1997. Abajo el Proyecto de Ley "de Orientación e incitación a la reducción del tiempo de trabajo"

(Publicado en Combattre pour le socialisme nº 70, 1 de diciembre de 1997)
(Publicado en Germinal, 2ª época, nº 10, febrero de 1998, páginas 15 a 20)
NO A LA FLEXIBILIDAD
NO A LA ANUALIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
NO A LA REDUCCIÓN DE SALARIOS
ABAJO EL PROYECTO DE LEY "DE ORIENTACIÓN E INCITACIÓN A LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO"
*Anualización del tiempo de trabajo...
*... Reducción de los salarios...
*... Contra las organizaciones sindicales obreras...
*... Regalos de lujo para los patronos
*Nueva máquina de guerra contra las conquistas del proletariado
*Ley quinquenal, ley de Robien: leyes de participación y cogestión...
*... Como también lo es la "ley sobre las 35 horas"
*"Conferencia nacional por el empleo, los salarios y la reducción del tiempo de trabajo"
*Los intereses del proletariado
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NO A LA FLEXIBILIDAD,
NO A LA ANUALIZACION DEL TIEMPO DE TRABAJO,
NO A LA REDUCCION DE SALARIOS
ABAJO EL PROYECTO DE LEY
"DE ORIENTACION E INCITACION
A LA REDUCCION DEL TIEMPO DE TRABAJO"
Conforme a las propuestas emanadas de la "conferencia nacional sobre elempleo" del 10 de octubre pasado, el gobierno Jospin - Gayssot - Chevènement - Voynet - Kouchner transmitió oficialmente el 27 de noviembre a los "agentes sociales" su anteproyecto de ley de "orientación e incitación a la reducción del tiempo de trabajo", llamado también proyecto de ley "de las 35 horas". Este anteproyecto debe presentarse al consejo de ministros el 10 de diciembre y ser después examinado por la Asamblea nacional los 21 y 22 de enero de 1998.
El proyecto define las modalidades que adoptará el tránsito a las 35 horas, en dos fases. En la primera, que acabará hacia fines de 1999, los "agentes sociales" serán incitados a negociar la reducción del tiempo de trabajo. En 1999, lo más tarde el 30 de septiembre, "tras concertación con los agentes sociales, el gobierno presentará al parlamento un balance de las 35 horas que servirá de base a la elaboración de un nuevo proyecto" (Le Monde, 29 de noviembre de 1997) que marcará el principio de una segunda fase al final de la cual las 35 horas deberán ser puestas en práctica en todas las empresas: desde el 1 de enero de 2000 las de más de 20 asalariados, y desde el 1 de enero de 2002 las de menos de 20 (o sea, 1.800.000 empresas que emplean al 37% de asalariados del comercio).
Anualización del tiempo de trabajo...
Le Monde del 29.11.97 resume:
"Duración legal del trabajo. El texto precisa que "la duración legal del trabajo efectivo de los asalariados se fija en 35 horas semanales desde el 1 de enero de 2002" y "para las empresas de más de veinte empleados el 1 de enero del 2000". Este decremento puede precisarse "en forma de tiempo libre"a lo largo del año o alimentando una "cuenta de ahorro-tiempo", fórmula más conveniente para los cuadros. Las empresas afectadas son las que se recogen en el artículo L.200-1 del código de trabajo: establecimientos indistriales y comerciales públicos y privados, profesiones liberales, asociaciones, sindicatos profesionales. A las que se adjuntan, precisa el texto,"establecimientos agrícolas, artesanales y cooperativos junto a sus diferentes dependencias". Entran también en el ámbito de la ley los transportes urbanos y las clínicas privadas concertadas por el sistema público hospitalario. Por el contrario, las tres funciones públicas (Estado, ayuntamientos, sanidad), la administración pública, la SNCF [ferrocarriles] así como la RATP [los transportes públicos metropolitanos de París] han sido expresamente excluídos.
El anteproyecto indica que los sindicatos, organizaciones patronales, empleadores y asociaciones patronales deben negociar las modalidades de esta reducción. "Adaptadas a la situación de las diferentes ramas y empresas" y en el marco de las disposiciones del código del trabajo que ya prevén diferentes soluciones (por ejemplo la anualización). Se consideran los acuerdos de ramo".
En realidad, la duración legal que se fija en 35 horas semanales no es más que una media legal que se puede alcanzar por una negociación adaptada a las "diferentes situaciones" (es decir, preferentemente empresa por empresa). Y ello en el marco de las disposiciones legales vigentes, en particular de laley quinquenal (llamada) para el empleo de 1993, que autorizan el recurso al reposo compensador y a la "anualización, por ejemplo" (!!). Por otra parte, en lo que concierne al régimen de horas extraordinarias, "el ministro de trabajo ha escogido no tocar el límite actual de 130 horas por año y asalariado -impuesto por el código de trabajo, salvo acuerdo particular de ramo-, límite a partir del cual es necasario el acuerdo de la Inspección de trabajo" (Les Échos, 29.11.97).
Queda así perfectamente claro uno de los principales objetivos del proyecto de ley:
bajo el pretexto de caminar "hacia las 35 horas" impulsar extraordinariamente las negociaciones a nivel de empresa con vistas a la anualización del tiempo de trabajo.
... Reducción de los salarios...
El proyecto de ley no ofrece garantía alguna en lo que respecta al mantenimiento del nivel salarial en el caso de acuerdo sobre la reducciónde la jornada laboral. Desde el 10 de octubre de 1997, D. Strauss-Kahn y M. Aubry se empeñan en asegurar a los patronos que a lo peor, para aquellas empresas que permanezcan en el marco de las 39 horas, "el recargo en el costo del trabajo sería inferior al 3% pues el incremento por las horas extraordinarias entre las 35 y 39 será de un 25% a partir del 2000" (Le Monde, 29.11.97). Lo que es más: "este incremento puede ser reducido si la situación lo requiere. De ninguna manera está excluido el que las empresas puedan permanecer en las 39 horas sin sobrecoste alguno tras el 1 de enero del 2000".
En realidad, como ha demostrado la experiencia de la ley Robien, la negociación sobre la reducción del tiempo de trabajo a nivel de empresas con el objetivo de "preservar el empleo" se acompaña siempre de más flexibilidad en el trabajo y un cierto recorte de los salarios. Ciertos medios patronales lo han comprendido bien: llegan a proponer que puesto que la jornada semanal se reduce alrededor de un 10%, la lógica de la ley exige que se acometa una reducción del SMIC [salario mínimo] del mismo orden. Se concibe el proyecto de ley del gobierno como una buena palanca para hacer descender los salarios nominales.
... Contra
las organizaciones sindicales obreras...
Les Échos del 22.11.97 indican que el proyecto de ley: "levantará un obstáculo importante, el de la ausencia de delegados sindicales en la aplastante mayoría de las empresas. El texto extenderá la delegación de asalariados que estarán habilitados para negociar habiendo recibido mandato de una o varias organizaciones sindicales, no presentes en la empresa. El ministerio ha mantenido los principios de la ley votada enmedio del acuerdo patronal-sindicatos del 31 de octubre, ley que expiraba el 31 de octubre de 1998. Pero ha extendido la facultad de negociar a candidatos elegidos en listas a delegados de personal o de comité de empresa, y todo ello sin acuerdo de ramo previo, como sucedía hasta hoy".
El resultado de estas disposiciones es bien conocido. Consigue que representantes sindicales de paja, directamente ligados a los patrones, se erijan en "interlocutores sociales" y negocien acuerdos de empresa, sin control alguno de las federaciones sindicales.
... Regalos de lujo para los patronos
Además, los patronos que se comprometan a rebajar el tiempo de trabajo y empleen, recibirán sus buenas ayudas así:
"Ayudas a las empresas: por principio están inscritas en la ley, su montante será fijado por decreto. Adoptarán la forma de reducción de cotizaciones sociales y se aplicarán tanto a los trabajadores afectados por la reducción como a los nuevos contratos. Durante 1998 y 1999 será de 9.000 francos [aproximadamente unas 243.000 pesetas] durante el primer año para las empresas que reduzcan al menos un 10% la duración colectiva del trabajo y se comprometan en incrementar el número de sus asalariados en un 6% de los efectivos afectados por la reducción. Para una reducción del 15% de tiempo de trabajo y el mantenimiento o creación de un 9% de empleo, la ayuda sería de 13.000 francos por asalariado durante el primer año [unas 338.000, buenbocado al salario diferido]. Las ayudas serán degresivas e irán reduciéndose a razón de 1000 francos por año durante 5 años. La empresa deberá comprometerse a manetener sus nuevos efectivos al menos durante dos años. El texto ha previsto un capítulo preventivo para cuando la empresa no pueda más que salvar empleos amenazados. La ayuda será entonces idéntica, pero la administración tendrá derecho a suprimirla si al cabo de tres años la empresa no ha cumplido su compromiso". (Le Monde, 29.11.97)
Este dispositivo de "ayudas" se inspira ampliamente en el de la Ley Robien, adoptada en 1996. Basta recordar que los regalos que recibieron los patronos gracias a la esta ley fueron de 700 millones en 1997 y se elevarán a 2.700 millones de francos en 1998. Para el primer año de aplicación de la futura ley, el gobierno ha presupuestado ya 3.000 millones de francos.
Nueva máquina de guerra
contra las conquistas del proletariado
En el preámbulo de motivos del anteproyecto, el gobierno explica:
"Las empresas podrán, algunas ya pueden, sacar partido de la reducción del tiempo de trabajo: jornadas más cortas permiten más variadas opciones de organización, una mayor diversificación, adaptación de los horarios a las variaciones de la producción, mejor utilización de los equipos, una mejora en la calidad del servicio". (Le Monde, 29.11.97)
El proyecto de ley del gobierno permitirá que las "empresas" -es decir, los patronos- saquen "provecho de la reducción del tiempo de trabajo". En otras palabras, un objetivo claro: aumentar la tasa de beneficio, incrementar la competitividad del capitalismo francés. Para ello el capital sólo conoce un medio: incrementar la productividad del trabajo y reducir cada vez más el valor de la fuerza de trabajo. En este sentido le es preciso, en particular, conseguir desmantelar los convenios colectivos en los que cristalizan las conquistas fundamentales arrancadas por el proletariado: el cálculo semanal de la duración de la jornada de trabajo, el abono incrementado de las horas extraordinarias, etc.
En 1993, bajo el gobierno Balladur, la mayoría RPR-UDF adoptó la ley quinquenal (llamada) por el empleo, que constituyó un gran ataque contra el proletariado. Dicha sentaba las bases para negociar a nivel de ramos profesionales "acuerdos" que instaurasen la anualización del tiempo de trabajo, la reducción eventual de la duración de la jornada con reducción del salario, el desarrollo del trabajo a tiempo parcial, la polivalencia y la movilidad, una multiforme reducción de los salarios reales, cuando no de los nominales, etc. A pesar del compromiso de los dirigentes de la CGT y FO, junto a la CFDT, la CGC y la CFTC, para ayudar a la CNPF a poner en práctica esta ley, en particular por la firma de la lista de decisiones del 28 de febrero (que la CGT no firmó pero que protegió participando hasta el final en las negociaciones), la burguesía está lejos de haber alcanzado sus objetivos de aplicación de la flexibilidad del trabajo. La revista Usine Nouvelle [Nueva Empresa] de 16.10.97 constataba:
"Dos años después del acuerdo interprofesional del 31 de octubre de 1995 que había fijado el marco de negociaciones sobre la reorganización del tiempo de trabajo, en el que se encuadró la organización patronal, sólo treinta y una ramas habían apostado por un acuerdo, sobre un total de ciento veintiocho (de más de 10.000 trabajadores)."
Para hacer saltar el cerrojo de los acuerdos de ramo, la mayoría RPR-UDF adoptó en otoño de 1997 la ley del diputado UDF-Democracia liberal, Gilles de Robien. Esta ley amplía y perenniza el dispositivo que introdujo la ley quinquenal de 1993, abriendo esta vez ampliamente la puerta a la posibilidad de acuerdos de flexibilidad a nivel de empresas. Aunque contestada por una parte de la CNPF, permitió la apertura de una nueva brecha hacia la destrucción del código del trabajo.
"En total, más de 1100 convenios, que afectan a más de 120.000 asalariados, se firmarán en base a la ley de Robien" (Le Monde 19.11.97).
El proyecto de ley "de orientación e incitación a la reducción del tiempo de trabajo" del gobierno Jospin-Gayssot-Chevènement-Voynet-Kouchner está inspirado directamente en la ley Robien. Pero agitando el señuelo de las 35 horas el gobierno quiere dar una considerable impulsión a las negociaciones empresa por empresa y hacer así estallar los convenios nacionales de ramo y el código del trabajo. Particularmente insoportable para la burguesía francesa son las disposiciones de la ordenanza de 1982 que instauró la duración legal semanal de la jornada de trabajo en 72 horas. Ello a pesar de que no han sido aplicadas más que en parte y han sufrido grandes recortes tras la aplicación de la ley quinquenal. Necesita acabar con toda duración semanal legal y nacional del tiempo de trabajo. Necesita generalizar la anualización en vistas de una total flexibilidad del trabajo. Con el proyecto de ley "sobre las 35 horas", el gobierno intenta ayudar al avance de la patronal en esta vía. Se trata de permitirle poder aplicar el conjunto de medidas reaccionarias previstas en la ley quinquenal. Sin duda alguna el proyecto de ley del gobierno constituye una nueva máquina de guerra contra las conquistas del proletariado.
Ley quinquenal, ley de Robien:
leyes de participación y cogestión....
Tras la elección de una mayoría RPR-UDF a la Asamblea nacional en 1993 y la elección después de Chirac como presidente de la República en 1995, reducir el "coste del trabajo" fue uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos de Balladur y Chirac-Juppé. Era una necesidad imperiosa de la burguesía francesa. Pero no habiendo infligido derrotas decisivas al proletariado, la burguesía no puede avanzar más que en la medida en que los dirigentes sindicales se comprometen a participar, hacia la cogestión, en nombre del "diálogo social". La ley quinquenal (llamada) por el empleo no hubiera podido ver la luz de no ser porque los dirigentes de la CGT y de la CGT-FO aceptaron el diálogo social propuesto por Balladur. La misma ley organiza la "participación". Programa la "negociación" entre los "agentes sociales", requisito indispensable. Constituye un marco para que las organizaciones sindicales "negocien" su aplicación. De hecho los dirigentes de la CGT y de la CGT-FO se han ido comprometiendo cada vez más en esta línea.
Era éste, por ejemplo, el objetivo del acuerdo interprofesional del 31 de octubre de 1995. Con la ley Robien sucede lo mismo. La ley en sí es "iniciativa": su ejecución depende enteramente de la capacidad de los dirigentes de las organizaciones sindicales para hacerla aplicar. Y en esto también se han comprometido los dirigentes de las confederaciones. Le Monde, 22/10/97, destaca que con el asentimiento de los dirigentes de las confederaciones, los sindicatos de CGT y CGT-FO han firmado multiples convenios Robien, aunque, claro está, en este terreno la CFDT sigue siendo líder.
... Como también lo es
la "ley sobre las 35 horas"
En junio de 1997, Chirac fue derrotado. La mayoría RPR-UDF desalojada de la Asamblea nacional. El proletariado y la juventud utilizando en su favor la crisis entre el RPR y la UDF frente a la progresión del FN, eligieron una mayoría relativa de diputados del PS y PCF. Expresaron de esa forma su voluntad de poner fin a la ofensiva del gobierno Chirac-Juppé contra las conquistas de la clase obrera, su aspiración a derribar a Chirac. Para impedir a la clase obrera y la juventud de utilizar en su favor la derrota infligida a Chirac, L. Jospin ha constituido un gobierno de alianza entre los partidos tradicionales de la clase obrera, el PS y el PCF, y las organizaciones burguesas MDC, los Verdes y el PRS.
Por su misma naturaleza, así como por las condiciones políticas en las que se ha constituido -la derrota de Chirac- el gobierno de tipo frente popular de Jospin-Gayssot-Chevènement-Voynet-Kouchner necesita el apoyo total del PS, del PCF y, sobre todo, de los dirigentes de la CGT, de la CGT-FO, de la FSU y de la FEN. Necesita que los dirigentes sindicales lleguen más lejos en su compromiso de participación y cogestión, en la aceptación del "diálogo y partenariado social con la patronal".
Es por ello que, tras su discurso programático ante la Asamblea nacional, en junio de 1997, Jospin apeló a las "fuerzas vivas" del país a un "pacto nacional". Precisaba que la organización de una "conferencia del empleo, los salarios y la reducción del tiempo de trabajo" podría sellar este pacto, principalmente alrededor de una ley que "organice la introducción progresiva de las 35 horas para el fin de siglo". El proyecto de ley "sobre las 35 horas" constituía el centro del pacto que debían concluir la patronal y las confederaciones sindicales obreras.
L. Jospin quería transplantar a Francia el Pacto por el empleo firmado por los dirigentes de la DGB y la patronal alemana bajo el patrocinio del gobierno Kohl el 29 de enero de 1996. Ese pacto prevía, entre otras, una reducción de la subvención a los parados, la desreglamentación, la flexibilidad de los salarios y horarios, etc., abriendo la vía a la presentación de un plan de austeridad por Kohl en abril de 1996 (ver CPS 64). El proyecto de ley "sobre las 35 horas" debía nacer de la concertación entre la patronal y los dirigentes sindicales bajo la égida del gobierno. Su aplicación se basa enteramente en la participación de los dirigentes sindicales en el "esfuerzo común" por mejorar la competitividad.
"Conferencia nacional
poe el empleo, los salarios
y la reducción del tiempo de trabajo"
Inicialmente, el gobierno quería convocar esta conferencia desde el mes de julio. Después fue anunciada para el mes de septiembre, y no se reunió finalmente hasta el 10 de octubre. ¿Por qué razones? Claramente las dificultades no provenían de los dirigentes de la CGT y de la CGT-FO. En varias ocasiones, Vianney y Blondel requirieron a Jospin para que cumpliera sus compromisos reclamando una ley-marco sobre las 35 horas. Frente a las tergiversaciones de la CNPF, Viannet se comprometió a sostener la iniciativa del gobierno multiplicando los llamamientos a la CNPF y acudiendo a Matignon el 29 de septiembre de 1997. Por su parte, Blondel, rechazando en nombre de la CGT-FO "gestionar un pacto social", apremiaba al gobierno para organizar la conferencia y llamaba a la CNPF a participar. Incluso se pronunció abiertamente por "la aplicación de la reducción semanal a las 35 horas, sin pérdida de salario, con la adopción de un marco legal preciso sobre el objetivo, la fecha de ejecución y el mantenimiento de los salarios" (Le Monde, 1/10/97).
Precisamente los retrasos en la convocatoria de la conferencia y su celebración se debieron a desacuerdos de la CNPF. En una entrevista en Le Monde del 22/10/97, Denis Kessler, vicepresidente de la CNPF, afirmaba:
"El mandato otorgado por la CNPF, tras una asamblea general extraordinaria y un consejo ejecutivo, es muy claro: no podemos negociar nada desde el momento en que el gobierno anunció una ley-marco y una fecha límite para la transición a las 35 horas. Como no estuvimos presentes en las discusiones preparatorias entre Jean Gandois y Martine Aubry, Didier Pineau-Valencienne y yo no conocíamos, al llegar, el tenor de las proposiciones anunciadas tras la cumbre del 10 de octubre.
La cuestión es: ¿Fue sincera M. Aubry con J. Gandois en la preparación de la cumbre? ¿Pecó por intención u omisión? Estoy convencido de que la señora Aubry no ha sido del todo sincera con J. Gandois, quien se sintió burlado, engañado, traicionado. Hombre de honor y de convicciones, su reacción ha estado a la altura de su decepción. En la apertura de la conferencia, el señor Jospin sólamente mencionó una ley que debía, cito, "lanzar el movimiento". En el transcurso de la jornada no se habló de otra ley ni de fecha límite. Sólo en los dos últimos minutos del discurso de cierre del primer ministro se descubrió que habría una segunda ley, cualquiera que fuese el resultado de la primera ley de incitación, y que el transito a las 35 horas comportaba una fecha límite. Ni la oportunidad, ni las modalidades de este tránsito han sido abordadas en el transcurso de la conferencia".
Denis Kessler tiene el mérito de la claridad. La CNPF ha amenazado con boicotear la conferencia hasta el último momento porque está irreductiblemente opuesta a una "ley-marco con fecha límite para el tránsito a las 35 horas", por podrida que sea. Estaba dispuesta a aceptar una ley de incitación en la línea de la ley Robien. Martine Aubry y Dominique Strauss-Kahn, los dos negociadores del gobierno con la CNPF, han hecho gala de una artística vaguedad para obtener su participación. Es probable que Gandois haya sido realmente engañado. La patronal estima que una ley-marco "sobre las 35 horas, por favorable que le sea, como es el caso del actual proyecto de ley del gobierno, seguiría siendo un freno para los objetivos que quiere imponer en cuanto a flexibilidad del trabajo.
Por esta razón, el pacto nacional propuesto por L. Jospin ante la Asamblea nacional en junio de 1997 nació muerto y jamás pudo ver la luz. Jospin mismo pronto lo comprendió. Tras su discurso-programa de junio dejó de emplear el término "pacto nacional". La conferencia del 10 de octubre se ha celebrado como una clásica reunión de organización del "diálogo social" amparada por el gobierno. Los dirigentes de las confederaciones obreras estaban dispuestos a comprometerse, pero para ello necesitaban la coartada de una ley "sobre las 35 horas". La CNPF no podía aceptarlo, y Jospin no podía dar marcha atrás en sus proposiciones.
Tras la conferencia Gandois desenterró el hacha de guerra contra el gobierno. Por ello anunció que debía ser reemplazado por un "duro" en la dirección de la CNPF. Los dirigentes de la CGT y de la CGT-FO, y claro está los de la CFDT, han hecho todo lo posible para salvar la apuesta del gobierno. Viannet y Blondel llamaron de nuevo a la patronal para comprometerse a reemprender el diálogo social. En una entrevista con el diario Les Échos, Viannet precisó que la CGT estaba abierta a "negociaciones incluso en las empresas". Por su parte la CNPF se ha empeñado en un combate real para conseguir la retirada del proyecto de toda fecha límite para la instauración de las 35 horas. Está preparando jornadas contra el proyecto de ley y se prepara para designar un "duro" como presidente, E-A Seillière. Éste ha declarado ya la línea que va a seguir: rechazar todo lo posible las negociaciones a nivel nacional; intensificar las negociaciones a nivel de empresa. Si no obtiene completa satisfacción, la patronal espera al menos agravar para el proletariado las disposiciones de la futura ley.
********iNSERTAR IMAGEN DE FRANCIA*************
Los intereses del proletariado
Los intereses del proletariado exigen que se emprenda el combate para imponer al gobierno Jospin-Gayssot-Chevènement-Voynet-Kouchner la retirada del proyecto de ley "sobre las 35 horas". Para abrir la vía a tal combate es necesario reclamar que los dirigentes de las confederaciones obreras CGT yCGT-FO rompan con el gobierno, que rechacen el "diálogo social" y la participación, que realicen el frente único de las organizaciones obreras en base a la consigna "A bajo el proyecto de ley de orientación e incitación a la reducción de tiempo de trabajo". Sobre esta orientación deben llamar al proletariado a preparar una manifestación central y nacional frente a la Asamblea el día de la votación, a fin de imponer al PS y al PCF que rechacen el proyecto de ley.
Evidentemente, para arrancar tal reivindicación es preciso enfrentar y vencer al gobierno Jospin-Gayssot-Chevènement-Voynet-Kouchner, gobierno al servicio del capital, imponer al PS y al PCF que rompan con el gobierno, derriben a Chirac y formen un gobierno del PS y el PCF sin representantes de las organizaciones burguesas. Ello no puede lograrse si no es con la movilización, el combate general del proletariado sobre este eje.
Al infame proyecto de ley gubernamental es preciso oponer la reivindicación de las 35 horas, de 32 horas, o menos aún, como duración legal nacional del trabajo, en todas las corporaciones y empresas, sin disminución de salario ni flexibilidad, con contrataciones compensatorias realizadas bajo control obrero. Así será posible acabar con el paro, con el trabajo precario. Pero tal política exige acabar con la propiedad privada de los medios de producción, expropiar al capital. La satisfacción del derecho al trabajo es incompatible con el mantenimiento del régimen capitalista.
01.12.97 (Combattre pour le socialisme, número 70 - 8 de diciembre de 1997)