgada expresamente para expulsar a la clandestinidad a todo el conjunto de organizaciones sociales y políticas que se sitúan en el terreno del independentismo vasco. Estas detenciones constituyen un nuevo escalón en la carrera represiva del aparato del Estado, ahora bajo la responsabilidad del gobierno de Zapatero, contra las libertades democráticas en el País Vasco y, por ende, en todo el Estado Español. Forman parte de toda la política de continuismo que el gobierno del PSOE ejecuta villanamente contra los pueblos sometidos por la fuerza a la sagrada unidad de la Monarquía y su España, permitiendo incluso que un tribunal especial (la Audiencia Nacional) convierta en delito contra el Estado hechos tan simples como publicar caricaturas de la familia real o quemar fotos de quien es monarca por la gracia de Dios y de Franco. ¡Contra la ilegalización y criminalización de Batasuna! ¡Por la derogación de la Ley de Partidos Políticos! ¡Por la libertad de los presos políticos vascos! ¡Por el derecho del pueblo vasco a decidir libremente su destino y su relación con los otros pueblos! Por el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, incluido el de separación del Estado Español y del francés Abajo la Monarquía El Grupo Germinal considera como propias estas reivindicaciones democráticas y entiende que son los objetivos inmediatos que (en relación a la cuestión vasca) deben unificar al proletariado de Euskadi con el de todo el Estado Español. De hecho, lo que impide que las direcciones de organizaciones mayoritarias de nuestra clase combatan por ellas es su sumisión criminal al capital y a su Estado. 9 de octubre de 2007
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